Tarifazo sin inversión: el modelo de Milei que transforma el servicio eléctrico en un negocio financiero

Mientras las tarifas de servicios públicos escalaron más del 400% desde la asunción de Javier Milei, la calidad del suministro eléctrico sigue en caída libre. Walter Martello, Defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, advierte sobre una "falla sistémica" donde las empresas priorizan el flujo de caja por sobre las obras necesarias para evitar apagones.

Manuel Barrientos

Las cifras son contundentes. Según informes especializados, los servicios públicos cerraron el año con un aumento del 461%, superando con creces la inflación acumulada del 259%. Sin embargo, este fenomenal traslado de recursos desde los bolsillos de los usuarios hacia las empresas energéticas no se tradujo en cables nuevos ni transformadores más potentes.

Para Walter Martello, Defensor del Pueblo adjunto bonaerense, la Argentina está ante un problema crónico que se agravó bajo la gestión de Javier Milei debido a la reducción de las exigencias de inversión y el debilitamiento de los controles.

A pesar de que los sectores de ingresos medios sufrieron aumentos de hasta el 1244%, el sistema eléctrico colapsó este verano ante la primera racha de calor. Martello explica que el problema no es solo el pico de temperatura, sino la falta de infraestructura para que los equipos “descansen”.

“Si la temperatura mínima supera por las noches los 25 o 26 grados, ahí no le da tiempo a las instalaciones, al cableado de los transformadores, a enfriar. Como tienen muchos años de antigüedad, fallan los protectivos y se producen cortes masivos”, señala el defensor adjunto bonaerense.

Esta desinversión quedó expuesta recientemente cuando casi un millón de usuarios de EDESUR primero y 895.000 usuarios de EDENOR después quedaron a oscuras, representando el 30% del total de los clientes de ambas compañías.

“Al no realizar las inversiones, lo que obtienen es un flujo de caja permanente que claramente lo transforma en un win-win. No invierten y, durante muchos años, ni siquiera les pagaron a CAMMESA, el proveedor mayorista de energía. Todos los ingresos tienen que ver con un negocio de cobro de flujo de caja que los usuarios no ven volcado en una mejor calidad de servicio”, denuncia Martello.

El «Win-Win» de las grandes empresas y la bicicleta financiera

Uno de los puntos más críticos que destaca Martello es cómo las distribuidoras han transformado la concesión de un servicio público en una operatoria financiera de bajo riesgo y alta rentabilidad. Al no existir una contraparte de inversión obligatoria y sanciones severas, el dinero del tarifazo se queda en el sistema financiero.

“Al no realizar las inversiones, lo que obtienen es un flujo de caja permanente que claramente lo transforma en un negocio win-win. No invierten y, durante muchos años, ni siquiera les pagaron a CAMMESA, el proveedor mayorista de energía. Todos los ingresos tienen que ver con un negocio de cobro de flujo de caja que los usuarios no ven volcado en una mejor calidad de servicio”, denuncia.

Según Martello, esta situación se refleja en los balances de las empresas con ganancias de «cientos de miles de millones de pesos anuales». El problema de fondo es la falta de voluntad política para sancionar: “Lo que no hay es un nivel de sanción suficientemente importante para que las empresas se atengan a realizar esas inversiones”.

¿Por qué es fundamental reclamar? Ante la frustración de los cortes, muchos usuarios optan por la resignación. Sin embargo, Martello insiste en que el reclamo formal es la única herramienta legal para forzar un cambio de fondo. Por un lado, en materia de resarcimiento económico, el usuario tiene derecho a compensaciones por cortes prolongados (más de 8 horas) o reiterados (4 o más veces al mes).

Pero hay otro punto más importante: las denuncias de los usuarios son la vía para rescindir contratos. La acumulación de sanciones registradas ante el ENRE es una de las causales legales para evaluar la rescisión del contrato de concesión. “La acumulación de sanciones es una de las causales que establecían los contratos de los años 90 para poder evaluar la posibilidad o no de la rescisión. Es importante reclamar ante la distribuidora y, con ese número, ante el ENRE”, concluye Martello.

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