La apropiación de niños y niñas durante la dictadura chilena tuvo características distintas a la apropiación de menores en la Argentina, pero fue igual de sistemática y violenta. En el país trasandino, se estima que alrededor de 24 mil niños y niñas fueron enviados al extranjero para ser adoptados sin consentimiento de sus familias, en muchos casos engañadas. 

La dictadura encabezada por Augusto Pinochet arrebataba hijos a mujeres en situación de vulnerabilidad y los ponía en condición de “adoptabilidad” para ser enviados al extranjero. Muchos niños y niñas pertenecían a comunidades originarias. Fue un genocidio social de clase. Esta práctica, al igual que en Argentina, comenzó antes del golpe y continuó tiempo después, porque el tráfico de niños y niñas es un problema histórico.

La lucha por encontrar a esos bebés se intensificó a partir de 2014 con la creación de la fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), formada por familiares que buscan a hijos, hermanos y primos que, suponen, han sido enviados a Canadá o Europa en calidad de adoptados. En la organización también hay personas que creen haber sido apropiadas y buscan a su familia biológica. En la actualidad, Hijos y Madres del Silencio ha logrado reunir a 300 familias a partir del cruce de documentación judicial, registros de hospitales, testimonios de víctimas y familiares, y también con el uso de la huella genética.

En febrero de 2026, luego de años de trabajo y gestiones, las agrupaciones de búsqueda habían logrado la creación de una Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) por resolución de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno de José Antonio Kast decidió cerrarla esta semana. La presidenta de HMS, Marisol Rodríguez, describe: “Su función era concreta: búsqueda documental, análisis genético, coordinación con consulados y embajadas, acompañamiento psicológico y jurídico, y apoyo a los reencuentros familiares y a la cooperación internacional”.

En diálogo con 4Palabras, Rodríguez asegura que la creación de la Unidad fue el resultado de un mandato legal explícito: “La ley de Reajuste del Sector Público 2026 obliga al Estado a realizar investigaciones administrativas cuando el Poder Judicial lo requiera, y a entregar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. No nació de la buena voluntad de nadie, nació de la ley”.

El argumento oficial para cerrar la Unidad fue un «enfoque estratégico» y “la reasignación de funciones”, además de señalar que en cuatro meses de funcionamiento no habían recibido ningún requerimiento judicial formal. “Ese argumento no me convence, porque la ley no exige tener el requerimiento en la mano el primer día para justificar la existencia del equipo: exige tener capacidad instalada para cuando ese requerimiento llegue. Cerrar la unidad antes de que llegue el primer caso es desmantelar la respuesta del Estado, no optimizarla”, denuncia.

El cierre de la única política pública construida para la búsqueda de los niños robados de Chile coincidió con la difusión del informe del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega, que constata un total de 314 adopciones irregulares de menores chilenos entre 1985 y 2016, procedentes en su mayoría de la zona sur y con ascendencia indígena mapuche, tramitadas en gran parte por el juzgado de menores de Temuco.