El diseño de las reglas de juego institucionales suele presentarse bajo el ropaje de la transparencia, pero el examen de sus articulados revela, en ocasiones, dinámicas de signo inverso. El proyecto de ley de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, remitido al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, abrió un debate sobre los límites de la regulación pública y el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades. 

Una coalición amplia de organizaciones de la sociedad civil —entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundar, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Huésped, Poder Ciudadano y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)— encendió las alarmas a través de un documento que analiza las consecuencias que tendría la sanción del texto oficial.

La iniciativa gubernamental persigue el objetivo de “transparentar” las interacciones entre los actores privados y los funcionarios públicos mediante el establecimiento de registros y mecanismos de publicidad. Sin embargo, el cuestionamiento central radica en la amplitud de la definición de la gestión de intereses, un concepto que el proyecto expande de tal forma que abarca actividades normales dentro de la vida democrática, como las reuniones con legisladores, el impulso de reformas normativas o el monitoreo de políticas públicas. 

“La falta de independencia de la autoridad de aplicación y la amplitud de las

cuestiones que quedan libradas a la reglamentación implican riesgos de

implementación selectiva o la posibilidad de utilización arbitraria y

discriminatoria de la ley contra actores críticos”, advierten las organizaciones.

Al no realizar una distinción entre el lobby corporativo orientado a beneficios económicos particulares y la incidencia ciudadana en temas de interés público, el régimen unifica bajo las mismas obligaciones de control y sanción a sectores comerciales y a colectivos dedicados a la defensa de derechos humanos, sindicatos, universidades, organizaciones comunitarias o el periodismo de investigación. De acuerdo al documento, el proyecto “omite realizar una distinción fundamental entre lobby corporativo que busca beneficios económicos o regulatorios y la incidencia en temas de interés público, defensa y/o promoción de derechos fundamentales”.

El documento señala que el texto también asocia “de forma espuria” a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros. La categoría de “principal extranjero” abarca desde estados y partidos hasta personas jurídicas del exterior por cuyo financiamiento o beneficio principal se realice una gestión de intereses. Bajo estos términos, una organización local cuya posición coincida con la de un organismo internacional podría ser calificada como “gestora de interés extranjero” sin haber tenido contacto con dicha entidad, habilitando narrativas públicas basadas en la sospecha y la estigmatización que guardan similitudes con legislaciones restrictivas de otros países.