Todo lo sucedido en torno al debate sobre la extranjerización de la tierra, dentro y fuera del Congreso, incluyendo la represión de la protesta, da cuenta de un retroceso del oficialismo y de un gran revés político para el gobierno.

Jorge Vilas

La imagen de la noche del jueves fue reveladora de un hecho irrefutable: un Gobierno derrotado que apela -una vez más, y van…- a la represión violenta para intentar tapar la contundencia de la manifestación que se realizó frente al Congreso Nacional. El modus operandi fue el habitual: mientras la multitud está en la calle, todo es pacífico. Cuando comienza a retirarse la gente, la policía (en realidad, la Federal, Gendarmería, policía porteña y hasta Prefectura) sale a la caza. Instalar el miedo a manifestarse no le viene dando resultado a Javier Milei y su ministra Alejandra Monteoliva. Además, queda expuesta la maniobra cuando, como el jueves pasado, se llevaron adelante marchas en todo el país, varias de ellas multitudinarias, y no hubo ningún hecho de violencia. Curioso, ¿verdad?

Lo cierto es que el Gobierno, con un Congreso sitiado por fuerzas de “seguridad”, logró darle media sanción a un proyecto de ley regresivo, que avanza en la desprotección de víctimas del ajuste y el modelo neoliberal y favorece los negocios del poder concentrado. Pero, al mismo tiempo, sufrió un revés político fenomenal.

Comenzamos por las malas noticias. Bajo la inspiración del ministro desregulador Federico Sturzenegger, un fanático de la causa, los libertarios lograron el aval del Senado a que se pueda desalojar a un inquilino en 10 días si se atrasa en el pago del alquiler. En el contexto económico actual, con 20 millones de compatriotas endeudados y un buen porcentaje de ellos en condiciones de morosos, esta medida, de concretarse, sería explosiva. E incluye predios rurales, es decir, facilita el desalojo ante conflictos por la tenencia de la tierra, augurando un complicado panorama para las luchas de los pueblos originarios ante el avance de las explotaciones extractivas sobre sus territorios. También aprobaron en el Senado complejizar y encarecer las expropiaciones por parte del Estado, acorde a los designios del topo que se propone destruirlo.

Jirones del proyecto

Por otra parte, en el inicio del camino legislativo esta iniciativa, perdió el capítulo en el que avanzaba sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), defendido con firmeza por varios sectores, entre ellos, la iglesia católica. Además, en la sesión del jueves, no pudieron imponer la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Querían favorecer a aquellos que incendian campos, bosques, montes y montañas con intenciones de generar negocios inmobiliarios, pero no pudieron reunir los votos necesarios.

Antes, el miércoles por la tarde, Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria anunció que se bajaba el capítulo de la venta de tierras a extranjeros. Desde el comienzo aparecía como el tema más conflictivo de un proyecto que tuvo 16 borradores porque a los aliados habituales del mileísmo -pese a que han votado cada cosa, diría mi abuela- se les complicaba votarlo tal como salió de la computadora de Sturzenegger. Fue una derrota cultural para los mentores de la batalla cultural de la ultraderecha.

Desde mayo, cuando el proyecto obtuvo dictamen de comisión, se viene desarrollando un debate público que poco a poco acorraló al oficialismo, desde el presidente y sus funcionarios, hasta las milicias “troleras” que pululan en las redes sociales.

El primer signo del fracaso libertario fue el nombre del proyecto. El pomposo “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” -derecho establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿para qué abundar con una ley?-, quedó de lado.

En lo que se denomina “conversación pública”, se habló todo el tiempo de la ley de extranjerización de la tierra. No pudieron salir de esa primera derrota. El golpe de gracia llegó desde un ámbito impensado. El centrocampista Giovanni lo Celso, integrante de la Scaloneta, vio caer la bandera/sábana con la leyenda “las Malvinas son argentinas”, arrojada desde la platea Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tras el partido contra Inglaterra. La levantó, la mostró al mundo y luego acompañó el baile de Lisandro Martínez y otros jugadores en la celebración del triunfo semifinal contra Inglaterra. Ese simple hecho reavivó el sentimiento masivo de identificación con esa causa nacional y, al mismo tiempo, dejó del otro lado del muro al presidente, admirador fervoroso de la criminal de guerra Margaret Thatcher, y a la ministra Monteoliva quien predicó contra la presencia del “mapita” de Malvinas en las canchas mundialistas.

