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Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y reabre el debate sobre los límites y el control

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental. Entre los límites de la censura, los vacíos de control y el debate sobre la soberanía digital, especialistas analizan en diálogo con 4Palabras los alcances de esta medida y abren el debate sobre cómo abordar el tema en el país.

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Esta escena representa un fenómeno común donde las personas utilizan sus dispositivos móviles durante interacciones sociales, lo cual puede generar discusiones o afectar la calidad de las relaciones personales.

Francia se transformó, esta semana, en el primer país de la Unión Europea en regular el uso de las redes sociales en niños y adolescentes hasta los 15 años. La medida, que fue impulsada por el presidente Emmanuel Macron sobre el final de su gobierno y aprobada por una gran mayoría –279 votos a favor y 81 en contra–, anticipa que desde septiembre se prohibirá la creación de nuevas cuentas en las redes sociales y que las plataformas dispondrán de cuatro meses para eliminar las ya existentes que pertenezcan a menores de edad. La legislación también prohíbe los teléfonos móviles en las escuelas, con las excepciones para enciclopedias en línea y proyectos educativos digitales.

Entre los principales objetivos está prevenir los problemas de salud mental, las adicciones y los riesgos de ciberbullying en niñas, niños y adolescentes. Los expertos coinciden en que las plataformas los sobreestimulan en etapas claves de su neurodesarrollo. Entre las redes sociales alcanzadas por la normativa, desde el 1° de septiembre cuando inicien las clases en Francia, se encuentran TikTok –una de las plataformas señaladas por los especialistas por ser considerada como adictiva–,  además de Instagram, Facebook y Snapchat. En tanto algunas funciones de WhatsApp y YouTube también estarán prohibidas como compartir canales o comentarios pero no afectará la visualización de videos ni los mensajes.

La reforma se basa en un sistema de verificación de edad implementado por las plataformas, sin sanciones previstas para los menores ni sus padres. Las plataformas deberán verificar la edad de sus usuarios mediante la confirmación de identidad a través del sitio web gubernamental France Connect, por ejemplo, u otro software aún por determinar. Sin embargo, el debate parece no tener fin: este jueves 23, los miembros del partido La Francia Insumisa presentaron un recurso de amparo contra la medida porque consideran que la prohibición y el control de la edad constituyen no solo un ataque a la libertad de expresión y comunicación, sino también al derecho al respeto de la vida privada, dos principios consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (DDHC) de 1789.

En Argentina, donde ingresaron por lo menos una decena de proyectos similares, aunque con diferentes características entre sí, los especialistas advierten que no es posible regular el uso de la misma manera que en Francia. Martín Becerra, docente e investigador de CONICET, especialista en medios, TIC, política y sociedad, advierte que la nueva normativa que prohíbe las redes hasta los 15 años “se trata de una medida tardía y limitada” porque no resuelve el problema que enuncia como objetivo a superar y “posee, además, muchas contradicciones”. 

“Hace más de dos décadas que las Big Tech acumulan datos y elaboran perfiles con objetos de mercantilización para menores de edad, vulnerando todas las normativas vigentes como la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, de la misma manera que casi todas las leyes de todos los países –sostiene Becerra—, pero también, aunque tarde, es bienvenido que los gobiernos finalmente reaccionen”.

El investigador asegura que, de todos modos, la medida es limitada “porque en lugar de ir contra el modelo de los negocios que explota los datos para limitar la capacidad que tienen estas big tech de extraer, procesar, mercantilizar los datos de las y los usuarios, que es lo que tendrían que hacer, se dedican a prohibir la existencia de cuentas para menores de edad en redes digitales”. La normativa además presenta problemas –dice–, porque exige un proceso de identificación de edad puede, en algunos casos y según el mecanismo que usen para implementarlo, lesionar los derechos de los sujetos que se supone que se tienen que proteger. 

“Los alcances de la medida son dudosos también en el sentido de que la efectividad habría que ver en cuánto tiempo y a qué porcentaje de usuarios pretende alcanzar”. En el caso de Australia, uno de los primeros países en implementar este tipo de normas en diciembre del año pasado, los objetivos del gobierno fueron realistas, modestos: la prohibición fue para menores de 16 años y, desde entonces, se reportó una disminución del 37 por ciento en el uso de las redes por parte de adolescentes. “Esto es: sabían que no iban a lograr que el 100 por 100 ciento de las niñas, niños y adolescentes dejaran de usar redes si no que fue un proceso que las autoridades consideraron gradual. Un 40 por ciento dejó de usarlas pero hay un 60 por ciento que lo sigue haciendo porque la norma es fácil de vulnerar”.    

