Tras el freno legislativo a los capítulos clave de la denominada ley de tierras, el referente socioambiental Enrique Viale celebró el resultado como un triunfo de las bases y un punto de quiebre frente a la dinámica parlamentaria del gobierno de Javier Milei. 

«Claro que siento que fue una gran victoria popular lo de ayer, porque nació de abajo, las marchas fueron autoconvocadas, después se plegaron los sectores políticos, algunos sindicales, pero tiene una raíz muy fuerte», sostuvo Viale, y concedió el origen de este movimiento a la histórica lucha en defensa de la Ley de Glaciares.

Para el abogado ambientalista, este freno legislativo representa un obstáculo concreto en medio de un escenario de «regresiones ambientales generalizadas», y cuestionó con dureza el rol del Poder Legislativo durante este periodo: «Venimos de que el congreso se haya convertido en una escribanía corrupta, lo único que hizo hasta ahora es votar todas las leyes que rompían, derogaban derechos sociales, culturales, laborales y fundamentalmente ambientales».

En un “complejo contexto global y una América Latina no menos compleja” para Viale “tomar iniciativas desde el movimiento socioambiental es uno de los grandes desafíos”. Pero, de la misma forma, considera que “estos momentos donde lo descendente se quiebra, permiten empezar a recuperar la agenda” y anticipó que “este freno popular tendrá profundas consecuencias políticas de todo tipo”. 

Si bien la ley original sufrió diecinueve modificaciones y se eliminaron sus dos capítulos vertebrales —tierras y fuego—, aún persisten puntos críticos en la normativa, específicamente en lo relativo al agravamiento de los desalojos y de la expropiación.

Frente a este contexto, la estrategia apunta a capitalizar el impulso de la movilización social para replicar ese freno en la Cámara de Diputados. Aunque la aplicación de la medida tiene ciertos límites: el Congreso Nacional sólo puede legislar en materia de procedimiento a nivel nacional. Además, el agravamiento de los desalojos exprés regirá únicamente en la Ciudad de Buenos Aires (que utiliza el Código de Procedimiento Nacional) y en territorios federales, como los parques nacionales. En las provincias la medida no tendrá aplicación directa debido a sus autonomías jurisdiccionales.