El mapa político de Sudáfrica atraviesa una sacudida histórica que confirma el declive de su hegemonía tradicional. En las séptimas elecciones municipales desde el fin del apartheid en 1994, el emblemático Congreso Nacional Africano (CNA) –el partido que liderara Nelson Mandela– volvió a ganar las urnas con un 30,76 % de los votos, pero registró el peor resultado de toda su historia. Con una participación electoral del 52%, la Alianza Democrática (AD) quedó en segundo lugar con el 24,64%, seguida por el partido uMkhonto weSizwe (MK) del expresidente Jacob Zuma (9,76%) y los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, 6,22%).

Sin mayorías absolutas en centros neurálgicos como Johannesburgo, la formación de gobiernos locales exigirá alianzas complejas entre el CNA y la AD o negociaciones con fuerzas menores. Este revés evidencia la fuga constante de confianza popular tras la debacle de 2021 (45,59%) y la pérdida de la mayoría absoluta en las generales de 2024 (40,18%). La erosión del respaldo se explica por la persistencia de escándalos de corrupción, el desempleo estructural, la inseguridad y deficiencias crónicas en servicios básicos como luz y agua.

Aunque el secretario general del CNA, Fikile Mbalula, calificó los datos de catastróficos pero desmintió rumores sobre una eventual renuncia del presidente Cyril Ramaphosa, el propio mandatario admitió en Johannesburgo que “el pueblo ha hablado”. 

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El descontento social en Francia no da tregua y pone en jaque al Palacio del Elíseo. Ante una ola de protestas –por el aumento del costo de vida– que escaló en las calles desde mediados de octubre, el primer ministro Sébastien Lecornu intentó sofocar la crisis adelantando el aumento del salario mínimo a diciembre. La medida, anunciada por el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, implica una suba del 1,6% –24 euros adicionales– para fijar el haber neto en 1.502 euros mensuales, anticipando el ajuste que habitualmente se aplicaba en enero.

Pero el gesto del gobierno resultó estéril. La conducción del sindicato CFDT tildó el incremento de “insuficiente”, mientras que las organizaciones centrales convocaron a una huelga general para el 17 de noviembre, sumando al sector público, jubilados y jóvenes. La erosión del poder adquisitivo agita el escenario político camino a las presidenciales, donde la ultraderechista nacionalista Marine Le Pen encabeza las encuestas.

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Las recientes visitas del presidente Javier Milei a España pusieron su ideario en el centro del debate político. Aunque de modo diametralmente opuesto al esperado. De cara a las elecciones del 29 de noviembre, el candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, propuso aplicar “la motosierra para los de arriba”, reconfigurando la proclama de la ultraderecha que encarna el argentino y su promotor Donald Trump, también de capa caída luego de la derrota que sufrió en las elecciones de medio término en Estados Unidos. 

Durante un acto en Getafe junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, Delgado advirtió que las urnas definirán si las instituciones protegen el patrimonio público del 99% o blindan los privilegios de la minoría que lucra a costa del desmantelamiento de los servicios esenciales.

En sintonía con el planteo redistributivo de Delgado, García lució en una remera la consigna “Tax the Rich” para exigir que las grandes fortunas paguen impuestos acordes a sus ingresos. La propuesta busca garantizar la financiación de la salud, la educación y la dependencia, desafiando el avance del ajuste sobre la oferta pública.

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Con niveles de imagen en caída libre incluso desde antes de su asunción presidencial en marzo, la gestión del presidente chileno José Antonio Kast enfrenta su etapa más tormentosa a raíz del escándalo por la rebaja de condenas a decenas de reclusos. La crisis desencadenada por las decisiones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, golpea el discurso de “mano dura” de La Moneda al revelarse beneficios a 56 agresores sexuales de menores y a tres represores condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El cuadro se agrava por el perfil de Rabat, histórico abogado defensor del dictador en Londres y en causas de corrupción, lo que reaviva las sospechas sobre los lazos ideológicos de la cúpula gubernamental con la herencia pinochetista.

Con la aprobación presidencial desplomada al 25% y manifestaciones en las calles de Santiago, la oposición parlamentaria encabezada por el Frente Amplio avanza decidida hacia un juicio político contra el titular de Justicia. La presidenta de la formación, Gael Yeomans, ratificó la acusación constitucional, cuestionando las dilatadas demoras del Ejecutivo para transparentar los decretos. Imputado por prevaricación administrativa e ignorando advertencias previas, Rabat agrava a un gobierno cuya credibilidad se desmorona día a día.

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