En Argentina, el encierro penal no para de crecer. La publicación del Informe Anual del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) pone el foco sobre el estado crítico y estructural del sistema penitenciario y los lugares de encierro del país. Con cifras que consolidan una tendencia punitiva en constante expansión, el diagnóstico del organismo que monitorea estos datos revela la dimensión de una crisis de hacinamiento que desborda las capacidades operativas del sistema.  

Según los datos que se agrupa en el documento, la población privada de la libertad alcanzó la cifra récord de 135.378 personas en todo el territorio nacional, es decir, hay 290 detenidos por cada 100.000 habitantes, lo que ubica al país en niveles de ocupación muy por encima de los cupos legalmente habilitados y agrava las condiciones socioambientales en el encierro.

El Comité denuncia que las comisarías y las dependencias policiales son utilizadas como “depósitos permanentes donde se ejercen prácticas abusivas”. Concebidas originalmente como lugares de detención transitoria por pocas horas, en diversas provincias y particularmente en áreas metropolitanas, se han transformado en lugares de alojamiento prolongado por meses o incluso años. Lo que genera condiciones de hacinamiento infrahumano, vulnera el acceso a la salud y conlleva graves riesgos para la integridad física de los detenidos. 

“El uso de dependencias policiales como unidades de detención permanente consolida un escenario de vulneración sistemática de derechos y diluye las garantías constitucionales mínimas”, dice el informe. 

El CNPT documenta también la existencia de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre las dinámicas detectadas en las inspecciones periódicas se destacan la reiteración de golpizas, la aplicación de aislamiento prolongado y el incremento de la tasa de mortalidad bajo custodia estatal, fenómenos que exponen la falta de controles efectivos y la escasez de investigaciones judiciales al respecto.