Argentina / 19 febrero 2026

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Reforma laboral en zona de definición entre Gobierno y CGT con las provincias como árbitro

El Gobierno quiere acelerar las sesiones extraordinarias del Congreso con la reforma laboral como propósito central. El oficialismo y la CGT buscan apoyos en las provincias y los gobernadores juegan sus intereses. La baja de edad de imputabilidad en el paquete que va a las extraordinarias.

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Con reforma laboral 27 ene 2026

“Estamos hablando con gobernadores y senadores de distintas extracciones para llevarles nuestra mirada preocupada sobre todo esto”, decía el triunviro de la CGT Jorge Sola en una entrevista radial este lunes por la mañana, mientras Karina Milei armaba —en paralelo— una postal del poder libertario. La hermana del Presidente reunió en una misma foto a Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Luis Caputo, Martín Menem y Diego Santilli, y avisó puertas afuera de la Casa Rosada que el Gobierno buscará acelerar las sesiones extraordinarias del Congreso, que comienzan la semana próxima, con la reforma laboral como punta de lanza.

Tras la cumbre oficialista, Manuel Adorni anunció que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad también será incluido en el debate parlamentario. La jugada fue leída rápidamente en clave política dentro de La Libertad Avanza. “Veremos ahora qué pasa con la pretensión de incorporar más asuntos a las extraordinarias, posiblemente complique un poco, pero no hay nada nuevo para la reforma laboral”, comentó en off un senador oficialista, y agregó el dato que podría marcar el pulso de los próximos días de negociaciones: “El punto sigue estando en el capítulo de Ganancias y el sí o no de los gobernadores en función de eso”.

Así, tanto el Gobierno como la CGT buscan apoyos en la misma pecera: las provincias. En esa rosca se enfrascarán ambos bandos hasta el miércoles 11 o el jueves 12, fechas que ya se barajan para convocar a una sesión especial en la Cámara alta.

La aspiración del triunvirato que integran Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo es reunirse con aquellos mandatarios que podrían dar vuelta un escenario que, a priori, les resulta desfavorable. En agenda figuran encuentros con peronistas aliados del Gobierno, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), pero también con gobernadores que hasta ahora se mostraron ambivalentes, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El oficialismo porotea al menos 21 votos propios, a los que suma otros tres del PRO, pero se ilusiona con una base de 34 si logra retener a una decena de radicales que acompañaron el Presupuesto 2026. Para alcanzar el quórum de 37 y blindar una aprobación en general, necesitaría entonces el respaldo de apenas un puñado de los mismos gobernadores que hoy tantea la CGT.

“Estamos llevando adelante un plan de convencimiento sobre el sector político, que es el que tiene la responsabilidad”, explicó Sola en AM 530, aunque sin dar pistas sobre las respuestas obtenidas. La semana pasada la CGT recibió a los jefes de los bloques peronistas —el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez— y también mantuvo reuniones con CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos). De cara a una eventual sesión, se espera una nueva cumbre del consejo directivo cegetista, atravesado además por internas propias.

Del otro lado, el oficialismo porotea al menos 21 votos propios, a los que suma otros tres del PRO, pero se ilusiona con una base de 34 si logra retener a una decena de radicales que acompañaron el Presupuesto 2026. Para alcanzar el quórum de 37 y blindar una aprobación en general, necesitaría entonces el respaldo de apenas un puñado de los mismos gobernadores que hoy tantea la CGT.

Para esa tarea, el Gobierno cuenta con la cintura política de Santilli y el grifo financiero de Luis Caputo. El ministro del Interior visitó seis provincias en enero y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores. Esta semana continuará su gira por Corrientes —clave, ya que los tres senadores de la provincia responden al radical Juan Pablo Valdés— y Misiones, donde dos senadores reportan al mandamás provincial Carlos Rovira.

En las provincias crece la preocupación por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial, que reducen alícuotas de impuestos como Ganancias y afectan la masa de recursos coparticipables. Según informes técnicos, la medida podría significar para las provincias una pérdida superior a los $3,1 billones. En contrapartida, el Gobierno podría morigerar el impacto en el texto que ya tiene dictamen o apelar a giros discrecionales de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre enero y febrero.

“Hay que bajar impuestos, pero no solo los coparticipables”, fue la queja que compartieron el fin de semana Llaryora y Pullaro en Cosquín, en alusión a tributos nacionales como las retenciones o el impuesto al cheque. Ese posicionamiento entusiasmó a la CGT. Los votos de Córdoba y Santa Fe podrían resultar determinantes para un eventual rechazo de la reforma laboral, que ya contaría de base con las 28 bancas del peronismo.

Más allá del capítulo impositivo, la central obrera busca advertir sobre el impacto de los artículos que avanzan sobre los derechos colectivos, como la eliminación de la prevalencia de los convenios por actividad frente a los de empresa y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. También cuestiona cambios en los llamados derechos individuales, entre ellos el banco de horas en reemplazo del pago de horas extras, las limitaciones a las vacaciones y la modificación del régimen de indemnizaciones.

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