Durante el último año, el debate entre el Gobierno y los analistas privados giró en torno a la forma de la recuperación: si iba a ser una “sonrisa” con una U bien abierta o una “U” aplanada. Hoy no solo vemos la materialización de este último escenario, sino alertas de imponer mayor rigurosidad a la hora de gestionar el equilibrio general de la economía de manera consistente.

La inflación, más allá de ser un dato estadístico, es un fenómeno que golpea directamente las expectativas de consumidores e inversores. El cambio de tendencia observado en el segundo semestre de 2025 ha forzado a los agentes económicos a reevaluar sus decisiones. Si bien esta cautela es una práctica prudente a nivel individual, resulta nociva para la macroeconomía: el estado de stand-by genera tiempos muertos y comportamientos defensivos que frenan el ritmo de crecimiento.

Existe un consenso creciente sobre la ausencia de un plan de estabilización integral. El Gobierno convive con desequilibrios monetarios y cambiarios que presionan sobre los precios. El mayor riesgo actual es reingresar en una dinámica de alta indexación por no reconocer un valor de equilibrio para los precios relativos, empezando por el tipo de cambio.

El Banco Central (BCRA) permanece atrapado en el esquema de emergencia diseñado para contener la corrida electoral. Los encajes bancarios se mantienen en niveles críticos, lo que impide una reducción del costo financiero para las empresas. Esta restricción crediticia se traslada directamente a los costos de producción, alimentando la inercia alcista.