Un recorrido por los cambios de las demandas sociales a la dirigencia colombiana: desde la era de la solvencia técnica hasta la comunicación emocional y la reacción antipolítica que se expresó en el triunfo de Abelardo De la Espriella. Un análisis que cruza historia e institucionalidad para advertir sobre los riesgos de no aprender del pasado.

POR ANDRÉS PÉREZ VELASCO (DESDE BOGOTÁ)

Si hubiera que condensar la amplitud de Cien años de soledad en una premisa existencial, podría decirse que la novela narra el esfuerzo de una estirpe por escapar de un destino anunciado: impedir que la repetición de sus errores termine produciendo una señal visible de su propia clausura histórica. Las guerras civiles, la fiebre del banano, las mariposas amarillas, los trenes cargados de muertos y la vigilancia incansable de Úrsula Iguarán forman parte de una misma pregunta: ¿puede una comunidad aprender de su pasado antes de que ese pasado se convierta en la génesis de su condena?

La trayectoria política colombiana permite leer esa metáfora desde otra perspectiva. Durante buena parte del siglo XX, el proyecto republicano se concibió como un esfuerzo por formar dirigentes capaces de combinar conocimiento técnico, sentido institucional, comprensión territorial y responsabilidad democrática. El objetivo explícito era evitar que la política quedara reducida a improvisación, personalismo o confrontación permanente.

Sin embargo, el debate público contemporáneo refiere a una preocupación legítima: la calidad de la deliberación democrática parece haber perdido densidad conceptual. Las credenciales académicas, las reformas institucionales y los discursos de modernización no siempre se han traducido en una conducción pública más rigurosa, más incluyente o capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

En términos generales, el argumento puede organizarse como una secuencia de transformaciones: primero, una etapa de alto prestigio tecnocrático y jurídico, asociada con dirigentes como Carlos Lleras Restrepo (1966-1970); luego, una fase de liderazgo territorial e intuitivo, representada por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010); después, un periodo en el que la comunicación política y la disputa simbólica han ganado terreno frente al conocimiento operativo; y, finalmente, una reacción de tono antipolítico que capitaliza el desencanto ciudadano mediante discursos de ruptura, castigo o restauración.

El ideal del estadista técnico y sus límites históricos

Durante varias décadas, la presidencia de la República en Colombia estuvo asociada a una expectativa de alta preparación técnica, jurídica y administrativa. Figuras como Carlos Lleras Restrepo o, posteriormente, Virgilio Barco Vargas (1986-1990) simbolizaron una tradición de liderazgo que valoraba la argumentación pública, el conocimiento del Estado y la construcción gradual de instituciones. Esa tradición no estuvo libre de límites, exclusiones o decisiones discutibles, pero sí expresaba una idea exigente del ejercicio del poder: gobernar implicaba estudiar, planear, deliberar y responder por los efectos concretos de las políticas públicas.

Carlos Lleras Restrepo puede leerse, desde esta perspectiva, como un ejemplo de gobernante con una marcada orientación institucional. Su interés por la economía pública, la reforma agraria, la planeación y la modernización administrativa revelaba una visión amplia de los problemas nacionales. Más que presentar al dirigente como una figura infalible, conviene destacar el estándar que encarnaba: la política debía apoyarse en información, conocimiento especializado y una conversación seria sobre las capacidades reales del Estado para materializar sus propósitos.

Virgilio Barco Vargas, con su formación técnica y su conocimiento de la infraestructura del país, prolongó parcialmente esa expectativa de solvencia administrativa. Aun así, esta etapa también debe evaluarse críticamente: la concentración del poder en élites cerradas, la persistencia de desigualdades territoriales y las tensiones de un esquema gobierno-oposición, con escaso espacio para el consenso entre orillas políticas en permanente contradicción, muestran que el saber técnico, por sí solo, no garantiza inclusión democrática. Con todo, lo decisivo de aquel momento fue que el debate público todavía reconocía una exigencia básica del gobierno responsable: comprender presupuestos, regiones, instituciones y restricciones materiales antes de prometer transformaciones de gran escala.

La densidad del liderazgo político en Colombia parece haberse desplazado desde un ideal de Estado técnico y planificación institucional, asociado a los años sesenta y setenta, hacia un modelo de conocimiento territorial y gestión directa en los años dos mil. Luego el centro de gravedad se movió hacia el pragmatismo internacional, la comunicación estratégica y la política de redes. En el horizonte más reciente, el riesgo consiste en que la ciudadanía termine premiando no la competencia para gobernar, sino la capacidad de representar indignación, castigo frente al mal gobierno o identificación emocional.

