Continúan las demandas que comenzaron hace 30 días y cada sector plantea su propio pliegos de peticiones. Una mirada sobre las diferentes organizaciones involucradas y sus demandas. Un escenario crítico que le ha devuelto protagonismo a la Central Obrera Boliviana (COB). El deterioro de la situación económica como un detonante común. Bolivia dividida y con la esperanza puesta en una gran mesa de diálogo.

Por Ronald Grebe López desde La Paz, Bolivia

Bolivia atraviesa desde hace 30 días una profunda crisis social, porque varios sectores de la población mantienen protestas en La Paz y El Alto y, si bien coinciden en varias de sus demandas, cada una tiene su propio pliego de peticiones al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

La capacidad de paralizar carreteras, movilizar a sus afiliados y articular diversos sectores urbanos y rurales para interpelar al Estado le ha devuelto en estos 30 días a la unitaria Central Obrera Boliviana (COB) un protagonismo que parecía debilitado en los últimos años. Sigue agrupando a trabajadores fabriles, maestros, mineros, empleados de salud y otros sectores laborales.

Sus principales demandas son incremento salarial acorde a la inflación, abastecimiento regular de combustibles, freno al alza del costo de vida y abrogación de las medidas económicas consideradas “neoliberales”.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la mayor organización campesina del país, demanda la defensa de la propiedad comunitaria y sindical, subsidios para la producción agrícola, rechazo a políticas de apertura económica, además de mayor participación campesina en decisiones estatales.
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia “Bartolina Sisa” es la organización femenina más poderosa del país con fuerte presencia rural e indígena. Sus demandas incluyen la defensa de los derechos indígenas, políticas de seguridad alimentaria, protección de los mercados populares y comercio minorista así como mayor representación indígena en el Gobierno.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) es también protagonista de las protestas en La Paz. Este sector pide mayor acceso a áreas de explotación minera, subsidios energéticos, control estatal del precio de combustibles y defensa de las fuentes laborales, mientras que rechazan posibles cierres o reducción de operaciones de la minería estatal.

Las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba siguen como bastión político del evismo (del ex presidente Evo Morales) y han reaparecido como actores centrales en la movilización social en la ciudad de La Paz. Los cocaleros rechazan el modelo económico de Rodrigo Paz y demandan la libertad de los dirigentes procesados así como la protección de la economía vinculada a la coca legal.

Se sumaron a las movilizaciones sectores como la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus, los pueblos Indígenas de Bolivia y las Cooperativas de Mineros del país.

Lo que empezó con una marcha de campesinos desde los departamentos de Beni y Pando exigiendo la abrogación de la ley 1720, se convirtió en una protesta de la COB pidiendo se atienda sus pliegos petitorios incluido un aumento de salarios. En tanto que el sector de los transportistas pide abastecimiento y mejora en la calidad de los combustibles. Sin embargo, las protestas escalaron rápidamente hacia exigencias políticas más profundas como la renuncia del presidente Rodrigo Paz y el llamado a nuevas elecciones dentro de los 90 días.

Los analistas coinciden en que uno de los detonantes de la protesta en el país es el deterioro económico. A estos se suman la escasez de combustible, la inflación, el aumento de precios de alimentos y el desgaste del poder adquisitivo que han generado malestar en diferentes sectores populares y de trabajadores urbanos.

La crisis se complicó más por el escándalo del combustible de mala calidad distribuido meses atrás y que dañaron miles de vehículos y erosionaron la credibilidad gubernamental. Ni el cambio del Ministro de Energía pudo superar el descontento de la población afectada.

Lo que empezó con una marcha de campesinos desde los departamentos de Beni y Pando exigiendo la abrogación de la Ley 1720, se convirtió en una protesta de la COB pidiendo se atienda sus pliegos petitorios incluido un aumento de salarios. En tanto que el sector de los transportistas pide abastecimiento y mejora en la calidad de los combustibles. Sin embargo, las protestas escalaron rápidamente hacia exigencias políticas más profundas como la renuncia d el presidente Rodrigo Paz y el llamado a nuevas elecciones dentro de los 90 días.

