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Ordenaron la detención de 15 penitenciarios por torturas y abuso sexual en la cárcel de Magdalena

La justicia avanzó en la orden de detención contra quince efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados de perpetrar graves vejámenes, torturas y abusos sexuales contra cuatro mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena.

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Unidad-51-Magdalena (2)

 

Mientras las calles se llenaban de mujeres manifestando contra la violencia en el penal N° 51 de Magdalena, la noche del último 3 de junio se desató una brutal represión a partir de una pelea entre dos internas. A partir de ese hecho, un grupo de penitenciarios ingresó a uno de los pabellones de la planta alta arrojando gas pimienta y encerró a las detenidas en las celdas, donde quisieron revisarlas. Como varias se negaron a desnudarse frente al personal masculino del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), les arrojaron gas pimienta directamente en la cara, las sacaron a golpes del lugar y las llevaron a distintos espacios de la Unidad. 

Tal como lo describe el requerimiento de las detenciones solicitadas por el fiscal Álvaro Garganta y firmadas por el juez de garantías Juan Pablo Masi, los agentes involucrados ejecutaron “de manera deliberada y coordinada una serie de actos destinados a castigar a las internas por los hechos ocurridos y por los reclamos formulados, así como a intimidarlas, quebrantar su resistencia y afirmar el dominio ejercido sobre ellas, imponiéndoles graves sufrimientos físicos y psíquicos”.

La represión involucró tanto a la cúpula directiva del penal como a personal de Sanidad, al Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y a la Brigada Penitenciaria Contra Incendios. Las pruebas recopiladas —que incluyen registros audiovisuales, pericias médicas y testimonios— dieron cuenta de un accionar coordinado contra las prisioneras. Las víctimas fueron golpeadas, sometidas a «submarino húmedo» y asfixiadas contra colchones impregnados con químicos. La jefa del penal, Daiana Balmaceda, encabezó las agresiones bajo consignas como «besame las botas» o «acá mandamos nosotras», al tiempo que dos de las detenidas sufrían abusos sexuales.

El accionar de las autoridades buscó encubrir la gravedad de los hechos, falsificando o blanqueando los reportes de enfermería de esa jornada. A la mañana siguiente, tres de las mujeres fueron trasladadas a otros centros con sus pertenencias destruidas, mientras que la cuarta víctima, dejada en la unidad sin asistencia psicológica, intentó quitarse la vida tras las agresiones sufridas.




Las víctimas fueron golpeadas, sometidas a "submarino húmedo" y asfixiadas contra colchones impregnados con químicos. La jefa del penal, Daiana Balmaceda, encabezó las agresiones.

La causa penal se inició a partir de la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura se constituyó en la unidad para entrevistarse con las víctimas y asumir el rol de particular damnificado institucional. En paralelo a la vía judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dispuso la separación preventiva del personal involucrado.

Entre las autoridades y agentes alcanzados por la medida judicial se encuentran la jefa de vigilancia y tratamiento Daiana Belén Balmaceda, la subjefa María Belén Toledo, la jefa de requisa Antonela Belén Cingolani, la encargada de turno Agustina Ailen Orona, la inspectora Florencia Anahí Ortiz, junto a Daiana Ayelen Villafañe, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguaran, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas German Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.

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