A once años del primer grito colectivo, el último informe de la consultora Zuban Córdoba revela que la sociedad civil consolidó un piso de consenso frente a la violencia de género. Sin embargo, el femicidio de Agostina Vega expone profundas grietas en la percepción de mujeres y varones. El repudio masivo al repliegue estatal.

Manuel Barrientos

Las calles de Argentina todavía guardan el eco de los pasos de la última movilización del Ni Una Menos. Son once años de un rito colectivo que insiste en interpelar el presente con la urgencia de lo que sigue roto. Este junio de 2026, el paisaje social está atravesado por una conmoción cercana: el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Su nombre se sumó a una lista de ausencias con biografías truncas que interpelan de manera directa la inacción de los despachos oficiales.

Frente a este escenario, la consultora Zuban Córdoba acaba de publicar su último informe nacional, un mapa de opinión pública que funciona como una radiografía de las sensibilidades argentinas y de las persistentes fracturas. El primer dato es contundente y parecería clausurar viejos debates negacionistas: para una abrumadora mayoría la violencia contra las mujeres es entendida como un problema estructural de la sociedad.

La sociedad civil parece haber internalizado un lenguaje común frente al dolor, consolidando un piso de consenso democrático que costó años de militancia y pedagogía de la calle. Pero cuando la encuesta bucea en la percepción profunda de la vida cotidiana, la superficie homogénea se resquebraja. Allí emerge una brecha de género que expone cómo hombres y mujeres habitan realidades y peligros de manera asimétrica.

El 69,7% considera que a las víctimas las estigmatizan cuando denuncian. Pero surgen las diferencias: lo notan el 78,8% de las mujeres y el 60,2% de los varones. “Ellas sufren más y además son más conscientes del precio social de animarse a denunciar. Ahí hay una explicación de por qué tanta gente no denuncia”, sostiene el informe.

Más del 75% de las personas consultadas desaprueba la respuesta institucional y estatal ante el femicidio de Agostina Vega. “El caso funciona como prueba de un Estado que no estuvo a la altura, y eso es un costo político concreto para quien gobierna”, asegura el informe.

Quizás el punto de mayor saturación social que desnuda el informe de Zuban Córdoba reside en la evaluación del rol estatal. En tiempos donde desde los discursos oficiales se promueve el repliegue del Estado y la desarticulación de las políticas de prevención y acompañamiento, el humor social parece ir en la dirección contraria. Más del 75% de las personas consultadas desaprueba la respuesta institucional y estatal ante el femicidio de Agostina Vega. “El caso funciona como prueba de un Estado que no estuvo a la altura, y eso es un costo político concreto para quien gobierna”, asegura el informe.

Desde la consultora Zuban Córdoba sostienen: “La justicia es el verdadero punto flojo”. De acuerdo a la encuesta, la desconfianza en fiscalías y tribunales llega al 80,4%, y más de 6 de cada 10 eligen directamente “mucha desconfianza”. Las personas asignan una causa: el 71,2% cree que jueces y fiscales no están bien formados en perspectiva de género. “No es solo bronca difusa: hay un diagnóstico y, con él, una agenda clara de reforma y capacitación que tiene apoyo social”, explica el informe. En el caso de la policía, la desconfianza llega al 68%.

A más de una década de aquella histórica tarde de 2015 en la que miles de mujeres dijeron basta, los datos de este junio de 2026 confirman que la herida sigue abierta. “La sociedad argentina ya no minimiza el problema. En un país atravesado por diferencias políticas asfixiantes, este tema se consolida como un eje que puede generar consensos absolutos. Algo que toda la clase política debería poder aceptar y aprovechar. Montar consensos generalizados es el primer paso para construir

políticas de Estado que sobrevivan en el tiempo”, concluye el informe de Zuban Córdoba.

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