Liderazgo territorial y conocimiento operativo del Estado

La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia marcó una modificación importante en el tipo de conocimiento valorado por la ciudadanía. Más allá de las adhesiones o críticas que despierte su proyecto político, su liderazgo introdujo una forma de relación con el territorio basada en la presencia constante y disciplinada, la atención al detalle administrativo y la interlocución directa con autoridades locales. Su caso permite distinguir entre el saber doctrinario del estadista tradicional y un saber operativo, construido a partir del contacto persistente con municipios, autoridades institucionales, comunidades y problemas de seguridad inherentes a la historia colombiana.

Ese estilo desplazó parcialmente la imagen del dirigente que interpreta el país desde los centros administrativos y consolidó la figura del gobernante que busca legitimidad en la gestión territorial. Su fortaleza política estuvo ligada a la capacidad de hablar en un lenguaje cercano a muchas regiones y a sus habitantes, así como de convertir problemas dispersos en una agenda visible de gobierno.

El valor político de ese modelo, podría decirse, residía en la atención al dato concreto: distancias, rutas, necesidades de seguridad, productividad rural, obras pendientes y demandas locales que con frecuencia quedaban subordinadas al lenguaje abstracto de la capital.

Los consejos comunitarios, además de su dimensión comunicativa, funcionaron como escenarios de microgestión y rendición de cuentas pública. Allí se reunían alcaldes, ministros, autoridades locales y ciudadanía alrededor de problemas específicos. El modelo tenía riesgos —personalización excesiva del poder, presión sobre funcionarios y simplificación de debates complejos—, pero también mostró que una parte del país valoraba la capacidad de conectar la decisión nacional con la realidad cotidiana de los territorios.

Comunicación política y deterioro de la deliberación pública

En los años posteriores, la política colombiana entró en una etapa en la que la comunicación, la imagen pública y la segmentación emocional del electorado adquirieron una centralidad creciente. Esta transformación no significa que todos los liderazgos recientes carezcan de preparación o de logros; más bien indica que el debate público empezó a premiar con mayor frecuencia la eficacia simbólica, la reacción inmediata y la frase memorable por encima de la explicación paciente de las restricciones institucionales.

En este marco, Juan Manuel Santos (2010-2018) representó una política de alta inserción internacional y fuerte pragmatismo estratégico. Su mayor apuesta fue la negociación de paz, que exigía cálculo institucional, manejo del lenguaje global y construcción de legitimidad externa. Al mismo tiempo, esa orientación pudo generar distancia frente a sectores que reclamaban una conexión más directa con las preocupaciones cotidianas de las regiones. Esa distancia reveló una primera fractura de la etapa reciente: la capacidad de actuar en escenarios internacionales no siempre se tradujo en una conexión suficiente con las demandas internas de reconocimiento de la realidad territorial.

Iván Duque (2018-2022), por su parte, encarnó una tecnocracia joven, influida por el lenguaje de la innovación, la economía naranja y la gestión moderna del Estado. Su dificultad principal no fue la ausencia de preparación formal, sino la percepción de que muchas fórmulas comunicativas no lograron dialogar con la profundidad de las crisis sociales, fiscales y territoriales que enfrentaba el país. En ese sentido, el problema ya no consistía solo en saber gobernar técnicamente, sino en lograr que ese saber resultara creíble frente a una ciudadanía cada vez más desconfiada y socialmente movilizada.

Finalmente, Gustavo Petro (2022-2026) llegó al poder con la promesa de ofrecer una lectura histórica de las desigualdades colombianas y de ampliar la agenda social. No obstante, su gobierno quedó atrapado en la tensión entre ambición transformadora, dificultades de coordinación administrativa, baja ejecución presupuestal y un estilo comunicativo altamente conflictivo. El problema de fondo, en este caso, no fue la existencia de un discurso de cambio, sino la dificultad de convertirlo en capacidades estatales verificables, sostenibles y orientadas a resultados. Así, los tres casos muestran una misma tensión de fondo: la dificultad creciente de articular conocimiento, comunicación, territorio y ejecución en una forma de liderazgo capaz de sostener confianza democrática.

La consecuencia de esta etapa es una tensión persistente entre relato y gestión. Las sociedades democráticas necesitan narrativas que orienten la acción colectiva, pero también requieren procedimientos, cifras, equipos técnicos, prioridades presupuestales y sistemas de seguimiento. Cuando el relato se independiza de la administración, el debate se vuelve emocionalmente intenso, pero institucionalmente frágil. La política puede entonces parecer más dinámica, aunque su capacidad de resolver problemas disminuya.

