En lo que se ha denominado la «demanda judicial colectiva más grande de la historia», se interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional para frenar la aplicación de la Ley 27.804 aprobada durante el último abril en el Diputados. Los demandantes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de esta norma, que modifica los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos originalmente en la Ley 26.639 y sostienen que esta reforma constituye “el mayor hito regresivo en la historia ambiental del país”, ya que habilita de forma inminente la actividad minera en reservas estratégicas de agua dulce que anteriormente estaban estrictamente protegidas.

La acción judicial cuenta con representatividad federal conformada por una amplia red de organizaciones de la sociedad civil con larga trayectoria en derechos humanos y ambiente, entre las que destacan la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional, el CELS y el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA). A estas entidades se suman numerosas asambleas ciudadanas territoriales de provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe y Entre Ríos, representadas por vecinos que defienden el agua como un elemento vital y derecho humano fundamental. 

La demanda -a la que tuvo acceso 4Palabras– sostiene que la nueva ley fue sancionada con una «celeridad inusitada» y sin una verdadera deliberación democrática entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Además, indica que el proyecto fue impulsado por la presión de los gobernadores que integran las denominadas «Mesa del Litio» y «Mesa del Cobre», con el fin de que las provincias pudieran determinar la función hídrica de los glaciares y habilitar proyectos en áreas protegidas. Los amparistas denuncian que la norma introdujo cambios radicales negativos que violan el principio de no regresión ambiental protegido por la Constitución Nacional y tratados internacionales de jerarquía superior como el Acuerdo de Escazú.