Una fiscalía, un jardín de infantes y un terreno público pasaron por el mismo edificio la misma semana. El cruce no fue casual: retrata cómo negocia hoy el poder en una Ciudad que ya mira 2027 sin saber todavía quién se sentará con quién.

Pablo Castillo

La Legislatura porteña designó como nuevo Fiscal General a Javier Martín López Zavaleta, abogado de la UBA, de 52 años y con un posgrado en Ciberdelincuencia. También ratificó a María Rosa Muiños al frente de la Defensoría del Pueblo y repartió los cinco lugares de sus adjuntos. En otra discusión, convirtió en obligatoria la sala de tres años en el nivel inicial. Mientras tanto, en otros despachos seguían las conversaciones por la distribución de terrenos públicos entre clubes, organizaciones sociales y religiosas.

Durante unos pocos días, una fiscalía, un jardín de infantes y un terreno pasaron por el mismo edificio.

Buenos Aires ya empezó a mirar hacia 2027, una elección que puede cerrar veinte años de gobiernos macristas. Por debajo de esa pelea sobrevive una trama menos visible. En la Legislatura todavía se habla con el adversario, se intercambian votos y se cobran viejas deudas.

La novedad no es que negocien todos con todos. Eso ocurre hace años. Cambió cuánto tiene cada uno para ofrecer.

López Zavaleta llegó a la Fiscalía General con votos del PRO, La Libertad Avanza y buena parte del peronismo. La Cámpora votó en contra. La diferencia no quedó encerrada en esa votación. Entró de lleno en otra negociación que todavía estaba abierta.

María Rosa Muiños seguirá cinco años más al frente de la Defensoría del Pueblo. El peronismo retuvo la conducción, pero La Cámpora perdió posiciones entre los adjuntos que habían formado parte de la conversación previa. El reparto dejó dos lugares para La Libertad Avanza, dos para sectores vinculados al PRO y uno para Confianza y Desarrollo, el bloque de Horacio Rodríguez Larreta.

El larretismo encontró una puerta cuando parecía haberse quedado sin pasillo.

No todos dentro del peronismo porteño entienden igual qué significa acumular poder en una Ciudad gobernada por otro desde hace casi dos décadas. Juan Manuel Olmos pertenece a una tradición que conoce de memoria ese subsuelo. Negociar autoridades, ocupar organismos de control, armar mayorías imposibles: nada de eso entra necesariamente en contradicción con ser oposición. Cuando no alcanzan los votos propios, la política también ocurre alrededor de una mesa.

La Cámpora mira esa gimnasia con más desconfianza. No porque haya vivido siempre por fuera de los acuerdos —nadie que haya atravesado el poder durante demasiado tiempo podría sostener algo semejante— sino porque discute dónde termina la negociación y dónde empieza la dependencia. El voto contra López Zavaleta expuso esa diferencia. Después llegaron las consecuencias.

Buenos Aires ya empezó a mirar hacia 2027, una elección que puede cerrar veinte años de gobiernos macristas. Por debajo de esa pelea sobrevive una trama menos visible. En la Legislatura todavía se habla con el adversario, se intercambian votos y se cobran viejas deudas.

“No se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo”, dijo a 4Palabras, en uno de los pasillos de la Legislatura, un legislador que participó del acuerdo final.

En ese edificio los refranes suelen explicar más rápido que los documentos.

Pero reducir todo a Olmos contra La Cámpora sería demasiado sencillo. En el bloque de veinte legisladores conviven dirigentes vinculados a Axel Kicillof, Juan Grabois, Víctor Santa María y otras referencias que no siempre miran la Ciudad desde el mismo lugar. Hasta ahora encontraron una forma de permanecer juntos. Algunas diferencias se procesan. Otras se guardan. De vez en cuando una votación las obliga a salir.

Tampoco hay buenos y malos en esta historia. Y mucho menos inocentes.

La designación de Pablo Yadarola como juez federal había dejado una cicatriz reciente. Su nombre estaba atravesado por la polémica de Lago Escondido y, aun así, terminó recibiendo en el Senado votos del peronismo, incluidos los de senadores que responden a Cristina Kirchner. Juliana Di Tullio defendió públicamente la decisión política y terminó discutiendo incluso con periodistas cercanos a su propio espacio.

Cuando llega la hora de contar los votos, casi todos tienen algún acuerdo para explicar.

Las contradicciones venían de antes.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, Daniel Rafecas fue candidato a Procurador General de la Nación. Difícil presentarlo como un juez extraño a la tradición de derechos humanos del peronismo: había trabajado en causas de lesa humanidad y buena parte de su trayectoria estaba ligada a esos expedientes. El cristinismo nunca terminó de darle los votos. Rafecas era también el candidato de Alberto, y para entonces la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner empezaba a contaminar casi cualquier discusión atravesada por nombres propios.

