Los talleres protegidos de producción representan, para miles de personas con discapacidad en la Argentina, mucho más que un espacio de trabajo: son el núcleo de su autonomía, su socialización y su identidad ciudadana. Pero estas instituciones fundamentales de la inclusión atraviesan hoy una situación crítica. En un contexto de retracción económica y aumento desmedido de costos operativos —desde tarifas de servicios públicos hasta insumos básicos—, estas organizaciones luchan por subsistir sin un apoyo del Estado nacional que garantice su funcionamiento. Mientras los hogares y centros de día enfrentan cierres por falta de pago de prestadores, los talleres también buscan resistir, sosteniendo el derecho al trabajo de un colectivo históricamente postergado.

En este escenario crítico, la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (FETAP) celebró su 29° asamblea anual en Necochea. Darío Corrao, referente del Taller Protegido Dignidad de Chivilcoy, fue electo por unanimidad como el nuevo presidente de la federación para el período 2026-2027. Lo acompaña en la vicepresidencia Mónica Pissarro (de la asociación Todos para Ellos de Necochea).

En la provincia de Buenos Aires operan unos 175 talleres que nuclean a 4.700 operarios, mientras que a nivel nacional la red se extiende a casi 290 instituciones con más de 7.600 trabajadores. «Hoy los talleres protegidos son los principales empleadores de personas con discapacidad en el país», afirma el flamante presidente de la FETAP.

La llegada de Corrao al mundo de la discapacidad no fue por elección profesional, sino por un llamado vital. Hace 20 años nació su cuarta hija, Lucía, diagnosticada con displasia ectodérmica, una enfermedad poco frecuente. Al enfrentarse a un sistema de salud y social que no ofrecía respuestas claras, Corrao transformó la incertidumbre en acción. “Empecé a mirar lo que sucedía en el sector y vi que había una necesidad muy grande en el colectivo de discapacidad», recuerda en diálogo con 4Palabras. Esa inquietud lo llevó a fundar en 2011 la Asociación Displasia Ectodérmica Argentina (ADEA), logrando hitos de visibilidad en el Senado y medios nacionales.

Su filosofía siempre fue “ir un paso adelante” de las necesidades de Lucía. Desde participar en la cooperadora de la escuela de su hija a fundar la primera plaza accesible e inclusiva de Chivilcoy y de ahí a crear salones con accesibilidad en su barrio, hasta involucrarse de lleno en la gestión institucional. En 2017, aceptó el desafío de tomar las riendas del Taller Protegido Dignidad de Chivilcoy cuando estaba al borde del cierre. Bajo su gestión, el taller no solo se refundó, sino que alcanzó el sueño de la casa propia. Hoy, Lucía tiene 20 años, está alfabetizada, es independiente y trabaja en el taller, cerrando un círculo de lucha que ahora su padre traslada a nivel provincial y nacional.

La coyuntura es adversa. La apertura de importaciones y la caída del consumo interno golpean las dos vías de ingresos de los talleres: la venta directa (como los panificados en el caso de Chivilcoy) y la prestación de servicios de tercerización para grandes empresas. “A muchas organizaciones el aumento de la luz y los impuestos las dejó a la deriva”, explica el dirigente. La falta de cumplimiento del cupo laboral del 4% en el Estado y la escasa contención en el sector privado dejan a los talleres como el último refugio laboral, un refugio que hoy no tiene expectativas de expansión debido al contexto económico.