Javier Ozollo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), diplomado en Ciencias Sociales por FLACSO y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor titular e investigador de la misma universidad nacional y ha sido consejero directivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en varias oportunidades, consejero superior en la UNCuyo, y director académico de la Maestría en Política y Planificación Social. 

Actualmente se postula como candidato a rector por el “Proyecto Universidad Abierta” para las elecciones que se celebrarán el 9 de junio y para las que se presentaron cuatro fórmulas.

¿Cuál es su apreciación sobre la situación de la universidad pública hoy en Argentina?

La universidad pública está bajo ataque. Es un ataque gravísimo y muy duro por parte del gobierno nacional, que ha decidido desfinanciarla con el objetivo de que el sistema universitario público argentino virtualmente desaparezca. Es decir, lo que se busca es la destrucción del sistema público educativo.

Pero eso no es tan fácil, porque el sistema universitario público argentino es un bien social del pueblo argentino, que lo ve como un instrumento fundamental para la movilidad social ascendente y, al mismo tiempo, como un pilar que lo distingue del resto de los países de Latinoamérica. 

¿Está seguro que a lo que se apunta es directamente a la destrucción del sistema público universitario? 

Sí. Nosotros creemos que existieron distintos proyectos que agreden a la universidad pública argentina. El de los años noventa era un proyecto de arancelamiento, principalmente. Se pretendía que la universidad pública argentina siguiera existiendo pero arancelada.  Es decir, transformarla en una universidad pública con arancelamiento y dejar de lado el decreto de 1949 que aseguraba la gratuidad. El resto dejarlo como estaba. 

El actual proyecto es distinto. Es un proyecto de asfixia y destrucción de la universidad nacional. Apunta básicamente a traspasar a la universidad privada toda la cantidad de estudiantes que hoy absorbe la universidad pública argentina. Es decir, que vayan a la universidad solamente los que puedan y destruir el sistema universitario tal cual lo conocimos desde siempre.

Esta semana hubo movilización masiva, no solo en Buenos Aires, en defensa de la educación pública. ¿Qué es lo que muestran esas manifestaciones?

Lo que dicen las marchas es que hay un consenso, no solamente en la comunidad educativa, sino también en el pueblo, en la sociedad argentina en general, de que la universidad pública argentina tal cual está es un bien y que hay  un acuerdo de todos los sectores del país para que siga existiendo. Las marchas universitarias son hoy el principal hecho opositor al gobierno de Javier Milei.

Y no hay piedra que se le resista a la gota de agua que cae. Es decir, las marchas universitarias están poniendo sobre la mesa la importancia de la universidad pública argentina y cada vez tiene un apoyo más grande en el resto de la sociedad. 

¿Cuál es la situación hoy en la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Cuál es su diagnóstico?

La Universidad Nacional de Cuyo tiene una situación particular porque la gestión actual está visiblemente alineada con el gobierno de Alfredo Cornejo en la provincia de Mendoza, que es un aliado estratégico del gobierno de Javier Milei. Para que tenga una idea: Mendoza fue la provincia donde más votos sacó Milei en la elección de octubre del año pasado y aquí la gestión de Cornejo traccionó votos para Milei.

Al estar la gestión universitaria actual alineada en ese espacio político, le es muy difícil confrontar o solicitarle al gobierno nacional la efectiva aplicación de la ley de financiamiento universitario. Entre otras cosas, la rectora y el vicerrector actual no han hecho de la defensa de la universidad pública su bandera principal, ni muchísimo menos. Eso ha llevado a que importantes sectores de la vida educativa de la UNCUYO estén hoy en contra de la gestión actual y que le reclamen no solamente mejoras en la gestión -que dicho sea de paso ha sido muy mala- sino que también se pongan al frente de la defensa de la educación pública, particularmente en Mendoza.