La presidenta del bloque oficialista de senadores Patricia Bullrich se muestra confiada cuando se le pregunta por las posibilidades de hacer avanzar en la cámara alta el proyecto de reforma laboral. En base a lo que se considera una fortaleza legislativa ahora el Ejecutivo sumó para su tratamiento en sesiones extraordinarias una propuesta sobre el régimen penal juvenil destinada fundamentalmente a bajar la edad de punibilidad de los jóvenes, un tema recurrente para la Libertad Avanza pero que el año pasado ni siquiera llegó a tratarse en el legislativo por falta consenso. 

Para garantizar que los votos estén para alcanzar la reforma laboral –que el gobierno menciona como “modernización”– en los últimos días se apuraron las conversaciones para que los libertarios sumen los votos del PRO –prácticamente alineados— y de algunos radicales dispuestos a levantar la mano. A la hora de los cálculos, Bullrich y los suyos aseguran que solo les falta sumar un senador para llegar a los 39 necesarios para dar el quórum y avanzar con el proyecto de ley que introduce reformas al régimen laboral. La expectativa es que las sesiones sobre este tema se realicen entre el 11 y 12 de febrero próximo.

Si bien existen divergencias tanto del espectro político como de los trabajadores organizados desde la vereda opuesta, hasta hoy existe una resistencia capaz de impedir que el oficialismo alcance sus propósitos.

De parte de los gobernadores la crítica más importante al proyecto de reforma de la legislación laboral radica en que varios artículos del proyecto de ley –que ya cuenta con dictamen de comisión– podrían impactar directamente en los fondos de coparticipación y otros que introducen modificaciones a leyes impositivas y que le darían discrecionalidad al Ejecutivo para disponer de partidas usando como criterio final las “políticas de equilibrio fiscal”.

Estos temas estuvieron en la agenda de los diálogos que el ministro Diego Santilli mantuvo con varios gobernadores en las giras que viene haciendo por el país. En todos los casos, el titular del Interior les “garantizó” a los jefes provinciales que los eventuales recortes serían subsanados mediante la reasignación de fondos, facultad con la que cuenta el Ejecutivo. Si bien el argumento fue escuchado no todos se sintieron satisfechos con la explicación, tanto porque en anteriores situaciones estas promesas no fueron cumplidas como porque no ven a Santilli con autonomía y juego propio: depende de lo que finalmente decida Luis “Toto” Caputo en Economía.

La llamada “ley de glaciares” cuenta en principio con el respaldo de los gobernadores de las provincias con explotación minera que –argumentan– necesitan despejar los “obstáculos” que presentan las reservas y cuidados ambientales. En esto es importante establecer los términos de la consulta popular para el llamado “control social” que algunos quieren reducir al mínimo o simplemente hacer desaparecer. No hay claridad sobre esto.

Los gobernadores del sur y la “emergencia ígnea”

En el frente de los gobernadores se sumó una nueva dificultad en la relación con el gobierno.  Los incendios en la Patagonia pusieron en claro que además de las cuestiones climáticas existieron serias carencias en materia de prevención, también por la falta de recursos para el combate y manejo del fuego, además de deficiencias en la planificación territorial.

Es decir: recortes presupuestarios que impidieron que esas tareas se cumplieran. Actualmente analizan delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia tras denuncias de pobladores y ciudadanos por la gestión del incendio forestal.

En sede fiscal se investiga actualmente los motivos por los que en 2025 se dejó sin ejecutar aproximadamente el 25% del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El presupuesto sancionado para 2026 proyecta una nueva reducción destinando solo el 3,5% de lo exigido por la Ley de Bosques para prevención.