Diego Santilli cruzó el “Checkpoint Charlie” del Congreso –un pequeño pasillo con puertas que separa la Cámara de Diputados del Senado–, se instaló en el despacho de Patricia Bullrich y se pidió un té. La sesión llevaba algunas horas y el ministro del Interior quería asegurarse los deberes hechos en la previa con la espada libertaria en la Cámara alta para regalarle a Javier Milei post-Navidad el paquete del Presupuesto 2026. Al Colo lo acompañaban Martín Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. También aparecía por ahí Ezequiel Atauche, el segundo en el bloque detrás de la ex ministra de Seguridad. 

Con esa escena en la trinchera parlamentaria, el Gobierno consiguió su objetivo de final de año: sancionar el estimado de gastos para el año que viene y enviarle un mensaje institucional al FMI y Estados Unidos. Aunque el texto tiene estimaciones de crecimiento de PBI –del 5% para 2026–, de inflación –anual de 10,1%– y un dólar planchado –a $1.423 para diciembre del año que viene– que consultoras privadas ya califican de “un dibujo”, la Casa Rosada puede darse por satisfecha. Consiguió su primer presupuesto en el inicio del tercer año de mandato de Milei. Confía en que ahora será más fácil para el país ingresar al mercado de toma de deuda y salvar los vencimientos próximos: entre los US$17.000 millones y los US$19.000 millones, de acuerdo a los instrumentos que se incluyan.

El oficialismo consiguió su victoria legislativa a partir del apoyo clave de la oposición dialoguista: el PRO, parte de la UCR y bancas que responden directamente a gobernadores aliados. Fueron 46 votos a favor sobre 25 en contra y una abstención. Una postal que también se repitió, con matices, en la votación en particular de cada capítulo. Hasta ese momento el Gobierno apretó los dientes, porque cualquier cambio en particular podría haber hecho fracasar el plan original y la discusión tendría que haber pasado a Diputados para la semana que viene. 

Luego de que cayera en la media sanción en Diputados el afamado Capítulo XI –que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, y desenganchaba la actualización de la AUH–, el peronismo empujó toda la jornada intentar voltear dos artículos: el 12 y 30. El primero deja a criterio de la Secretaría de Educación el envío de partidas a las universidades. Y el segundo, elimina pisos de inversión en educación, ciencia y técnica establecidos en diferentes leyes y que están calculados en relación con un porcentaje del PBI. 

Pero el peligro comenzó a disiparse temprano para los libertarios: apenas arrancó la sesión logró imponer que la votación en particular se salde por capítulos y no por artículos, y abrochó así el compromiso de los aliados. Esa definición tuvo sus chispazos cuando Bullrich solicitó que se vote por separado, pero lo hizo fuera del reglamento. “Acostumbrate a que ya no estás en el ministerio de Seguridad, donde hacías lo que querías. Te voy a explicar una cosita: eso lo tenías que hacer antes, te equivocaste y no lo hiciste”, le espetó el formoseño José Mayans, jefe del peronismo.

Pese a la tirria y a los intentos de la oposición más dura, el Capítulo II, que contiene el polémico artículo 30 –entre otros–, se aprobó 42 a favor, 28 en contra y dos  abstenciones. 

La votación a favor de Milei reveló la cuña que logró introducir en distintos bloques a partir del diálogo con gobernadores: el peronismo y el radicalismo votaron separados. De «Popular», votaron a favor del presupuesto 2026 Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán)  y Carolina Moisés (Jujuy).

Con esa mayoría circunstancial el oficialismo se aprestaba a aprobar, más entrada la noche, la ley de Inocencia Fiscal, la “amnistía fiscal” para blanquear los “dólares bajo el colchón”.

Milei logró su presupuesto de ajuste permanente a base de promesas y billeteras para las provincias alineadas. Sin obra pública ni mayor coparticipación, todo quedará atado a la discrecionalidad de Balcarce 50. En el último mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, repartió más de 65 mil millones de pesos a distritos considerados claves para destrabar la discusión presupuestaria: Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. También se comprometió a dar el OK a la toma de deuda por parte de las jurisdicciones. 

En el ida y vuelta de la negociación que encabezó Santilli, habilitó la modificación de la Ley de Glaciares, para relajar los controles y que sean las provincias las que definan las zonas de explotación minera. Será una votación que vendrá en febrero, cuando se vuelva a calentar el debate por la reforma laboral.

La flexibilización de la ley de Contrato de Trabajo es una “papa caliente” con la que el Gobierno evitó quemarse al borde del año. Bullrich tuvo que postergar obligatoriamente esa votación para el miércoles 11 de febrero por falta de acuerdo con los aliados y la tensión creciente con la CGT. Fue la salida elegante cuando el presupuesto se trabó en Diputados porque el oficialismo había introducido su “caballo de Troya” del Capítulo XI. Entonces la oposición blanca le negaron a la Casa Rosada cualquier apoyo a la reforma laboral sin antes asegurarse las partidas de gastos para el año entrante.

“Postergar la reforma laboral es un gran triunfo de los trabajadores”, se atribuyó Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT, que en la movilización en la Plaza de Mayo el pasado jueves 18 advirtió con un paro nacional para el día de la sesión. Ahora esa huelga podría concretarse el mismo miércoles 11 de febrero. Hasta entonces, la central se declaró “en receso”, como apuntó Cristian Jerónimo, otro de los secretarios generales cegetistas. Ni la CGT ni el Gobierno quieren agitar aguas durante un verano de calor, recesión y presupuesto de ajuste que se avecina.

Si el horizonte del próximo febrero serán la reforma laboral y la Ley de Glaciares, Milei también mira un poco más allá. Le queda pendiente recomponer la alianza con el PRO y designar a los tres miembros de la Auditoría General de la Nación que le corresponden al Senado. Para las sesiones ordinarias que comienzan en marzo espera motorizar una agenda judicial: reformar el Código Penal –de fuerte perfil punitivista– y retomar las negociaciones para completar las dos vacantes en la Corte Suprema.