¿Por qué hoy este tema en Argentina? Argentina tiene un recorrido de casi tres décadas en el desarrollo e impulso de la bioeconomía. Desde las presidencias de Menem hasta la de Fernández inclusive (1989-2022) se han diseñado numerosos marcos legales e institucionales con ese objetivo, no sin controversias y conflictos de los sectores involucrados.

Las políticas públicas en Argentina han contribuido de modo dispar en el impulso de la bioeconomía, con resultados positivos y limitaciones, y con una marcada tendencia hacia la cadena agroindustrial y agropecuaria. La biotecnología aplicada a las semillas genéticamente modificadas (Ej. soja GM) y la producción de biocombustibles (Ej. biodiesel de soja) han sido dos “estrellas” de este proceso. Esto no excluyó el desarrollo simultáneo, en escalas diversas, de energías renovables o bioenergías; biofertilizantes; bioplásticos; gestión de residuos del sector ganadero, agrícola y forestal; bioquímicos, y otros productos.

Algunos ejemplos de esos procesos de transformación los podemos ver reflejados en la vida diaria, en el uso de envases y bolsas biodegradables; en la reutilización de los aceites comestibles; en los insumos –fertilizantes y bioquímicos- que se aplican en la producción de granos, frutas, verduras que consumimos; en el biodiesel que se usa en el transporte de cargas y en maquinarias agrícolas; en los granos genéticamente modificados que alimentan ganado vacuno, porcino, aviar; la lecitina de soja que está presente en innumerables productos de la industria alimentaria; entre otros.

Cuestionamientos: De todo lo expuesto, se abren al menos dos cuestionamientos; uno al interior del modelo como paradigma de desarrollo sustentable y otro a la realización de los Ejes Estratégicos de la Dirección Nacional de Bioeconomía, dentro del programa de gobierno –si es que hay alguno, y no sólo objetivos- de Javier Milei.

Interrogantes provisorios: Ahora bien, si nuestro país tiene, en sus enormes reservas y sus recursos naturales una de las mayores fortalezas, ¿es posible garantizar que la explotación de esos recursos se haga de modo racional, minimizando los impactos ambientales? ¿todos los procesos bioeconómicos son sostenibles? ¿cuál es el camino a recorrer para obtener el mejor y más racional aprovechamiento de los mismos? ¿el modelo de agronegocios y el de bioeconomía pueden hacerse cargo de estos cuestionamientos?

Para su desarrollo a la bioeconomía le es imprescindible articular con el complejo científico-tecnológico, por lo que es ineludible el lugar de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, otra pregunta subyacente que se desprende es ¿cuál es el rol que le compete al Estado en la coordinación y administración de los recursos naturales? 

Aseveraciones: La metodología de la bioeconomía, que incluye el concepto de circularidad, depende de la transversalidad del accionar de actores públicos: universidades, centros e institutos de investigación y desarrollo tecnológico, tales como CONICET, INTA, INTI, CONAE, INVAP, ARSAT, Agencia I+D+i, etc.; y privados: laboratorios, empresas de base tecnológicas diversas. Esta articulación siempre necesita contar con instrumentos de promoción y financiación, para cuya concreción es central el rol del Estado. 

El accionar del Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei, al desmantelar el Estado, impide la realización de un cambio estructural con enfoque de sostenibilidad tal como lo propone ese modelo de producción.

Como en la mayoría de sus acciones el gobierno nacional es un cúmulo de contradicciones en sus políticas públicas, atentando contra el bien común de nuestro pueblo, el cuidado del medio ambiente, la casa común y la soberanía de nuestra patria. 

Más desafíos para pensar alternativas a los modelos hegemónicos. Reinventarnos, resistir, insistir, persistir.

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