El gobierno elimina el FOMECA en un nuevo gesto privatizador de la comunicación

Otro avance sobre la comunicación comunitaria y popular. El contexto y las reacciones de los afectados por la medida. Se siguen recaudando los fondos establecidos por ley pero no se distribuyen. El ENACOM recauda pero no abre concursos ni promueve proyectos. Un ataque a la democracia informativa.

Emanuel Gall (Agencia ANITA)

La reciente resolución del Gobierno nacional que deroga el reglamento del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y crea en su reemplazo el Fondo de Promoción de la Producción Audiovisual generó repudio generalizado de los medios comunitarios, cooperativos y sin fines de lucro de todo el país.

La medida, presentada oficialmente como una reorganización de instrumentos de financiamiento, representa para amplios sectores de la comunicación popular un cambio de paradigma que pone en riesgo años de políticas públicas orientadas a garantizar la pluralidad de voces.

Un fondo con historia, lógica y fuentes de financiamiento

El FOMECA fue concebido como una herramienta clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para promover la diversidad, la producción local y el acceso a la comunicación como un derecho humano. Según la normativa vigente, esos fondos provienen de un gravamen del 10% aplicado sobre la recaudación de los medios de comunicación audiovisual, impuesto que todos los medios, incluidas las radios comunitarias, pagan y que por ley debe destinarse a concursos públicos para proyectos de medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Los concursos eran abiertos, con criterios técnicos y jurados independientes, para garantizar transparencia y federalismo en la asignación.

Durante más de una década, el FOMECA financió proyectos de infraestructura, actualización tecnológica, gestión, capacitación de recursos humanos y producción de contenidos audiovisuales, alcanzando a cientos de radios y televisoras comunitarias en todo el país.

Miles de testimonios de protagonistas de medios comunitarios, populares y educativos dan cuenta de que este fondo representó una política pública orientada a democratizar la comunicación y contrarrestar la concentración mediática de los grandes conglomerados.

Voces del sector: deuda, incumplimiento y cuestionamientos

Para Néstor Busso, referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y responsable de Políticas Públicas de Comunicación, la situación actual representa un incumplimiento grave de la ley por parte del Estado y del ENACOM. En declaraciones a la Agencia FARCO, Busso señaló que desde 2023 los medios siguen pagando el gravamen correspondiente al FOMECA, pero el dinero que la ley obliga a destinar a su fomento no se distribuye y, además, existen deudas pendientes con proyectos ya ejecutados en 2023 que no fueron saldados por el organismo regulador.

Además agregó que en pedidos de acceso a la información pública, se evidenció que ENACOM ha recaudado miles de millones de pesos que por ley deberían haberse llamado a concurso y distribuido, pero no fueron ejecutados ni desembolsados a los medios comunitarios que resultaron ganadores.

El FOMECA fue concebido como una herramienta clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para promover la diversidad, la producción local y el acceso a la comunicación como un derecho humano. Según la normativa vigente, esos fondos provienen de un gravamen del 10% aplicado sobre la recaudación de los medios de comunicación audiovisual, impuesto que todos los medios, incluidas las radios comunitarias, pagan y que por ley debe destinarse a concursos públicos para proyectos de medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.

Una medida en contexto

La modificación del FOMECA se da en un contexto en el que no se convocaron concursos en 2024 y 2025, y en el que las deudas por proyectos ya aprobados y ejecutados (se calcula que asciende a 15 mil millones de pesos) han quedado sin solución ni ejecución efectiva. Para sectores del campo de la comunicación popular, esto no sólo representa un “cambio de nombre” de un fondo, sino un cambio de lógica que abre la puerta a que empresas privadas con fines de lucro puedan acceder a recursos que históricamente estaban destinados a sostener medios sin lógica comercial, con fuerte anclaje territorial y vocación de derecho a la comunicación.

Esta medida desdibuja el objetivo original del FOMECA, cuya misión era sostener experiencias de comunicación con perspectivas de derechos, diversidad cultural y federalismo, elementos difíciles de sostener en condiciones de competencia con actores comerciales de mayor escala y recursos.

Más allá del debate técnico o administrativo, la discusión de fondo remite a la democracia informativa. Los medios comunitarios cumplen un rol estratégico en la construcción de agendas locales, en la visibilización de problemáticas sociales y en el respeto por las identidades culturales, regionales y de género que suelen quedar fuera de los grandes circuitos comerciales. La derogación del reglamento del FOMECA y su sustitución por un fondo con lógicas diferentes despeja incertidumbres y habla sobre el modelo de comunicación que se promueve desde el Estado al tiempo que genera desafíos angustiantes sobre el sostenimiento de los medios que no dependen de la lógica del mercado.

Como sostienen referentes del campo de la comunicación popular, no se trata solo de fondos, sino de garantizar una comunicación diversa y democrática en un país con profundas desigualdades territoriales y culturales.

La defensa de la comunicación es también la defensa de un derecho colectivo: que todas las comunidades puedan producir y acceder a sus propios contenidos, de forma participativa, plural y con perspectiva de derechos.

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