El encarcelamiento en Argentina alcanzó niveles históricos durante 2024, según el informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos” realizado por el Comité Nacional para la prevención de la Tortura (CNPT). Al final de ese año -el primero bajo la conducción de Javier Milei- el sistema penitenciario contenía a más de 120 mil personas privadas de la libertad. Representa una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. Donde hay espacio para 100 personas, conviven 130. 

“Los sistemas penitenciarios obviamente no resisten esta sobrepoblación”, advierte Alan Iud, abogado y director ejecutivo del CNPT, en diálogo con 4Palabras, y destaca que el impacto directo es un incremento de la conflictividad en consecuencia de la violencia al interior de las cárceles y también una vulneración de derechos de las personas detenidas.

En ese sentido, sostiene que existe una tendencia dentro del Poder Judicial que alimenta directamente la sobrepoblación carcelaria: el uso sistemático de la prisión preventiva, el incremento de personas condenadas a penas cortas. Para Iud, uno de los problemas centrales es que los jueces están optando por penas de cumplimiento efectivo en casos donde la ley permitiría opciones “menos gravosas” tal como la probation o detenciones domiciliarias en casos no graves. 

“No hay solo un déficit en lo que es el alojamiento, sino también en el acceso a sanitarios, la alimentación, la salud, la infraestructura general de esos lugares, y, consecuentemente, se recrudece la dificultad de la cobertura de los derechos que, estando detenidos, aún se deben garantizar”, señala. Eso, explica, contribuye a que sea mucho más difícil que la pena de prisión aliente a que las personas puedan atravesar ese proceso con educación, trabajo, “teniendo alguna experiencia positiva”.