A partir del libro de Diego Gamba sobre las evaluaciones del GAFI, una advertencia sobre los peligros de reducir los controles financieros, el impacto del blanqueo de capitales y cómo la opacidad favorece la evasión fiscal y el delito a costa del Estado. La Ley de Inocencia Fiscal impulsada por Milei.

Marcelo Chata Garcia

El estado argentino recurrió reiteradamente al blanqueo de capitales, una disposición que permite ingresar al sistema dinero no declarado, reduciendo o evitando los impuestos que le correspondería pagar. El gobierno de Milei fue más lejos: promulgó la Ley de Inocencia Fiscal que pone límites a los controles del estado sobre movimientos de fondos, incluso para los funcionarios públicos. En ese contexto, se publicó el libro digital La cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI: análisis crítico sobre riesgos, transparencia e igualdad en el sistema ALA-CFT-CFPADM, del Mg. Diego Gamba, perteneciente al Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario. El autor parte de los resultados de las evaluaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para profundizar en sus alcances y limitaciones, pero también para alertar sobre los riesgos y consecuencias que trae la falta de controles.

El GAFI (FATF en inglés) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los países centrales para establecer estándares de seguridad, promover políticas y regulaciones y evaluar la transparencia del sistema financiero mundial. Argentina es miembro desde el 2000. Su finalidad es prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, da recomendaciones y evalúa los sistemas financieros para evitar el flujo de dinero a actividades delictivas altamente peligrosas. Nació justo cuando se globalizaba la hegemonía neoliberal que promovió la desregulación de los mercados financieros. Pocos, como Joseph Stiglitz, advirtieron sobre los riesgos económicos y sociales de hacerlo.

Monitorear el sistema financiero es necesario para impedir el lavado de dinero producto de movimientos ilegales y la circulación de flujos financieros ilícitos que financian actividades criminales. La existencia de estos delitos, en palabras de Gamba, “distorsiona los mercados, debilita la competencia leal y limita la eficacia de las políticas macroeconómicas”. Afecta, además, la confianza en las instituciones públicas y la democracia, al facilitar la corrupción, el aumento de las desigualdades estructurales y la concentración de la riqueza.

A nadie le gusta que le anden pidiendo cuentas de su dinero, ni pagar impuestos por lo que gana, tiene, hereda o consume. El poder económico y político apunta justamente a la identificación con ese rechazo para legitimar sus propias jugarretas. Crímenes económicos como la evasión fiscal, advierte el autor, desfinancian a los estados al reducir la recaudación tributaria y limitar la inversión pública: se vulneran de manera directa e indirecta múltiples derechos humanos al afectar la salud, la educación y la seguridad; a las condiciones necesarias para una vida digna y la igualdad de oportunidades; se deteriora la cohesión social y se degrada el ambiente.

Simplemente, las grandes fortunas -y los países centrales que los resguardan- prefieren un sistema financiero opaco, aunque eso aumente el riesgo delictivo, antes que quedar expuestos frente al fisco y a los ciudadanos. Así, la Ley de Inocencia Fiscal de Milei no hace más que acoplarse a esa postura.

La evaluación incluye los marcos regulatorios y la eficiencia con que son ejecutados. Y aquí hace una observación: las economías más desarrolladas presentan marcos jurídicos robustos, pero con una gran brecha en su eficiencia. No alcanza con las leyes si no existe voluntad política de hacerlas cumplir. Quien ha insistido también en eso ha sido Thomas Piketty, para quien no faltan capacidades técnicas para saber el origen y dueño de los capitales financieros. Simplemente, las grandes fortunas -y los países centrales que los resguardan- prefieren un sistema financiero opaco, aunque eso aumente el riesgo delictivo, antes que quedar expuestos frente al fisco y a los ciudadanos. Así, la Ley de Inocencia Fiscal de Milei no hace más que acoplarse a esa postura.

Otra observación que muestra las limitaciones del GAFI es que no posee una definición explícita para las guaridas fiscales, a esos enclaves que combinan “niveles bajos o nulos de tributación, secreto financiero, opacidad y limitada cooperación internacional, lo que les permite facilitar la evasión fiscal, el lavado de activos y el ocultamiento de los beneficiarios finales”. El surgimiento de nuevas tecnologías, que facilitan las transacciones entre países y regiones con legislaciones distintas, o acuñar monedas virtuales crean nuevas dificultades.

Este es un problema que aún está circunscripto a expertos y académicos, donde no se convoca a la ciudadanía para su discusión. Dudo que aparezca en el temario de los tan mentados cursos sobre educación financiera que hoy se presentan como panacea a las contradicciones del capitalismo libertario.

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