El proyecto, tal como llegó al recinto, deroga los artículos 8 y 10 de la ley 26.737 –que fijan el límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y el tope de mil hectáreas por titular en la zona núcleo– y elimina el criterio general que consideraba extranjera a toda sociedad con 51% de capital foráneo. La prohibición de compra queda reservada a estados extranjeros y a empresas bajo su control, con autorización provincial y del Poder Ejecutivo. También deroga el artículo 4 del decreto-ley 15.385/44, que reservaba para ciudadanos nativos los inmuebles de zonas de seguridad de frontera, y modifica el régimen de desalojos y expropiaciones. Todo ese texto queda ahora en suspenso hasta la sesión del 6 de agosto, cuando el oficialismo intentará, otra vez, reunir los votos que le faltaron este jueves.

La discusión de fondo excede lo técnico. El senador Wado de Pedro, uno de los más duros críticos del proyecto, sostuvo en el debate previo que “sin territorio, dejamos de ser un país soberano” y llegó a plantear que “la única explicación” del avance oficial es “algún negocio non sancto de Milei con multimillonarios, fondos especuladores o potencias extranjeras”. Referentes de la Iglesia y de la ciencia ya habían expuesto en el Senado objeciones similares, en un país donde apenas el 6% de la tierra rural está en manos extranjeras, muy por debajo del tope vigente. 

El clima futbolero también tuvo su costado político: el senador Carlos Linares pidió una cuestión de privilegio por la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra, y el peronismo cuestionó a los libertarios –varios con la camiseta de la Selección puesta en sus bancas– por debatir la venta de tierras el mismo día de los festejos.

Desde el oficialismo, el secretario de Desregulación Alejandro Cacace había defendido el proyecto en diálogo con este periodista: calificó de “contradicción” la objeción de la Iglesia, que predica un cristianismo universal y a la vez reserva la tierra solo para argentinos, y apeló al artículo 20 de la Constitución para sostener que restringir la compra a “47 millones” de argentinos frente a “siete mil millones” de compradores potenciales le resta valor a la tierra y desalienta la inversión productiva en el NEA, Cuyo y la Patagonia. Esa apuesta oficial –capital extranjero privado a cambio de desarrollo– queda ahora condicionada a lo que se negocie con los aliados de acá al 6 de agosto.

“Hay pequeños detalles que tenemos que terminar de trabajarlos”, admitió tras la sesión el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala. El oficialismo había notado un quiebre entre los aliados. “La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la ley de Tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, señaló el partido centenario en un comunicado. Eduardo Vischi no podía garantizar los votos de su bancada de diez senadores.

Mientras el proyecto estrella de Sturzenegger quedaba en pausa, el Senado sí avanzó con la agenda judicial, en lo que fue la última sesión antes del receso invernal: aprobó una treintena de pliegos judiciales y 26 ascensos de Cancillería. 

El caso más sensible fue el del camarista Víctor Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que cumple 75 años el 27 de julio y necesitaba el acuerdo del Senado antes de esa fecha para no pasar a retiro: su prórroga por cinco años se votó por separado y se aprobó con 35 votos a favor y 32 en contra. Pesino había rechazado el amparo de la CGT contra la reforma laboral y dispuesto la intervención de la UOM, lo que convirtió su pliego en un símbolo político. 

En el recinto, el senador peronista Mariano Recalde cuestionó al juez con dureza: dijo que en los tribunales lo llaman, junto a su colega María Dora González, “Bonnie and Clyde”, que a la Sala VIII la apodan “la sala Banelco” y que Pesino admitió en la audiencia pública haberse reunido con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, antes de dictar el fallo que benefició al Gobierno. “Hay indicios graves, precisos y concordantes de que este juez no actúa de acuerdo a sus convicciones, sino a sus conveniencias”, sostuvo Recalde.

Entre los pliegos aprobados también estuvo el de Juan Tomás Rodríguez Ponte para el juzgado federal de Lomas de Zamora, el que investiga a Jésica Cirio y Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y tiene también la causa Sur Finanzas de lavado de dinero en el fútbol. Rodríguez Ponte es exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, un antecedente que en el propio Senado se leyó como parte de la buena sintonía que el magistrado porteño mantiene con el oficialismo. Su pliego se votó junto al resto del paquete y obtuvo 65 votos a favor y solo dos en contra. 

Con esta tanda, el gobierno se acerca al centenar de jueces designados desde que asumió Milei, en el camino hacia el objetivo declarado de 300 nombramientos –una cifra que superaría los 287 pliegos aprobados durante los ocho años de gestión de Mauricio Macri–.

Además de los pliegos votados, en la misma sesión tomó estado parlamentario un nuevo paquete de una treintena de postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo, que ahora deberán recorrer todo el circuito de audiencias antes de llegar al recinto. Entre ellas se destacan las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el tribunal con asiento en Comodoro Py que revisa en segunda instancia las causas más sensibles para el Gobierno, como ANDIS y $LIBRA, con implicancias directas para Milei y su hermana. 

Bertuzzi ya integra ese tribunal desde 2018, por un traslado dispuesto en la gestión de Macri que había sido cuestionado por el kirchnerismo y que la Corte Suprema terminó sosteniendo de manera provisoria; ahora busca el concurso formal del cargo. Yadarola, por su parte, es cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y había integrado en 2022 la comitiva que viajó a Lago Escondido junto con jueces, exfuncionarios porteños, exagentes de inteligencia y empresarios de medios. El resto del paquete incluye nombramientos para tribunales orales federales, juzgados civiles y comerciales, fiscalías y defensorías de la Capital y el interior, con nuevas audiencias públicas previstas para el 4 y el 5 de agosto, ya en la previa de esa sesión clave que definirá el futuro de la ley de Tierras.

Lo que quedó planteado este jueves no se agota en una votación postergada: la interna libertaria, expuesta otra vez entre Villarruel y Bullrich, pesa tanto como los votos de los aliados a la hora de sostener la reforma de tierras. El oficialismo pudo avanzar sin sobresaltos con los pliegos judiciales, pero llega a agosto con la necesidad de resolver, puertas adentro, la disputa por el artículo que permitiría a las provincias regular a su manera la venta de tierras a extranjeros –el mismo punto que, por ahora, le costó los votos–.

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