En pocos días, en el contexto del debate por el fallido proyecto, la bandera se convirtió en meme con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio, también”. El ejército de trols libertario quedó disminuido también ante miles y miles de posteos de paisajes argentinos con el cartel: “la patria no se vende”. Una campaña espontánea que se viralizó, como se dice en el lenguaje de las redes.

Además, artistas y deportistas, entre ellos, aquellos que suelen pronunciarse políticamente pero -lo más notorio- muchos y muchas que no suelen involucrarse en estas temáticas, e influencers con importante llegada a la juventud, se pronunciaron contra la extranjerización de tierras y convocaron a manifestarse. Banderas en las canchas de fútbol, en recitales, el aporte invalorable del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la UBA y el Conicet -sí, de la educación pública, por supuesto- que brindó la información necesaria para argumentar el rechazo a la liberalización total de la venta de tierras que impulsaba el Gobierno. Todo se conjugó para que gobernadores y legisladores que suelen acompañar leyes vergonzantes sin vergüenza alguna, en este caso, pensaran dos veces su postura ante el rechazo de sus propias comunidades.

Lo que quedó expuesto durante estas semanas fue un choque entre dos concepciones de país. De un lado, un Gobierno que entiende la tierra, los recursos naturales y hasta el territorio como mercancías para rematar a bajo precio. Del otro, una sociedad que, aún golpeada por la crisis, reaccionó cuando percibió que lo que estaba en juego era su patrimonio común y su identidad.

Provincias y municipios en venta

Ese corpus argumentativo, más el sentimiento generalizado de pertenencia e identidad nacional reforzado durante el mundial, salió al cruce de insólitas afirmaciones vertidas desde el oficialismo.

Patricia Bullrich planteó el tema mezclando soberanía con la compra de departamentos. El problema es que ya hay 13 millones de hectáreas de tierras rurales en manos de extranjeros, superficie equivalente a la de Inglaterra. Eso solo es el 5% del territorio nacional. La ley vigente establece el 15% como límite y Milei/Sturzenegger pretendían ningún límite primero, y 25% luego cuando los votos se escurrían e intentaron en vano parar la sangría.

No son departamentos en Palermo lo que convoca a las corporaciones transnacionales, sino tierras que están sobre reservas de agua dulce, las que contienen recursos petroleros y energéticos, las que permiten obtener productos alimentarios, en suma, las riquezas naturales que el Gobierno ofrece en condiciones de colonia.

El inefable canciller Pablo Quirno, responsable de la política exterior que logró dañar el vínculo bilateral más importante de la Argentina, plasmado en el retiro de embajadores de Brasil y Argentina, respondió a una pregunta que pretendía ayudarlo a salir de un brete con un brulote monumental. Eduardo Feinmann le dijo que un extranjero podría comprar una ciudad o una provincia entera. Se entiende que Feinmann esperaba una respuesta como: “de ninguna manera” o “eso no se puede permitir en un país serio”. Sin embargo, el canciller respondió con una sonrisa que “si un extranjero compra una ciudad o una provincia entera va a traer beneficios para el país”. Así no se puede ayudar habrá pensado el conductor de A24.

No fue solo la discusión de un proyecto de ley. Lo que quedó expuesto durante estas semanas fue un choque entre dos concepciones de país. De un lado, un Gobierno que entiende la tierra, los recursos naturales y hasta el territorio como mercancías para rematar a bajo precio. Del otro, una sociedad que, aún golpeada por la crisis, reaccionó cuando percibió que lo que estaba en juego era su patrimonio común y su identidad.

El oficialismo podrá seguir consiguiendo votos circunstanciales en el Congreso y responder con represión cada vez que la calle marque los límites de la tolerancia social al ajuste. Pero lo ocurrido en las últimas semanas muestra que el discurso oficial ya no solo genera rechazos entre las víctimas del ajuste, sino que ya no le alcanza para convencer a los aliados que solían apoyar sus iniciativas. Las derrotas parlamentarias pueden revertirse. Las derrotas culturales, en cambio, suelen marcar el comienzo del retroceso político.

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