En “La extranjerización de tierras en nuestro país: un acuciante problema de soberanía” Oberlin y Julieta Caggiano, becarios del CONICET, proponen un recorrido por la historia contemporánea de la entrega de territorio nacional. Toman como punto de quiebre una autorización de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI). En 1996, bajo el gobierno de Carlos Menem, el organismo vendió más de 8 millones de hectáreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944 que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Esas tierras correspondían a zonas consideradas de seguridad fronteriza. 

Los investigadores indican que si bien el discurso oficial argumenta que ninguna provincia excede el límite legal del 15 por ciento estipulado en la Ley 26.737, existen en la actualidad 36 departamentos que superan dicha cifra. Hay casos en los que la extranjerización supera el 50 por ciento, como por ejemplo, Lacar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, Molinos y San Carlos localidades salteñas, todos ellos, espacios geográficos con alta concentración de agua dulce o recursos minerales. 

También hay altos porcentajes de territorio extranjero en zonas estratégicas del río Paraná. A su vez, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana (Buenos Aires), todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná, superan ampliamente el 30%.

Pero el informe no solo contradice las estadísticas en cuanto a la creciente posibilidad de posesión foránea de territorio sino que remarca un eje clave al confirmar que la extranjerización se superpone con los principales focos de actividad extractivista. Las situaciones más críticas se dan en las zonas fronterizas alrededor de la cordillera, enclaves logísticos y con capacidad de recursos hídricos y mineros. 

En el departamento mendocino de Malargüe, donde la propiedad extranjera roza el 15 por ciento, se concentran al menos 18 proyectos mineros que se encuentran en distintas etapas de avance. En enero pasado, la comunidad mendocina se volcó masivamente a las calles en rechazo al Proyecto San Jorge, que agudizaría aún más el contexto de escasez hídrica de la zona. 

El intento de derogación de la ley de Tierras se da en un contexto global de creciente disputa por los recursos, y en nuestro país, particularmente, en el marco de la pulseada por la modificación a la ley de Glaciares, normativa pionera que protege los ambientes peri-glaciares y los grandes reservorios que abastecen de agua a más de siete millones de personas, cuya modificación ya fue aprobada por el Senado y girada a la Cámara de Diputados. 

“Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo, ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo”, indican los investigadores. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, concluyen que la pretensión de “desarmar las protecciones existentes —que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos— no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”. 

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