Rafecas nunca llegó a la Procuración.

Después Juan Bautista Mahiques dejó la Fiscalía General de la Ciudad y pasó a la Justicia nacional durante el gobierno de Milei. El Ministerio Público Fiscal porteño terminó en manos de López Zavaleta, quien había sido su segundo.

Las votaciones rara vez empiezan cuando se enciende el tablero. Llegan cargadas de acuerdos anteriores, heridas, favores, desconfianzas y nombres que regresan.

Tal vez ahí aparezca una de las discusiones que atraviesan al peronismo de la ciudad desde hace tiempo. Las pertenencias y las terminales políticas ocupan demasiadas veces el lugar que debería tener la política. Antes de preguntarse qué hacer con una institución, aparece la pregunta sobre quién la controla.

Del otro lado, las tensiones tienen otra forma.

El PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 y por primera vez en mucho tiempo ya no puede discutir la sucesión como un asunto doméstico. La Libertad Avanza ganó la última elección legislativa local y demostró que puede derrotarlo justo en el distrito donde nació el macrismo. Desde entonces, Jorge Macri gobierna una Ciudad cuya continuidad política se define, cada vez más, fuera de ella.

Mauricio Macri tiene que decidir cuánto ceder para no perderla. Jorge necesita demostrar que todavía puede ganarla por sí mismo. Karina Milei tiene algo que a los dos Macri les falta: tiempo.

Pilar Ramírez observa la disputa desde un lugar privilegiado. Es la referencia de Karina Milei en la Legislatura y una pieza cada vez más visible del armado libertario porteño. Hay dirigentes del oficialismo nacional que prefieren cerrar temprano un entendimiento con el PRO. Otros creen que conviene esperar.

Si el PRO se debilita, el mismo acuerdo puede costar menos dentro de unos meses.

Para el macrismo, en cambio, la Ciudad pesa distinto que cualquier otro distrito. Es el último territorio importante donde todavía puede decidir las condiciones de la negociación, en lugar de aceptarlas. Perderlo no sería solamente perder una elección. Allí construyó dirigentes, recursos, una estética de gobierno y la plataforma desde la cual Mauricio Macri saltó a la política nacional.

También cimentó una manera de contar la Ciudad.

Esa lengua empezó a cambiar.

Jorge Macri incorporó palabras que crecieron con los libertarios: orden, control del espacio público, seguridad, desalojos. Después de perder frente a La Libertad Avanza, el PRO empezó a acercarse al idioma de quien lo derrotó sin haber decidido todavía si en 2027 será su adversario o su socio.

En esos mismos días, la Legislatura aprobó por unanimidad que desde 2027 la sala de tres años sea obligatoria.

Entre tantos nombres propios, podría pasar rápido.

No debería.

Una designación ofrece una recompensa inmediata. Se cuentan los votos, se levanta una mano, aparece un nombre en el Boletín Oficial.

La desigualdad no funciona con esos tiempos.

Hace quince días escribíamos en esta columna sobre la distancia entre el norte y el sur de la Ciudad. Está en la salud, la educación, la vivienda y el transporte. Está en las vacantes y en las formas de llegar al trabajo. Sobrevive en una jurisdicción que administra recursos que muchas provincias argentinas no podrían imaginar.

La obligatoriedad de la sala de tres puede reducir una parte de esa distancia. Pero una ley no abre un jardín, no contrata docentes ni construye aulas. La unanimidad sirve para empezar. Después hacen falta presupuesto, docentes, infraestructura y continuidad.

Esa Ciudad también llegará a las urnas en 2027.

Por eso conviene volver a una imagen.

En la primera fila del Salón San Martín estaban Daniel Angelici, Juan Manuel Olmos, Mariano Recalde, Víctor Santa María y Pilar Ramírez.

No era una alianza. Tampoco una anomalía.

Era la Ciudad política.

La misma gente que se prepara para competir se encuentra después negociando fiscalías, defensorías, terrenos y mayorías. Algunos esperan heredar el gobierno. Otros quieren conservarlo. Otros apenas intentan no quedar afuera del reparto que viene.

Todos llevan sus libros de la buena memoria.

La cuestión es qué recuerdan.

Porque después de veinte años de aprender quién se sienta con quién, quién veta a quién y cuánto vale cada voto, la Ciudad de Buenos Aires todavía tiene pendiente una pregunta bastante menos sofisticada: qué hacer con el poder cuando finalmente se lo tiene.

4Palabras