Cuando unas botellas de vodka que jamás podrían haber sido precursoras de un fuego se presentan como un dispositivo letal, la vara de lo que constituye una “amenaza a la seguridad nacional” se ha rebajado hasta la arbitrariedad absoluta. Bajo semejante enfoque, el ejercicio legítimo de los derechos civiles pasa a ser categorizado, sin mediación alguna, como un acto pre-terrorista. Las reminiscencias del macartismo de los años ´50 no podrían ser más evidentes.

La realización de esta reunión ministerial se entiende mejor si nos valemos de un concepto propuesto por la llamada Escuela de Copenhague de estudios internacionales. En su teoría de la securitización, los autores asociados a la misma sostienen que hay fenómenos que, sin ser intrínsecamente problemas de seguridad, pasan a ser percibidos como tales mediante un acto del lenguaje ejecutado con éxito por un actor investido de autoridad política. Toda la reunión llevada a cabo en Washington cabe dentro de esa definición.

En este caso, al calificar un problema inexistente como una “amenaza existencial”, el gobierno de Trump busca romper las reglas habituales del juego democrático y justificar la adopción de medidas extraordinarias e invita a sus huéspedes en Washington a sumarse a esas acciones. Vista así, la reunión no funcionó como un foro de inteligencia ni como un espacio de cooperación policial transnacional, sino que fue un acto masivo de securitización.

La presencia del canciller Quirno y el fetiche de la amenaza importada

Dada la sumisión del gobierno actual de Argentina, la asistencia del canciller Pablo Quirno no requería siquiera de un RSVP. Si existiera en nuestro país algún tipo de amenaza terrorista, la primera obligación constitucional de un gobierno no es poner en un avión a su ministro de Relaciones Exteriores para que asista a una cumbre en el exterior, sino rendir cuentas con carácter de urgencia ante el Congreso Nacional. Asistir a un cónclave de estas características sin haber presentado previamente, al menos, un informe riguroso de inteligencia constituye un nuevo desarreglo institucional y una nueva elusión del control republicano.

La adhesión del mileísmo al relato de Trump y Rubio roza en este caso el delirio. Ni en el territorio nacional, ni en los países vecinos existe amenaza alguna de terrorismo o de violencia política desde hace por lo menos dos décadas. La sociedad argentina archivó hace rato la cuestión de la violencia armada y el conflicto social contemporáneo se encauza estrictamente dentro de los márgenes constitucionales.

¿Qué hace entonces el canciller Quirno ratificando en Washington un documento que alerta sobre una “amenaza extrema”? La respuesta es tan clara como alarmante: no viajó a defender la seguridad de los argentinos frente a un peligro real, sino a importar el libreto del pánico norteamericano para traducirlo en insumo de política doméstica, facilitando la persecución de movimientos sociales y la estigmatización de la disidencia bajo el rótulo de “extremismo”.

Esta dinámica cobra mayor sentido si la inscribimos en el despliegue hemisférico de la Doctrina Donroe. A diferencia de la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría, que respondía a la lógica del enfrentamiento bipolar, el lineamiento trumpiano promueve un mecanismo de sincronización ideológica y subordinación política. La reunión en Washington expuso el nivel de articulación alcanzado por la internacional reaccionaria en el hemisferio occidental.

En el corazón del planteo articulado por Marco Rubio, que tuvo tiempo de rememorar las acciones armadas tanto de los extintos Montoneros, como de los Tupamaros, hoy plenamente integrados en la política democrática en Uruguay, se lleva a cabo un peligroso desplazamiento conceptual que pone como vara de la seguridad no las amenazas a la soberanía o la vigencia de los derechos humanos, sino la homogeneidad ideológica de los gobiernos, que se espera converjan todos en valores de extrema derecha. El relato comporta también una definición de enemigo: terroristas pueden ser la prensa libre, el sindicalismo y los adversarios electorales.

Ante semejante deriva ideológica, la Argentina representada por Quirno opta por el mimetismo retórico y la  importación sin filtro de las obsesiones discursivas de la Casa Blanca, subordinando la agenda exterior del país a la política doméstica estadounidense.

Un representante gubernamental que acepta que un episodio con unas botellas incombustibles de vodka sirva de premisa para discutir de seguridad, nos adentra en un terreno de arbitrariedad que amenaza el estado de derecho.

La securitización del pluralismo político impulsada por Washington y convalidada con la presencia del gobierno argentino en esta reunión no busca protegernos de amenaza real alguna: busca blindar el poder contra la disidencia. Mientras otros gobiernos, sobre todo en nuestra región, sigan siendo la claque de este pánico fabricado y fingiendo protegernos de molotovs que no arden, la verdadera amenaza no estará en ninguna disidencia, sino en los despachos donde se redactan las leyes de excepción.

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