Vista como una línea de evolución, la densidad del liderazgo político colombiano parece haberse desplazado desde un ideal de Estado técnico y planificación institucional, asociado a los años sesenta y setenta, hacia un modelo de conocimiento territorial y gestión directa en los años dos mil. Posteriormente, el centro de gravedad se movió hacia el pragmatismo internacional, la comunicación estratégica y la política de redes. En el horizonte más reciente, el riesgo consiste en que la ciudadanía termine premiando no la competencia para gobernar, sino la capacidad de representar indignación, castigo frente al mal gobierno o identificación emocional.

El daño más delicado de este proceso no es únicamente administrativo o económico; también es cultural. Cuando la ciudadanía se acostumbra a campañas centradas en la reacción inmediata, la descalificación o el espectáculo, disminuye la exigencia sobre la preparación de quienes aspiran a gobernar. La sustancia del debate cede entonces ante la lógica de la aprobación instantánea. En lugar de evaluar planes, equipos, viabilidad fiscal y conocimiento territorial, la conversación pública puede reducirse a afinidades emocionales o rechazos identitarios. Esa reducción empobrece la democracia, porque sustituye la deliberación por reflejos de adhesión o repudio.

La reacción antipolítica: polarización, desencanto y liderazgos de ruptura

Como ocurre en las familias marcadas por ciclos de repetición, los extremos políticos rara vez aparecen de manera aislada. Suelen formarse como reacción frente a frustraciones acumuladas, promesas incumplidas y percepciones de exclusión o pérdida de control. Cuando una parte de la sociedad siente que las instituciones no resuelven sus problemas, aumenta la disposición a escuchar voces que prometen soluciones rápidas, rupturas drásticas o castigos ejemplares.

La aparición de figuras públicas que proponen disrupciones sistémicas no debe leerse únicamente como una anomalía individual, sino como un síntoma de deterioro del modelo de representación. En este sentido, liderazgos como el de Abelardo de la Espriella pueden interpretarse, al menos inicialmente, como respuestas a un clima de cansancio ciudadano frente a la política tradicional, a la izquierda gobernante y a la percepción de que la política tradicional perdió capacidad de producir resultados tangibles. Con todo, tratándose de un gobierno apenas en formación, será necesario conceder un tiempo razonable de espera antes de precisar con mayor rigor cuáles serán las improntas, prioridades y características que terminarán por definirlo.

El punto central no consiste en reducir el análisis a una confrontación entre nombres propios. Lo relevante es observar una matriz común: la política se vuelve más vulnerable cuando el lenguaje de la reparación histórica, la indignación social o el restablecimiento del orden se separa de la deliberación técnica, la prudencia institucional y el reconocimiento de la complejidad nacional. La ciudadanía puede terminar oscilando entre discursos que prometen refundar el país y discursos que ofrecen corregirlo mediante la autoridad, sin que ninguno de los dos caminos garantice por sí mismo mejores capacidades de gobierno.

El riesgo estructural de este péndulo es que cada exceso fortalezca a su contrario. Una administración percibida como improvisada o excesivamente ideologizada puede alimentar una demanda de autoridad sin matices; a su vez, un proyecto de autoridad que desconozca garantías, pluralismo o límites constitucionales puede reactivar formas más duras de resistencia política. Así, la democracia deja de funcionar como espacio de rectificación gradual o de saludable alternancia y se convierte en un campo de revancha sucesiva.

La comparación literaria permite comprender mejor el problema: como Amaranta y Rebeca, atrapadas en un conflicto donde el resentimiento termina sustituyendo cualquier proyecto común, la política colombiana corre el riesgo de convertir la diferencia democrática en enemistad permanente. Cuando el objetivo deja de ser construir acuerdos mínimos y pasa a ser derrotar al adversario, se debilita la posibilidad de gobernar para una sociedad plural.

La metáfora de la repetición: instituciones, desencanto y aprendizaje pendiente

Volvamos a la metáfora fundacional de Gabriel García Márquez. La familia Buendía pasó un siglo intentando evitar el cumplimiento de una profecía que parecía absurda y, justamente por eso, inquietante. Úrsula Iguarán encarna la vigilancia moral de quien sabe que una comunidad puede perderse no por un solo error, sino por la acumulación de repeticiones no examinadas. Su temor no era únicamente biológico; era también histórico: que la familia confundiera movimiento con aprendizaje y persistencia con destino.

