Un informe del Migration Policy Institute revela que el gobierno de Donald Trump ha deportado a 980 mil personas desde enero de 2025. Menos del 20% tenía antecedentes penales. También crecen los arrestos de migrantes arraigados.

Redacción 4Palabras

A poco más de año y medio del inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno estadounidense ha llevado a cabo aproximadamente 980 mil deportaciones, de acuerdo con un nuevo y detallado informe presentado por el Migration Policy Institute (MPI).

El estudio destaca un crecimiento sostenido en las operaciones dentro del territorio estadounidense. Las deportaciones derivadas de arrestos en el interior del país aumentaron un 151% en comparación con periodos anteriores, escalando hasta alcanzar un promedio de 19 mil casos mensuales en el transcurso de 2026. Esta tendencia refleja el cambio de enfoque del gobierno hacia comunidades inmigrantes con larga estancia. Según los cálculos de Rosenblum, unas 90 mil personas con más de una década de residencia en Estados Unidos y cerca de 390 mil con al menos dos años de arraigo figuraron entre los afectados por las medidas de expulsión.

El MPI, con sede en Washington, analizó el panorama migratorio entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026. Uno de los hallazgos principales del reporte elaborado por el experto Marc R. Rosenblum —exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional en la primera administración Trump y en la era Biden— señala que, a pesar de que los cruces y encuentros irregulares en la frontera entre Estados Unidos y México se mantienen en mínimos históricos, el 69% del total de las deportaciones provienen de personas interceptadas en la línea fronteriza. Esto incluye a unos 340 mil migrantes frenados directamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a otra cifra similar procesada y expulsada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El análisis del MPI revela que solo el 20% de los 980 mil deportados contaban con condenas penales previas.

Ante la suspensión de informes detallados y recurrentes por parte del Departamento de Seguridad Interior (DHS), el MPI recurrió a la ley de libertad de información y a bases de datos públicas para reconstruir el alcance real de las deportaciones y examinar las discrepancias con las cifras difundidas oficialmente. Si bien esta cifra supera el ritmo registrado durante el final de la administración de Joe Biden, se encuentra por debajo de los niveles históricos observados bajo los gobiernos de Barack Obama y George W. Bush, además de distar de las metas oficiales de la propia administración republicana.

Uno de los puntos de mayor fricción entre los datos del MPI y las proclamas gubernamentales radica en el criterio de criminalidad. Mientras que la Casa Blanca ha enfatizado que su campaña punitiva prioriza la captura y expulsión de delincuentes peligrosos, el análisis revela que solo el 20% de los 980 mil deportados contaban con condenas penales previas. Específicamente, en el caso de aquellos inmigrantes con dos o más años de residencia en el interior del país que fueron deportados, el 71% no tenía ningún antecedente delictivo.

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