La insistencia del Gobierno por aprobar la llamada ley 1720 (la norma permitía cambiar el tipo de propiedad de mediana a pequeña), fue interpretada por grupos indígenas y sectores campesinos como una norma favorable a sectores agroindustriales y grandes propietarios del oriente del país. Y precisamente fueron estos sectores los que salieron en defensa de esta norma. Pese a que el Gobierno terminó cediendo y logró que la Asamblea Legislativa abrogara la norma, el conflicto ya había escalado políticamente.

En todo momento el gobierno ha acusado al expresidente Evo Morales de estar detrás de las medidas de presión y protesta, que ya se prolongan por más de cuatro semanas. Sin embargo, las movilizaciones han permitido a los seguidores de Morales del trópico y los valles rearticularse en torno a sus demandas. Fueron los primeros en pedir la renuncia de Paz a la Presidencia. Luego cambiaron y ahora piden que el gobierno llame a nuevas elecciones en 90 días.

Fue la denominada “marcha por la vida”, que impulsaron los sectores “evistas” desde Oruro hacia La Paz, los que produjeron enormes bloqueos y manifestaciones en la sede de gobierno y el Alto.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, ganó las elecciones en 2025 luego de 20 años de triunfos consecutivos del Movimiento al Socialismo MAS encabezado por Evo Morales y en los últimos cinco años por Luis Arce Catacora, quien actualmente se encuentra en la cárcel de San Pedro de La Paz por delitos económicos.

Sin embargo, varios analistas coinciden que el triunfo de Rodrigo Paz se dio con una base política fragmentada y sin control pleno del aparato sindical y legislativo.

Paz habría ganado con un “voto de alquiler”, en alusión a que los ciudadanos que votaron en segunda vuelta por el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), una fuerza minoritaria que firmó acuerdos con masistas y evistas que le dieron su apoyo y ahora le exigen que cumpla los compromisos asumidos.

Los bloqueos carreteros en el país tienen un enorme peso político y económico. La protesta no se limita a marchas simbólicas: paraliza exportaciones, encarece alimentos, corta abastecimientos, afecta hospitales y al transporte público.

El Gobierno reporta decenas de puntos de bloqueos y pérdidas millonarias diarias. Pierden los empresarios, los pequeños productores, los transportistas, los comerciantes y la ciudadanía en general que, en 30 días de bloqueo, sufren de escasez de alimentos y falta de todo tipo de insumos para su sobrevivencia.

El Gobierno asegura que no está en sus planes lanzar una medida de excepción como el “estado de sitio” para enfrentar la ola de marchas y bloqueos y hasta el momento combina operativos policiales focalizados con llamados al diálogo.

La renuncia del ministro de Trabajo fue un intento de descomprimir la situación política y enviar una señal de negociación hacia la COB. Sin embargo, no tuvo el efecto esperado y las peticiones de los sectores movilizados permanecen invariables.

Mientras en ciudades como La Paz y El Alto predominan las protestas sindicales y campesinas, en otras regiones surgieron marchas “en defensa de la democracia” y respaldo del gobierno.

Eso muestra que Bolivia vuelve a dividirse entre dos grandes bloques políticos y sociales con visiones opuestas sobre el rumbo del país y el debilitamiento de las conquistas sociales acumuladas durante casi dos décadas de gobiernos del MAS.

El Gobierno sostiene que Bolivia necesita reformas urgentes para enfrentar la caída de reservas, la crisis fiscal y el agotamiento del modelo económico anterior.

Si el presidente Rodrigo Paz logra restablecer el abastecimiento y aliviar la crisis económica; si consigue dividir o negociar con algunos sectores movilizados y si evita que las protestas deriven en violencia o fracturas institucionales, habrá logrado permanecer en el gobierno por los próximos cuatros años de su gestión.

Para varios analistas una alternativa viable para salir de esta crisis es la creación de una gran mesa de diálogo con mediadores legítimos de la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos y con capacidad de generar confianza en la población, bajando la tensión social y reconstruyendo canales mínimos de entendimiento, siempre que se pueda alcanzar convenios ejecutables y creíbles.

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