«El principio de Marx no es de Karl ni de Groucho, sino de Daniel: siempre hay que tener las cosas escritas para cuando hay una reunión del gobierno y surge la oportunidad», explicó un funcionario cercano al ministro que festejó en el recinto de la Cámara baja el avance de la norma que busca derogar más de 70 leyes supuestamente «obsoletas» casi un año después de su presentación original. El mismo miércoles Sturzenegger festejó por partida doble: en el Senado obtuvo dictamen el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que delega en las provincias la regulación sobre tierras a extranjeros, también factoría de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

Fue una jornada legislativa productiva para un gobierno que, sin embargo, acumula tensiones internas que ya no disimula y registra niveles de imagen que lo ubican en el piso de su gestión. La paradoja define al mileísmo en esta etapa: la Casa Rosada puede conseguir votos para leyes de ajuste –Zona Fría y Hojarasca lo confirman– y para iniciativas que forman parte de la agenda de alineamiento con Washington –el avance del acuerdo de patentes IPC, treinta años después–. Lo que no puede, al menos por ahora, es construir una mayoría para prácticamente cualquier otra cosa.

Votar para desregular, votar para ajustar

La coalición que apoya al Gobierno en el Congreso es funcional y acotada. Lo demuestran los números de la sesión del miércoles. En Zona Fría, el oficialismo cerró 132 votos a favor y 105 en contra: La Libertad Avanza votó casi en bloque, el PRO acompañó, y la UCR y algunos bloques provinciales completaron el número. A cambio Diego Santilli tuvo que prometerle a los gobernadores aliados del Norte que habrá rebajas en el consumo eléctrico durante el calor agobiante de verano. La cintura del “Colo” demostró la pirueta que pueden hacer algunos gobernadores: el radical Alfredo Cornejo había votado a favor de la ampliación geográfica de las Zonas Frías impulsada en 2020 por Máximo Kirchner, pero ahora votó para restringirla (el miércoles por la mañana se fotografió junto al ministro Luis Caputo dentro del Palacio de Hacienda).

En Hojarasca, los votos fueron similares en composición. El mapa es siempre el mismo: una alianza legislativa de geometría variable que alcanza para el ajuste, para la desregulación en favor de intereses concentrados, y para los compromisos asumidos ante Estados Unidos y la Unión Europea. Esa última categoría es la más reveladora. La Ley Hojarasca –detrás de la anecdótica derogación del carnet de mochilero o el registro de palomas– voltea también la ley 26.688, que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas. 

La sintonía con el lobby norteamericano para impulsar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) no es una coincidencia: la ratificación del PCT es una de las exigencias del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Y la Hojarasca, al desmantelar protecciones a la industria farmacéutica local, pavimenta ese mismo camino.

No es casualidad que el PCT, que estaba previsto para la sesión del 20 de mayo, haya quedado fuera del temario. Alejandro Cacace, el secretario de Desregulación, viajó esta semana a Washington precisamente para afinar los detalles del tratado. En la comitiva explicaron en off la demora con la votación en Diputados, que a su vez revela el alineamiento automático con la Casa Blanca: «Estamos esperando que definan en EEUU su esquema arancelario, que quedó poco claro tras los fallos judiciales». La Corte norteamericana volteó los aranceles de Donald Trump y el coletazo llega a la política local.