Siete décadas debieron transcurrir para que la impunidad y el silencio impuesto por las balas de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas lograran revertirse y tuvieran un día de justicia. Este lunes, pasadas las 13 horas, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, transformó lo que ya era una verdad histórica en una verdad jurídica: los fusilamientos de José León Suárez, perpetrados en la madrugada del 10 de junio de 1956, fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

Aquel territorio de escombros y desolación que Rodolfo Walsh cartografió en Operación Masacre recibió, finalmente, el sello de la justicia. Aunque el paso del tiempo garantizó que los jerarcas de la dictadura de Aramburu y Rojas murieran sin pisar una cárcel común, el fallo determinó que les hubiera correspondido la pena de prisión perpetua por la planificación, ejecución y encubrimiento del secuestro de 12 personas, el homicidio agravado de cinco de ellas y la tentativa de asesinato de las siete restantes.

En diálogo con 4Palabras, el abogado querellante Walter Arias analizó la trascendencia de una resolución que excede lo simbólico y cala hondo en la jurisprudencia argentina: “Quedamos muy conformes con el veredicto, se cumplió lo que habíamos solicitado desde la querella. Es fundamental que haya sido declarado como delito de lesa humanidad y que se incorpore la sentencia en los legajos de Aramburu, Rojas, Rodríguez y Moreno”.

El debate oral y público, que se extendió durante tres jornadas, reconstruyó la arquitectura del horror montada por la autodenominada «Revolución Libertadora». Quedó probado que antes de la medianoche del 9 de junio de 1956, una patota comandada por el jefe de la Policía Bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, asaltó una vivienda en Florida donde un grupo de civiles y militantes peronistas se congregaba para escuchar una pelea de boxeo y aguardar novedades de la sublevación del general Juan José Valle.

La orden de ejecución llegó por teléfono de boca del propio Fernández Suárez a su subordinado, el jefe de la regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, calificado por la querella como el “eslabón clave” que coordinó la descarga de fusiles en los basurales. La dictadura siempre se escudó en la coartada de la supuesta vigencia de la ley marcial, pero la investigación original de Walsh —y ahora ratificada en el expediente— demostró el anacronismo criminal: las detenciones se produjeron más de una hora antes de que el decreto fuera emitido por radio.

En el acto cayeron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. Sus familias recibieron los cuerpos bajo una condición humillante y represiva: enterrarlos a cajón cerrado, sin flores, sin cortejo y en el más absoluto de los anonimatos. Sin embargo, el plan de silenciamiento absoluto fracasó. Siete hombres lograron escabullirse entre la maleza y la oscuridad, o sobrevivir milagrosamente a las balas: Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez y Juan Carlos Livraga. Este último, con 96 años y exiliado en Estados Unidos, es el único sobreviviente que queda en pie y que hoy ve coronada su demanda de dignidad.

El abogado querellante Walter Arias destacó la contundencia de las medidas reparatorias dictadas por la jueza Vence, que incluyen la obligación de estudiar la obra de Rodolfo Walsh en las escuelas de todo el país, la publicación de la sentencia en las plataformas oficiales del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires y la señalización y construcción de un sitio de memoria en el predio de los fusilamientos. 

“Fueron contundentes las medidas reparatorias y marcan, después de 70 años de espera, que hubo justicia. Es algo con lo que tanto los familiares como los abogados querellantes quedamos conformes”, remarcó Arias, responsable de la querella junto al abogado Alberto “Pepe” Palacios, ambos integrantes de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín.

Frente al escenario político actual y la implementación efectiva de los dictámenes del tribunal, el abogado fue contundente: “El gobierno nacional debería cumplir la sentencia. Es algo lógico, y esperemos que no haya que intimarlos para que se cumplan las medidas”.

Como ocurre habitualmente con los juicios por la verdad, el impacto de este veredicto sienta precedente sobre otros expedientes judiciales que investigan la violencia política y paraestatal. En ese sentido, Arias considera que este pronunciamiento destrabará otras demandas históricas: “Es un precedente, inclusive para la demanda que presentó el intendente de La Plata, Julio Alak, por los hechos sucedidos también el 9 y 10 de junio de 1956. Y el hecho de que haya sido declarado delito de lesa humanidad allana el camino para avanzar también en esa causa”.

Setenta años después, los nombres de las víctimas de José León Suárez se inscriben ahora también por parte del Poder Judicial en la historia de la resistencia popular y en el acervo de los derechos humanos de la Argentina.

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