El Congreso aprobó la reforma de la ley de glaciares

En una sesión de casi doce horas, la Cámara de Diputados de la Nación dio la sanción definitiva a la reforma de la ley de Glaciares. Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, el nuevo esquema redefine la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país, y "destraba", según el oficialismo, millonarios proyectos mineros. Para el ambientalismo, el futuro queda en los tribunales. Con los antecedentes de victorias legislativas y retrocesos judiciales, ¿puede el gobierno garantizar seguridad jurídica a las mineras? El mapa de votación. Alianzas y fisuras.

Martina Dentella

Mientras por estas horas, el ambientalismo en red se pregunta quién traicionó a quién, el Gobierno volvió a consolidar una mayoría heterogénea. Una vez más, al bloque de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan) y sectores de Encuentro Federal (liderados por Nicolás Massot).

La nota distintiva la dieron dos diputados de Unión por la Patria, Cristian Andino y Jorge Chica (San Juan), quienes rompieron con su bloque para apoyar la iniciativa. En la vereda opuesta, el grueso de UxP, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y figuras como Miguel Pichetto y Marcela Pagano rechazaron la reforma.

Tal como señalábamos en una nota publicada en este mismo medio, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) dio cuenta sobre el reparto discrecional de fondos públicos que coincidió con el calendario legislativo: entre enero y febrero se ejecutaron $27.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El 74,1% de ese total ($20.000 millones) fue transferido a Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Salta apenas tres días antes del tratamiento en el Senado. La correlación fue total: 14 de los 19 senadores de esas provincias votaron a favor. Y durante marzo y abril, el Ejecutivo otorgó adelantos de coparticipación por $400.000 millones a 12 provincias que concentran 103 diputados.

Los 26 votos “extra” que el Gobierno consiguió por fuera de su núcleo duro provienen casi exclusivamente de las provincias que recibieron el auxilio financiero. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo en el recinto junto al ministro del Interior, Diego Santilli, para garantizar que los acuerdos se cumplieran. Estos fondos representan -para ponerlo en perspectiva- el pago de más de un millón de jubilaciones mínimas.

La nueva ley establece que solo contarán con amparo legal aquellas formaciones que cumplan una «función hídrica relevante». Esto deja fuera del paraguas protector a gran parte del ambiente periglacial, que hasta hoy era considerado reserva estratégica.

Los 26 votos “extra” que el Gobierno consiguió por fuera de su núcleo duro provienen casi exclusivamente de las provincias que recibieron el auxilio financiero. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo en el recinto junto al ministro del Interior, Diego Santilli, para garantizar que los acuerdos se cumplieran.

Si bien el IANIGLA mantiene la titularidad técnica del Inventario Nacional de Glaciares, las provincias ahora tienen la facultad de quitar o incorporar áreas del listado oficial. Quienes apoyan el cambio argumentan que esto permitirá reactivar proyectos mineros y energéticos paralizados por la «rigidez» de la norma anterior.

Entre algunas de las voces más potentes Myriam Bregman (FIT) tildó la reforma de «saqueo colonial», mientras que Juan Grabois comparó la situación con un escenario criminal: “Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes”.

El futuro en tribunales

Negociados hechos, Nación con mineras, y provincias con Nación, lo cierto es que nada garantiza la seguridad jurídica que promete el Ejecutivo. La experiencia reciente con la ley de reforma laboral y el financiamiento universitario anticipa una nueva batalla judicial inminente.

El abogado ambientalista Enrique Viale, que representa a centenares de voces que vienen de ser condicionadas en las audiencias públicas limitadas por el Ejecutivo, ya anunció que la norma es “regresiva e inconstitucional” y que “esto recién empieza, vamos por mucho más. La reforma recién votada es regresiva, manifiestamente inconstitucional y somos miles y miles en todo el país”. Mientras que el biólogo Guillermo Folguera denunció el vaciamiento científico de la ley: “No les importaron los argumentos ni la ciencia. Pero seguimos, nos tenemos”.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos anunciaron esta mañana que presentarán un amparo judicial para intentar frenar la modificación de la ley de glaciares.

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