Las madres y los padres ven cómo la adicción a las pantallas reduce el juego en persona, cuerpo a cuerpo, genera graves problemas de socialización y promueve discursos o acciones de odio.

“Yo quiero seguir usando las redes sociales porque me comunico con mis amigos”, dice un joven de casi 16 años. Daniel Brailovsky, doctor en Educación, investigador y pedagogo, autor de Educación digital crítica. La escuela ante la smartphonización del mundo (junto a Ángela Menchón), sostiene que en algunos países se está avanzando en medidas para los niños y niñas, con propuestas que “se quedan en la pura restricción” como si impedir el acceso a algo por parte de sujetos vulnerables, con algo percibido como un peligro, fuera la única acción posible o necesaria. “En otros casos, como Noruega, se restringió el acceso de la IA en las escuelas primarias pero eso viene acompañado de toda una política de soberanía de datos, de construcción de nubes y plataformas estatales”. 

El investigador y docente de FLACSO sostuvo que, por supuesto, los gestos de cuidado o el proteccionismo clínico “son reacciones espontáneas de las personas y las instituciones como algo que se percibe como una amenaza o un riesgo, pero las intervenciones que realmente sirven son las que además vienen acompañadas de otro tipo de medidas como una socialización crítica de las redes sociales, con el cuestionamiento desde el punto de vista ético, educativo, curricular y también legal de los sentidos que instalan las plataformas desde sus sentidos puramente comerciales”.

“Me parece bien que puedan empezar a poner algunos límites sobre las redes sociales, las madres y los padres tenemos que encontrar alguna manera de protegerlos, es muy difícil administrar el uso con los adolescentes entonces quizás hasta los 15 años es un montón, pero lo que más se logre será interesante”, dice Sara, que tiene una hija de esa edad cursando tercer año de la secundaria en CABA. Sin embargo, la Argentina no tiene una ley que regule el acceso a las redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes pero, en lo que va del año, se presentaron más de diez proyectos vinculados a este tema. El diputado Esteban Paulon fue uno de los que propulsó una de las iniciativas: “Entornos digitales seguros y saludables”. 

El legislador de Provincias Unidas identificó que la irrupción de plataformas, dispositivos y redes sociales en la vida de niñas, niños y adolescentes es un tema de enorme preocupación y debate internacional. “Hay una serie de proyectos que estamos debatiendo en el Congreso, nuestro espacio presentó uno con el objetivo de crear entornos digitales seguros y saludables, que básicamente plantea algunas acciones de restricción (no de prohibición plena) de acceso a determinadas plataformas y aplicaciones, con sistema de control parental preinstalados en los dispositivos, la posibilidad de vinculación de las personas mayores responsables con las de menores para verificar la mayoría o minoría de edad”.  

Las madres y los padres ven cómo la adicción a las pantallas reduce el juego en persona, cuerpo a cuerpo, genera graves problemas de socialización y promueve discursos o acciones de odio. Paulon, por esto, sostiene que su proyecto plantea cuestiones relacionadas a la noción de “ciudadanía digital” porque considera que “sin educación ni preparación de los equipos docentes, sin preparación y herramientas para las propias familias para enfrentar estos desafíos, que realmente está imponiendo un debate muy profundo en todo el mundo, difícilmente podamos avanzar”. El diputado manifestó que la prohibición plena “fracasó” porque los niños y las niñas encuentran “otros ámbitos menos transparentes y visibles para acceder a ciertos contenidos en plataformas y aplicaciones” o porque “realmente generan periodos de abstinencia, que eso hace que luego quieran consumir recuperando el tiempo que se perdió” y, también, porque en la experiencia de otros países también esto de la “prohibición total” se está revisando.  

Por todo eso, Brailovsky sostiene que las empresas que dirigen estas redes sociales son actores “muy poderosos”. Justamente por este motivo, “es muy difícil y, en el caso de Argentina directamente, no se desea cuestionar”. El pedagogo confiere que no se considera que “esos intereses centrados en la producción del consumo puedan tener efectos negativos en las personas y, sin embargo, quienes sostenemos una postura más humanista encontramos que hay una contradicción entre generar la rueda interminable de producir contenidos y consumirlos para aumentar el precio de las publicidades, lo que sin dudas debería poder cuestionarse desde un enfoque crítico y global”. Por todo eso, dice, “la educación digital crítica emancipadora debería poder pensar la relación de las personas con las máquinas desde un lugar de soberanía, en el cual no constituyan formas de gobierno autoritario o que promuevan la desigualdad si no todo lo contrario”. 

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