Jorge Rodríguez, presidente del parlamento venezolano y hermano de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, anunció hoy en Caracas la liberación de “un número importante” de personas –venezolanos y extranjeros—detenidos en las cárceles del país caribeño. Rodríguez no precisó ni el número exacto ni los nombres de quienes serán liberados, pero indicó que se trata de “un gesto de paz” en el marco del proceso político que atraviesa Venezuela luego de que, el 3 de enero mediante una operación militar, Estados Unidos secuestrara en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Florez, y los trasladara detenidos a Nueva York para someterlos a la justicia norteamericana. 

Otras fuentes no oficiales indicaron que los liberados en esta oportunidad ascienden a aproximadamente a 90 personas. Otros 99 detenidos habían sido puestos en libertad en Navidad.

Ahora el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó en redes sociales que “estas acciones se enmarcan en el proceso de revisión integral de causas instruido por el presidente Nicolás Maduro” y subrayó que las personas fueron detenidas inicialmente por “delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024”.

Antes el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, había informado que 100 personas, entre militares y civiles, murieron en los ataques estadounidenses. Otras fuentes castrenses del país caribeño confirmaron que más una veintena de soldados venezolanos fallecieron durante los bombardeos registrados en la madrugada del 3 de enero contra posiciones militares y gubernamentales en Caracas y en al menos otros tres estados. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en honor «a los jóvenes mártires que dieron su vida en la defensa de nuestro país».

Todo esto ocurre mientras el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio insisten en que Estados Unidos tiene bajo su control toda la situación venezolana y amenaza con nuevas acciones para el caso de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez no se ajuste a las exigencias que le plantean los norteamericanos. Por su parte la presidenta encargada asegura que no responde a ninguna directiva extranjera, que sus acciones dan continuidad a lo que Maduro inició y exige la liberación del mandatario secuestrado y de su esposa.

Donald Trump había dicho que será él quien «gobierne” Venezuela hasta que se complete allí «una transición segura, apropiada y juiciosa».

Marco Rubio detalló las tres fases del plan del gobierno de su país para consolidar el cambio en Venezuela. “Estabilización, recuperación y transición”, dijo el secretario hablando ante los congresistas norteamericanos. «No queremos que esto descienda en el caos», confirmó ahora Rubio.

El secretario de Estado dijo también que su país tomará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, los venderá en el mercado a precios internacionales y controlará la forma en que se distribuyan los ingresos obtenidos de esas transacciones. El anuncio se conoció horas después de que algunos medios informaran que 11 buques cisterna de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela, van camino hacia el país sudamericano. Al mismo tiempo se supo que, por orden de Trump, dos buques –uno de ellos con bandera rusa—fueron abordados y detenidos por la Armada norteamericana en el Atlántico norte por entender que habían burlado la “cuarentena” impuesta por Estados Unidos y transportaban petróleo venezolano.

Como parte del proceso de “normalización” Estados Unidos considera que Venezuela solo puede vender petróleo a la potencia del norte y que con los resultados de esa venta el país sudamericano solo podrá comprar bienes producidos en los Estados Unidos.

Retirada de los organismos internacionales

Como parte integral de su nueva política exterior, Trump decidió también que Estados Unidos dé por terminada su participación en 66 organismos internacionales, siendo casi la mitad de ellas entidades dependientes de Naciones Unidas, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se incluye al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), la principal autoridad mundial en ciencia climática.

La Casa Blanca afirmó que la decisión se tomó porque esas entidades «ya no sirven a los intereses estadounidenses» y promueven «agendas ineficaces u hostiles». La norma, firmada por Trump y en la que se expresa la decisión, establece que «en virtud de la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno a todos los departamentos y agencias ejecutivas que tomen medidas inmediatas para que Estados Unidos se retire de las organizaciones enumeradas (…) lo antes posible».

Antes Trump había argumentado que estos organismos promueven agendas «globalistas» o woke, para identificar a quienes –según su perspectiva— se ajustan a una agenda progresista.

Las organizaciones no pertenecientes a Naciones Unidas e incluidas en la medida son entidades enfocadas en la cooperación en energía limpia, la gobernanza democrática y la seguridad internacional, como la Alianza Solar Internacional, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Foro Global contra el Terrorismo, junto con la Federación Internacional de Consejos de las Artes y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

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