Los municipios bonaerenses atraviesan una período de asfixia financiera, entre otras razones por la deuda que arrastra el Ejecutivo nacional con la provincia de Buenos Aires, la que fue estimada por el ministro de Gobierno Carlos Bianco en “37.187 pendrives”, en la Legislatura provincial arribaron dos proyectos tendientes a generar más recursos para las comunas a través de la siembra de banquinas.

Recientemente, la diputada provincial de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto para modificar la Ley 10.342. Esta norma -sancionada en 1985- dice en su artículo 1°: “Autorízase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso, a favor de terceros, de las franjas adyacentes a las Rutas y/o caminos integrantes de la red vial provincial, excluyendo la superficie reservada por las normas vigentes para las banquinas, que a tal efecto autorice la Dirección de Vialidad, y de los inmuebles fiscales que autorice la Provincia”. Asimismo, fija las condiciones para el otorgamiento de la concesión, tales como: plazo de duración, clase de cultivos a sembrar y la prohibición de utilizar los predios arrendados para pastoreo.

La iniciativa de Rasquetti pretende modificar ese artículo primero para incluir a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense. Todo esto con el objetivo de aprovechar los suelos ociosos y generar nuevos recursos para las administraciones comunales.

La legisladora argumenta que la exclusión de las banquinas “genera una doble problemática que resulta imperiosa corregir”. “Por un lado, el desperdicio de recursos productivos, miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad. Por otro, la pérdida de chance fiscal, se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación derivados de la explotación regulada de estos espacios de dominio público”. “La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá que los municipios administren y perciban de manera directa los recursos derivados de dichos permisos. Esto no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma”, remarcó.

Un punto que siempre fue controversial en esto fue el resguardo de la seguridad vial, sin embargo, la diputada del Frente Renovador asegura que su propuesta “no busca desatender la seguridad vial”, y explica que el registro a crearse deberá articular con la Dirección de Vialidad bonaerense y con los organismos competentes para determinar qué sectores son aptos para otorgar permisos, y asevera: “se garantizará mediante dictámenes técnicos precisos qué sectores específicos son aptos para el otorgamiento de permisos, resguardando rigurosamente las zonas de escape, las distancias de frenado y la visibilidad de los conductores en las rutas provinciales”.

Finalmente, el proyecto habla del destino de los fondos recaudados por las concesiones, los que se afectarán a “financiar obras de infraestructura comunitaria, el mantenimiento de sus propias redes viales internas y la inversión en políticas de seguridad ciudadana local, cerrando así un círculo de beneficio directo para toda la sociedad”.