En el mapa de la salud pública argentina, el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) había logrado consenso y gran eficacia. En el uso de los recursos y en sus resultados. Creado en 2008 y convertido en ley en 2023, este dispositivo articuló una red federal de 15 centros especializados para dar respuesta a la malformación congénita más común y letal en el país. Sin embargo, bajo la actual gestión de Javier Milei, este engranaje de precisión médica y equidad territorial enfrenta un proceso de asfixia que amenaza con devolver al sistema a la precariedad de hace dos décadas.

El escenario es crítico: cada año nacen en Argentina unos 4.500 niños con cardiopatías, la segunda causa de mortalidad infantil después de la prematurez. Cerca de la mitad de ellos requiere una intervención quirúrgica antes de cumplir el primer año de vida. La atención rápida, oportuna y coordinada es clave para reducir las posibles secuelas y la mortalidad. Gracias al PNCC, se realizaban cerca de 800 cirugías anuales. De esta manera, se logró una reducción sostenida de la mortalidad infantil, con reconocimiento internacional.

Para el diputado nacional y médico pediatra Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de la cámara baja, el éxito del programa residía en haber roto el centralismo absoluto que obligaba a cada paciente del interior a terminar en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Yedlin recuerda que, originalmente, el sistema público estaba colapsado por la concentración de casos en la Ciudad de Buenos Aires. El programa surgió para generar focos de cirugía vascular infantil en provincias como Tucumán, Córdoba y Mendoza, resolviendo patologías de mediana complejidad a nivel local y permitiendo que el Hospital Garrahan se concentrara en los cuadros de máxima gravedad.

“El programa permitió que las de mediana complejidad se resolvieran en otros lugares y se descomprimiera el Garrahan para que las cirugías más complejas lleguen ahí en tiempo”, explica el legislador. Según su análisis, este modelo no solo salvaba vidas al reducir los tiempos de espera, sino que fomentaba una “expertiz en las provincias” que permitía a los equipos médicos locales subir peldaños en la calidad de su respuesta sanitaria.

Sin embargo, esa estructura hoy se desmorona. La supervisión y la rectoría nacional, que antes monitorizaba resultados y derivaba pacientes según la gravedad y la lista de espera, han desaparecido. Ya no hay quien coordine el flujo de vida entre los nodos; el silencio administrativo reemplaza a la gestión federal.

El fin de los insumos y el ahogo financiero

La crisis no es solo de gestión, sino de recursos materiales. Durante los últimos dos años, los centros de Tucumán, Córdoba y Mendoza han denunciado el cese en la entrega de insumos críticos. Equipos que fueron instalados con fondos nacionales —como bombas de circulación extracorpórea, instrumental de terapia intensiva y equipamiento de alta tecnología— hoy carecen de reposición.

A esto se suma el desfinanciamiento del Programa SUMAR, el mecanismo por el cual los hospitales provinciales facturaron las cirugías a la Nación. Yedlin advierte sobre la gravedad de este corte en la cadena de pagos, señalando que existen retrasos de más de un año. Al no recibir los fondos, los nodos provinciales pierden la capacidad de atender a niños de jurisdicciones vecinas, rompiendo la lógica solidaria que permitía que, por ejemplo, en Tucumán se operaran pacientes de Salta, Jujuy o Catamarca.