El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado fue el escenario de una nueva controversia entre el gobierno de La Libertad Avanza y la jerarquía de la Iglesia Católica, representadas en este caso por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas nacional, Gustavo Carrara. La discrepancia se planteó respecto del tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, en tanto el obispo advirtió sobre la necesidad de mantener políticas de Estado que trasciendan los gobiernos para proteger a los sectores más vulnerables.

La controversia entre el ministro y el arzobispo suma un nuevo desencuentro entre el oficialismo gobernante y la jerarquía católica que en los últimos meses reiteró sus críticas sobre las políticas públicas referidas a discapacidad, salud, asistencia alimentaria y vivienda, entre otros temas.

Sturzenegger defendió su propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual gobierno libertario: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Según el ministro, ambos conceptos están intrínsecamente ligados a la protección de la propiedad privada, a la que calificó como un requisito indispensable para el desarrollo económico. Y argumentó que la fragilidad fiscal histórica del país contribuyó a la vulneración de los derechos de propiedad y desalienta tanto la inversión local como la extranjera.

Para el arzobispo Carrara el proyecto de ley pretende avanzar sobre una política pública “de amplio consenso” que, mediante la ley 27.453 y sus modificatorias, impulsó el acceso a la vivienda en los barrios populares. El arzobispo platense dijo que la reforma propuesta “implica un retroceso en las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda y genera mayor incertidumbre jurídica” y que no pretende ir contra de la propiedad privada, sino que busca extenderla, otorgando títulos a personas que habitan esos lugares desde hace más de veinte años”. Para reforzar su argumentación el arzobispo recordó además que, antes de proceder a la escritura de los terrenos, el Estado debe llegar con el trazado de calles, agua y energía eléctrica.