La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es un eslabón más de una serie de avances del gobierno de Javier Milei sobre la soberanía de la tierra y el cuidado del ambiente. Al gobierno no le alcanzaron los votos y tuvo que posponer la votación para agosto.

Marcelo Chata Garcia

Eventos que acaparan tanto la atención de la sociedad como el mundial de fútbol sirven para hacer pasar medidas controvertidas sin despertar demasiadas polémicas. Eso parece haber pensado el gobierno y los senadores, prestos a votar la modificación de la Ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales y sanciona la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto de ley elimina las limitaciones actuales para la concentración de tierras en manos extranjeras, también limita las posibilidades del Estado para expropiaciones por razones de bien público y quita las restricciones sobre terrenos que han sufrido incendios, una medida tomada para desalentar los incendios especulativos.

Raramente las cosas suceden como se planean, el destino siempre guarda alguna sorpresa. Y la sorpresa fue que, terminado el partido de la selección nacional contra Inglaterra, los jugadores de la selección, raramente adeptos a enarbolarse con cuestiones políticas y ajenos a lo que se negociaba en la Cámara Alta, exhiben la bandera: Las Malvinas son argentinas. Y entonces la coyuntura se mostró desfavorable para votar una ley que entrega patrimonio nacional a capitales extranjeros. Cuidadosos de las formas y de no ganarse la antipatía popular, los senadores no dieron su respaldo y postergaron la votación para más adelante, para cuando el rutilante nombre que le han dado al proyecto de ley -inviolabilidad de la propiedad privada- disipe el espíritu crítico de la opinión pública.

Cuidadosos de las formas y de no ganarse la antipatía popular, los senadores no dieron su respaldo y postergaron la votación para más adelante, para cuando el rutilante nombre que le han dado al proyecto de ley -inviolabilidad de la propiedad privada- disipe el espíritu crítico de la opinión pública.

Esta no es una ley aislada. Se articula con una serie de leyes, proyectos y discusiones que liberan la explotación de nuestros recursos naturales y reducen los controles del Estado y la participación de la sociedad civil. La reforma a la Ley 26.639, de Glaciares, redujo las zonas protegidas como ambiente glacial o periglacial abriendo la posibilidad de avanzar sobre esos territorios a las empresas mineras a expensas de los recursos hídricos estratégicos. La Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, que mandaba inventariar y normalizar las tierras de las distintas comunidades de los pueblos originarios fue derogada. Se intenta modificar la Ley 26.331, de Bosques Nativos, que demarca las áreas de protegidas y los requerimientos para aquellas áreas que pueden ser explotadas. Y siguen los frenos para la Ley de Humedales.

En “¿Quién decide sobre el territorio?”, un artículo publicado en la Revista Bordes, en abril de este año, la investigadora Tamara Perelmuter observa que, “las regulaciones ambientales y los dispositivos de protección territorial dejan de funcionar como límites estructurales para convertirse en variables susceptibles de adecuación según las necesidades del nuevo esquema económico”. El gobierno sostiene que esta desregulación alentará la entrada de capitales y un crecimiento económico que favorecerá a toda la población. Pero la realidad muestra que el crecimiento de la economía lejos está de verse reflejado en los ingresos de las familias. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) solo ha canalizado fondos para proyectos en unos pocos rubros mineros y energéticos, mientras el cierre de fábricas y la caída del trabajo registrado se han vuelto una constante. Esta avanzada sobre las tierras rurales es otro aspecto más de una economía extractivista que entrega la soberanía, el territorio y los recursos naturales para beneficios de unos pocos.

“La discusión excede el plano jurídico -continua Perelmuter en su artículo- y expresa una disputa más profunda entre modelos territoriales: uno que concibe la tierra como activo financiero global y otro que la entiende como base material de la soberanía, la producción y la reproducción social rural”. Lo que está en disputa es el sentido que le damos al territorio, y el sentido viene del lugar que le adjudica el modelo de desarrollo, si es simplemente un bien económico, o se está atravesado por la historia, la cultura y los derechos ambientales. Ese territorio que al recorrerlo nos hace decir: ¡qué linda es Argentina! Basta que un grupo de argentinos nos muestre de lo que somos capaces para que recordemos que podemos y merecemos mucho más.

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