Dossier ley de Salud Mental en debate: Más control, menos cuidado y la trampa del retroceso

La Ley Nacional de Salud Mental es una de las normas más debatidas y tensionadas del sistema sanitario argentino. Desde su sanción, en 2010, ha sido objeto de lecturas contrapuestas, resistencias institucionales y disputas políticas que exceden largamente el texto legal. Con esta nota, Andrea Vázquez inaugura una serie de artículos en 4Palabras que, a lo largo de las próximas semanas, abordarán la ley desde distintas perspectivas: su origen, sus principios, sus promesas, sus límites y su implementación concreta. Las entregas se irán sumando de manera progresiva y conformarán, hacia fines de febrero, un dossier integral destinado a pensar críticamente el lugar de la salud mental en la agenda pública.

Andrea Vázquez

En nombre del cuidado, el ajuste avanza. Y lo hace de un modo ya conocido: recortando derechos, debilitando políticas públicas y reinstalando viejas respuestas frente al malestar social. La discusión en torno a una posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental no es un hecho aislado. Forma parte de un movimiento más amplio que atraviesa al sistema de salud en su conjunto y que tiene un denominador común: menos Estado, más control.

La Ley Nacional de Salud Mental no es una ley “ideológica” ni un capricho de especialistas. Es una norma que reconoce a la salud mental como un derecho humano y que establece límites claros al encierro, la medicalización indiscriminada y la arbitrariedad institucional. Regula prácticas que durante décadas produjeron exclusión, y sufrimiento. Por eso incomoda. Y por eso vuelve a ser atacada.

El argumento se repite: la ley “no deja actuar”, “ata de manos”, “impide internar”. Nada más lejos de la verdad. La Ley no prohíbe internaciones involuntarias; las regula, las somete a controles judiciales. Lo que pone en cuestión no es la intervención, sino la lógica del encierro como respuesta automática frente al padecimiento psíquico.

Este embate se da, además, en simultáneo con otras decisiones que configuran un mismo escenario. El ajuste en discapacidad, el vaciamiento de políticas para personas mayores, los recortes en hospitales como el Garrahan, el ahogo presupuestario a las universidades públicas. No son medidas desconectadas: son piezas de un mismo modelo que reduce derechos mientras amplía la desigualdad.

La Ley Nacional de Salud Mental no es una ley “ideológica” ni un capricho de especialistas. Es una norma que reconoce a la salud mental como un derecho humano y que establece límites claros al encierro, la medicalización indiscriminada y la arbitrariedad institucional. Regula prácticas que durante décadas produjeron exclusión, y sufrimiento. Por eso incomoda. Y por eso vuelve a ser atacada.

Cuando el Estado se retira de su función de cuidado, el sufrimiento social aumenta. Y en lugar de reforzar el sistema de salud, se apela a respuestas punitivas y simplificadoras. Aparece la categoría de “peligrosidad”, y se la asocia a consumos, pobreza y violencia, y se desplaza el problema al campo del orden público. Más policías, más encierro. Menos derechos.

La paradoja es evidente: se acusa a una ley de no funcionar mientras se desfinancia todo aquello que permitiría su plena implementación. Faltan dispositivos intermedios, equipos territoriales, tratamientos sostenidos, acompañamientos comunitarios. No sobran derechos; faltan políticas públicas.

Defender la Ley Nacional de Salud Mental no es negar las crisis ni desconocer situaciones graves. Es sostener que la respuesta no puede ser el retroceso a modelos que ya fracasaron. Es afirmar que la salud mental no se garantiza con castigo ni con abandono, sino con inversión y cuidados.

Las familias también quedan atrapadas en este entramado. Madres, padres y cuidadores que buscan respuestas frente a padecimientos mentales graves suelen encontrarse con sistemas saturados, listas de espera interminables y derivaciones que no llegan. Lejos de ser actores enfrentados al campo de la salud mental, las familias reclaman lo mismo: más recursos, más presencia estatal, más dispositivos que acompañen y no expulsen.

Existen, sin embargo, experiencias que muestran que otro camino es posible. La Provincia de Buenos Aires viene impulsando un proceso de reforma que apuesta a reemplazar el encierro crónico por dispositivos comunitarios. No se trata de negar la internación cuando es necesaria, sino de evitar que se transforme en destino.

A principios de año volvió a circular el reclamo de las autoridades de salud mental de once provincias para que el Estado nacional convoque nuevamente al Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), un espacio clave para la articulación de políticas entre jurisdicciones.

Lo que está en juego no es una ley. Es una concepción de comunidad. Y, una vez más, habrá que decirlo con claridad: el ajuste no cura, el encierro no cuida y la pérdida de derechos nunca es una solución.

La discusión sobre la ley Nacional de Salud Mental no puede reducirse a consignas ni a soluciones fáciles. Lo que se debate es si la respuesta al sufrimiento será más encierro o más derechos, más castigo o más cuidado, más ajuste o más salud pública.

Andrea Vázquez es Doctora en Psicología y Profesora Adjunta de Salud Pública y Salud Mental II de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires

4Palabras