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Diputados opositores exigen prorrogar la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027

Diputados opositores exigen prorrogar la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027

La iniciativa que lleva la firma de distintos bloques de la oposición busca extender la vigencia de la ley 27.793. Argumenta que el Ejecutivo consumió en los tribunales el tiempo de vigencia de la iniciativa mediante vetos, decretos de disolución y litigios ante la Corte Suprema, mientras miles de personas no logran acceder a sus derechos.

Manuel Barrientos

En un nuevo capítulo de la prolongada disputa política y judicial por la protección de los derechos de las personas con discapacidad, con la firma de integrantes de distintas bancadas de la oposición se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive la emergencia nacional en discapacidad, originalmente declarada por la Ley 27.793.

El objetivo central de la iniciativa es recuperar el “tiempo perdido” en la aplicación efectiva de la norma, que desde su sanción en julio de 2025 atravesó una sistemática carrera de obstáculos administrativos y judiciales impulsados por el gobierno de Javier Milei.

La propuesta, impulsada por los diputados Natalia De La Sota (Defendamos Córdoba) y Juan Marino (Unión por la Patria), logró estructurar un transversal acuerdo legislativo respaldado por representantes de diversos bloques de la oposición: Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Primero San Luis. Entre los legisladores firmantes figuran también Germán Martínez, Gisela Scaglia, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Eduardo Valdés,

Lourdes Arrieta, Cecilia Moreau, Jimena López, Pablo Yedlin, Esteban Paulón y Martín Lousteau, entre otros.

Los fundamentos de la propuesta legislativa trazan una cronología de la resistencia oficial frente a la ley 27.793. Desde el veto total del presidente el 1° de agosto de 2025, a la insistencia del Congreso en ambas cámaras, que rechazaron la medida oficial con amplias mayorías (172 a 73 en Diputados y 63 a 7 en el Senado). Las vallas del gobierno, sin embargo, no terminaron ahí. Desconociendo la Constitución nacional, en septiembre de 2025, el Ejecutivo promulgó la norma pero en paralelo frenó su ejecución. Y en diciembre de 2025, el oficialismo intentó derogar la ley a través del proyecto de Presupuesto 2026, que fue rechazado por la Cámara Baja.

Hoy el sistema de atención en discapacidad está al borde del colapso. Más de 227.000 personas se encuentran a la espera de una pensión no contributiva en todo el país. Y las instituciones terapéuticas, educativas, hogares y transportistas advierten que la falta de pago por parte del programa Incluir Salud y los retrasos del PAMI ponen a los hogares en peligro inminente de cerrar.

El 12 de diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Campana (a cargo de Adrián González Charvay) ordenó la inmediata aplicación de la ley. En el fallo calificó las maniobras como un “veto encubierto”, desmintió el argumento fiscal recordando que la ley autoriza reasignaciones presupuestarias dentro del área de servicios sociales y concluyó que “existe capacidad jurídica y económica para implementar la ley, pero se elige no hacerlo para este colectivo”.

Ante las demoras en la puesta en marcha, la Justicia debió intimar al gobierno para ejecutar la norma. Luego de un fallo adverso en la Cámara Federal de San Martín en abril de 2026, el Ejecutivo recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia invocando “gravedad institucional” y compromiso de los fondos públicos.

A este contexto se sumó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el 31 de diciembre de 2025 y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud. Esta medida fue rechazada de forma contundente por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y organizaciones del sector, señalando que representaba un retroceso hacia un modelo “medicalizador” y que profundizó el colapso operativo en la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y pensiones.

Hoy el sistema de atención en discapacidad está al borde del colapso. Según un informe del CELS, más de 227.000 personas se encuentran a la espera de una pensión no contributiva en todo el país. Y las instituciones terapéuticas, educativas, hogares y transportistas advierten que la falta de pago por parte del programa Incluir Salud y los retrasos del PAMI ponen a los hogares en peligro inminente de cerrar, lo que dejaría a miles de personas con discapacidad en la calle.

Los legisladores remarcan que la aprobación de la prórroga es urgente. Dado que la emergencia actual vence el 31 de diciembre de 2026 y las sesiones ordinarias concluyen el 30 de noviembre, si el Congreso no trata la ley antes de esa fecha, la protección del colectivo quedará bajo la sola voluntad de un Ejecutivo que viene litigando sin pausa contra su implementación.

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