La senadora defendió además el fondo de la reforma –”no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros”– y remarcó que el proyecto, que ya acumula al menos 15 versiones, busca “salir de la era” de la ley vigente, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner con el impulso de quien entonces era diputado, Máximo Kirchner.

La última versión del dictamen mantiene a cada provincia con jurisdicción plena sobre su territorio y la facultad de fijar el régimen jurídico aplicable a la venta de tierras. Prohíbe, en cambio, la adquisición de tierras rurales por parte de estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización conjunta de la provincia y del Poder Ejecutivo nacional. Toda compra por extranjeros deberá inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales, y las adquisiciones en zonas de seguridad de frontera requerirán también el aval provincial y nacional. El texto elimina, además, la cláusula de silencio administrativo que preveía la aprobación automática de una venta si la provincia o la Nación no se expedían dentro de los seis meses.

El acuerdo despeja una de las tensiones internas más visibles de las últimas semanas, que había escalado en un cruce entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel por mensajes de WhatsApp filtrados, con la vice cuestionando la “integridad territorial” del proyecto. Pero no cierra la incertidumbre sobre los números: en el oficialismo reconocen que el capítulo sobre extranjerización sigue bajo presión de sectores eclesiásticos y de gobernadores, y que los votos de senadores clave –como los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para rechazar la venta de tierras a extranjeros– podrían definir si ese punto sobrevive en la sesión de agosto. 

La foto Bullrich-Sturzenegger llegó apenas horas de un fuerte respaldo público del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo dentro del predio de Palermo que inaugurará Milei el domingo. 

El respaldo expone, de todos modos, una paradoja que excede al debate legislativo: el mismo argumento de la “soberanía nacional” que el oficialismo esgrime en su batalla cultural contra estudiantes extranjeros –como muestra el proyecto del diputado bonaerense Agustín Romo para arancelarles salud y universidad– se disuelve cuando se trata de tierra y capital extranjero. Es un patrón que se repite: frente a cualquier malestar o resistencia, la respuesta oficial suele reubicar el conflicto en el terreno simbólico, con un enemigo interno o externo como culpable, mientras las decisiones de fondo –como la apertura a la compra de tierras– avanzan por una vía distinta a la del relato.

El proyecto de Romo no tiene ninguna base de sustento. El legislador ejemplificó con la UBA y la UNLP, pero estas son universidades nacionales: su proyecto solo alcanza a las universidades de gestión provincial, un puñado de instituciones bonaerenses donde ni siquiera se mide la nacionalidad de los estudiantes. En el campo sanitario ocurre algo parecido: según el propio Ministerio de Salud bonaerense, los extranjeros representan apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones en los hospitales públicos de la provincia. La realidad le revela a Javier Milei y a sus aliados otra cosa: los extranjeros a los que responsabilizan por el colapso de los servicios públicos son, en los números, una porción marginal.

El patrón libertario también quedó a la vista un día después de que se apagara la euforia por la final del Mundial 2026. Milei salió a cruzar en redes lo que definió como una “campaña antiargentina”, avaló sin matices un posteo del escritor Agustín Laje que responsabilizaba al kirchnerismo por “validar el wokismo” y lo suscribió con un escueto “ABSOLUTAMENTE CIERTO”. El mismo día, la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados marcharon al Congreso reclamando la recomposición de haberes y la restitución de la moratoria jubilatoria, en la primera gran movilización conjunta tras el receso del Mundial. Los gremios ya definieron una nueva marcha para el 7 de agosto, junto a la peregrinación a San Cayetano, y no descartan un paro general si el Gobierno no da respuestas antes de fin de año.

Los datos económicos difundidos esta semana explican buena parte de ese malestar: según el INDEC, 10,5 millones de personas ocupadas en los 31 conglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares ganan menos de 1.500.000 pesos por mes, por debajo de la canasta básica total de junio ($1.531.473) para una familia tipo. El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió esta semana que “ser pobre es una tragedia”, aunque insistió en que “ya están los brotes verdes”, una frase que en 2016 quedó asociada al fracaso de las promesas de reactivación del macrismo.

Mientras la calle y los indicadores marcan ese cuadro, la agenda del gobierno mira hacia afuera. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llega a Buenos Aires el 27 y 28 de julio invitada por Milei, en una visita centrada en la octava revisión del acuerdo vigente. En el medio, el presidente tendrá una gira regional por Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, con el objetivo declarado de consolidar una alianza regional de derecha. Es una agenda de proyección externa que convive, casi sin tocarse, con la que reclama la calle puertas adentro, y con una negociación legislativa –la de propiedad privada– que no logra avanzar por fricciones internas.

El resultado, por ahora, es una brecha cada vez más visible entre la agenda que el Gobierno elige narrar y la que empieza a imponer la realidad. La politóloga Yanina Welp en su reciente libro De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina (Prometeo) advierte que en la Argentina “cada vez que la representación entra en crisis reaparece la idea de consultar directamente a la ciudadanía. Ocurrió con Menem, con Milei y probablemente volverá a ocurrir”. La apelación a un enemigo externo o interno –el kirchnerismo, el “wokismo”, los extranjeros cuando conviene– cumple una función parecida: sustituye la negociación institucional, que el propio gobierno no logra destrabar ni en el Senado, por una épica directa entre el líder y “la gente”, mientras la marcha del miércoles, la de San Cayetano en agosto y la eventual medida de fuerza hacia la primavera configuran un calendario de protesta que corre en paralelo –y en sentido contrario– al que el Presidente elige mostrar en sus redes y en sus viajes.

4Palabras