Molesto con la decisión de justicia de primera instancia que suspendió la aplicación de más de ochenta artículos de la recientemente aprobada ley de reforma laboral, el gobierno hizo una presentación a la Corte Suprema de Justicia para que, recurriendo al mecanismo del “per saltum” adopte una rápida decisión final sobre el tema.

La aplicación de la nueva norma se encuentra actualmente paralizada a nivel nacional y el Ejecutivo quiere que se acorten los plazos para que entre en vigencia lo más rápido posible, también porque el gobierno ha presentado esa ley como uno de los importantes logros de la gestión de Javier Milei. El mecanismo del “per saltum” es un recurso que permite saltar instancias judiciales intermedias, llevando el caso de manera directa ante el máximo tribunal de justicia y como medio para conseguir una solución rápida a la cuestión.

La presentación oficial fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y su fin es revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda que presentó la CGT (Confederación General del Trabajo).

El Gobierno busca que la Corte valide la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar que dictó un juzgado laboral cuestionando la aplicación de la norma en toda Argentina. 

El gobierno considera que el tribunal que se expidió no cuenta con la competencia necesaria para decidir en una ley de alcance nacional.  Estima al mismo tiempo que tratándose de una norma de gran incidencia nacional debe ser precisamente la Corte Suprema de Justicia quien unifique los criterios en un conflicto legal que va a seguir involucrando a diferentes actores y partes en diversas jurisdicciones del país.

Mientras el oficialismo intenta acelerar los tiempos y destrabar escollos judiciales para poner en marcha una reforma que es clave dentro de su estrategia económico-política, los referentes del sindicalismo insisten en que el plano judicial se ofrece como un terreno de resistencia para frenar lo que aprobó el Congreso. Para la conducción de la CGT –también para el resto de los agrupamientos sindicales—la norma es violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales suscriptos por Argentina en la materia. La CGT afirma que la judicialización de la reforma laboral será “una discusión larga” en los tribunales.