DNU sobre la SIDE: rechazo del CELS y advertencias sobre los riesgos

A raíz del decreto presidencial que introduce modificaciones al sistema de inteligencia nacional, el CELS denunció la inconstitucionalidad de la medida. El organismo advirtió sobre los riesgos que entraña para la democracia, la discrecionalidad que implican las operaciones encubiertas, la falta de transparencia y control y hasta la actuación de la SIDE como “policía secreta”. Pide la urgente actuación del Congreso y de los espacios políticos democráticos.

Redacción 4Palabras

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado para unirse a las críticas formuladas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 945/2025) dado a conocer por el Poder Ejecutivo con la firma del presidente Javier Milei por el cual se introducen importantes reformas en el sistema de inteligencia nacional. El decreto habilitó a los servicios de inteligencia del Estado a realizar espionaje interno, detener ciudadanos sin intervención judicial y permite que las fuerzas armadas sean convocadas a realizar tareas de inteligencia interior, todas medidas que desconocen leyes vigentes y vulneran principios constitucionales.

Según el CELS “el gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparato de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”. Mediante el mismo decreto el Gobierno eliminó el control civil sobre la inteligencia militar y le dio autonomía al Estado Mayor Conjunto.

Para el organismo defensor de los derechos humanos “esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”. Frente a esta situación el CELS afirma que frente a reformas que vienen ocurriendo en el sistema de inteligencia –siempre por DNU- desde diciembre de 2023 la posición del sistema político y del poder judicial fue “dejar hacer” pero, dado que “ahora los límites se corren todavía más” es “urgente que el Congreso ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Inteligencia y que, desde todos los espacios democráticos trabajen para rechazar este decreto”.

El CELS afirma que “la reforma implica un cambio central del modelo de inteligencia” dado que “la SIDE pasa de tener un enfoque de seguridad nacional a ser un organismo orientado a la contrainteligencia, concepto que el DNU amplía hasta englobar cualquier amenaza externa o interna al gobierno”. De este modo –sigue el comunicado-- el organismo se convierte en “una agencia orientada a la inteligencia política para vigilar y controlar todo aquello que se defina como un riesgo interno” y “la lógica del enemigo interno vuelve a estar presente en nuestro sistema de inteligencia”.

La medida oficial ya había recibido el rechazo y críticas de distintos actores políticos de la oposición, muchos de los cuales se expresaron en términos similares.

El CELS argumenta ahora que “la reforma implica un cambio central del modelo de inteligencia” dado que “la SIDE pasa de tener un enfoque de seguridad nacional a ser un organismo orientado a la contrainteligencia, concepto que el DNU amplía hasta englobar cualquier amenaza externa o interna al gobierno”. De este modo -sigue el comunicado- el organismo se convierte en “una agencia orientada a la inteligencia política para vigilar y controlar todo aquello que se defina como un riesgo interno” y “la lógica del enemigo interno vuelve a estar presente en nuestro sistema de inteligencia”.

A lo anterior se agrega que “la reforma implica un serio riesgo para la libertad y la privacidad de las personas” porque “el Decreto convierte a las distintas áreas del Estado, como el ReNaPer o ARCA, en terminales del sistema de inteligencia ya que, sin ningún tipo de control democrático, tendrán que entregar información de la ciudadanía”.

La norma presidencial establece que todas las actividades denominadas de “inteligencia nacional” revisten “carácter encubierto” con lo cual -afirma el CELS- “queda formalmente oculto, reforzando el secreto como regla legal explícita”, mientras que -por otra parte- se habilita el uso de fondos reservados para operaciones ilegales”.

En consonancia con lo señalado por parte de los actores de la oposición política el CELS advierte sobre el riesgo que entraña que la medida habilite a la SIDE para detener personas, señalando que este “poder compulsivo” viola los principios constitucionales porque “el Poder Ejecutivo no puede otorgar por decreto facultades de detención a organismos de seguridad, por razones indefinidas y sin orden judicial”.

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