La tragedia política que aquí se propone puede describirse como un ciclo de cuatro momentos. Primero, aparece un intento de construir instituciones más sólidas, mediante constituciones, reformas, entidades técnicas y discursos de modernización. Segundo, esas instituciones se desgastan cuando no logran responder con eficacia a la desigualdad, la inseguridad, la informalidad o la fragmentación territorial. Tercero, el desencanto abre espacio a liderazgos que simplifican el diagnóstico y prometen resolver con voluntad lo que exige pactos, recursos y capacidades estatales. Finalmente, la reacción frente a esos liderazgos produce un nuevo intento institucional, pero cada vuelta del ciclo suele dejar menos confianza, menos paciencia democrática y menor disposición a la deliberación.

La fuerza de esa escena no reside solo en su dimensión trágica, sino en la revelación tardía de una verdad que siempre estuvo disponible. Aureliano Babilonia descubre demasiado tarde que la historia familiar no avanzaba en línea recta, sino en círculos. La casa devorada por las hormigas y los pergaminos finalmente descifrados sugieren que una comunidad puede llegar a comprender su destino cuando ya ha perdido buena parte de su capacidad de corregirlo.

La historia política de Colombia puede leerse, con las debidas cautelas, como una parábola semejante: el país ha creado instituciones ambiciosas para evitar la concentración del poder, la improvisación administrativa y la exclusión social; sin embargo, esas mismas instituciones no siempre han logrado producir confianza, eficacia o aprendizaje colectivo.

La Constitución de 1991, los entes de control y la expansión de la formación técnica expresaron una apuesta seria por fortalecer el Estado social de derecho. Esa apuesta buscaba impedir que la democracia derivara en autoritarismo, improvisación o promesas sin sustento institucional. No obstante, cada ciclo electoral muestra tensiones persistentes entre expectativas ciudadanas, calidad del debate público, capacidad de ejecución y confianza en las instituciones.

El contraste no debe idealizar el pasado ni condenar sin matices el presente. También en épocas anteriores hubo exclusiones, violencia, clientelismo y decisiones fallidas. La diferencia que conviene subrayar es otra: una democracia se empobrece cuando deja de exigir argumentos verificables, programas coherentes y responsabilidad institucional. Si la deliberación se reduce a consignas breves, confrontaciones virales o identidades cerradas, el espacio público pierde su función pedagógica y se vuelve menos capaz de distinguir entre liderazgo, popularidad y capacidad de gobierno.

Recuperar la exigencia democrática

El final de Macondo conmueve porque muestra las consecuencias de una memoria incapaz de convertirse en aprendizaje. La advertencia de García Márquez no obliga a aceptar un destino cerrado; más bien invita a reconocer que las sociedades pueden repetir sus errores cuando dejan de interrogarlos con honestidad. La literatura, en ese sentido, no funciona como sentencia, sino como espejo crítico.

Colombia no está condenada a reproducir indefinidamente sus ciclos de entusiasmo, frustración y reacción. Pero sí enfrenta una tarea exigente: reconstruir la confianza en la deliberación pública, valorar el conocimiento técnico sin convertirlo en privilegio cerrado, reconocer los saberes territoriales sin reducirlos a intuición personalista y exigir que toda promesa de cambio se traduzca en capacidades reales de gobierno.

La metáfora de la cola de marrano de la que tanto huyeron los Buendía, leída políticamente, no debe entenderse como una condena sobre la sociedad colombiana, sino como una advertencia sobre los efectos acumulativos de la desmemoria, la polarización y la baja exigencia ciudadana. El deterioro institucional no ocurre de un día para otro: se forma cuando se normaliza la improvisación, cuando el adversario se convierte en enemigo y cuando la conversación pública deja de distinguir entre indignación legítima y solución responsable.

La salida, por tanto, no consiste en esperar la aparición providencial de un dirigente excepcional, un José Arcadio Buendía que funde y refunde la patria, sino en elevar el estándar colectivo de la democracia. Una ciudadanía más exigente debe pedir diagnósticos rigurosos, equipos competentes, respeto por los límites constitucionales, sensibilidad territorial y capacidad de ejecución. El reto es enorme, pero no por ello inalcanzable; aunque, como toda tarea que depende de la memoria colectiva y de la voluntad política, también deja espacio para la duda. Solo entonces la política podrá dejar de girar alrededor de sus desencantos recurrentes y convertirse en un proceso real de aprendizaje colectivo. Tal vez esa sea la segunda oportunidad que Macondo no alcanzó a tener: leer a tiempo sus propios pergaminos, reconocer sus advertencias y corregir el rumbo antes de que la historia vuelva a imponer, con viento implacable, el costo de no haber aprendido.

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho Universidad de Buenos Aires

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