20 años de juicios por delitos de lesa humanidad: los que empiezan y los que siguen en este 2026

A 50 años del golpe cívico-militar la Argentina sigue con un proceso abierto de Memoria, Verdad y Justicia, que tiene como contexto un fuerte desmantelamiento de políticas de Estado por parte del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, sustentado en el negacionismo apologista del terrorismo de Estado.

Giselle Tepper

A cincuenta años del último golpe de Estado, hay más de 1.200 condenados por delitos de lesa humanidad, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentado en diciembre de 2025, que además relevó que todavía hay 276 causas en instrucción (el 39%), que es la etapa previa a la elevación a juicio para su posterior desarrollo, mientras que 61 causas (el 9%) están a la espera del inicio del debate. El 50% del total de 706 causas por delitos de lesa humanidad obtuvieron sentencia (357), de las que están firmes menos de 150 y más de 180 aún posee alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas sentenciadas.

Entre lo pendiente, 50 años después de los crímenes y con ya casi 20 juicios, todavía persiste la impunidad para casi todos los partícipes civiles del terrorismo de Estado, falta identificar a muchos de los responsables, como también encontrar los cuerpos de las víctimas que fueron desaparecidas y a alrededor de 300 nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo que nacieron en cautiverio y siguen sin conocer su identidad.

Los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura genocida de 1976 a 1983 tuvieron años de impunidad de ventaja después del Juicio a las Juntas, gracias a las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos. Lo mismo sucedió con los integrantes de la Triple A, los criminales de la antesala del golpe.

Recién en 2006 el ex policía federal Julio Héctor Simón, alias «El Turco Julián», fue condenado a 25 años de prisión en el primer fallo dictado desde el reinicio de los juicios. Antes, además del juicio de 1985, solamente pudieron avanzar las causas por la apropiación de niños y niñas, que no estaban contempladas en las leyes de impunidad.

Para llegar a esa condena de 2006 fue necesario un pueblo comprometido con la memoria y la decisión del presidente Néstor Kirchner de convertir en políticas de Estado las luchas por Memoria, Verdad y Justicia: en 2003 se puso fin a las leyes de impunidad con su nulidad y en 2005 con su inconstitucionalidad. Los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaban una nueva etapa que los convirtió en referencia ante el mundo.

Sin embargo, el mismo año de la primera condena tras la reapertura, sucedió uno de los hechos más graves: en la Ciudad de La Plata, después de haber dado testimonio en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, el sobreviviente Jorge Julio López volvió a ser desaparecido. Ya pasaron dos décadas y todavía no se sabe qué pasó con él ni quiénes fueron los culpables.

Los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura genocida de 1976 a 1983 tuvieron años de impunidad de ventaja después del Juicio a las Juntas, gracias a las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos. Lo mismo sucedió con los integrantes de la Triple A, los criminales de la antesala del golpe.

Los juicios del 2026

Casi todos los juicios por delitos de lesa humanidad son orales y públicos. Si bien las audiencias virtuales existían antes de la pandemia, se acrecentaron desde entonces y actualmente es una modalidad que prevalece.

El 11 de febrero comenzará el juicio a Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos, ex integrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos nueve víctimas del Operativo de la calle Corro. Se investigan hechos del 29 de septiembre de 1976 en un operativo por parte de Fuerzas conjuntas que, según la acusación, culminó con la muerte de cinco personas y la detención ilegal de otras cuatro que se encontraban en ese domicilio. Las personas que resultaron fallecidas a raíz del operativo desplegado fueron Alberto José Molina Benuzzi, María Victoria Walsh, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel, todos integrantes del Secretariado Político Nacional de la organización Montoneros. Las cuatro personas que resultaron detenidas ilegítimamente fueron Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes fueron mantenidos en cautiverio en diversos sitios y posteriormente liberados”.

El 13 de febrero empezará el juicio a cuatro acusados en la causa Orletti-Bacacay-Pomar. Serán juzgados César Estanislao Albarracín, ex agente civil de inteligencia del Ejército; Rubén Héctor Escobar y Patricio Miguel Finnen, ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y Julio Cesar Casanova Ferro, personal inorgánico de la SIDE, por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en 88 casos, y dos hechos de sustracción, retención y ocultamiento de una persona menor de diez años cometidos en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Pomar.

Además, se anunció para el 23 de febrero el inicio en La Plata del juicio por la causa CNU 2 en el que serán juzgados Carlos “Indio” Castillo, Juan José Pomares y Agustín Antonio de Jesús, y se espera que el 23 de abril en la misma ciudad se dé inicio al juicio a Emilio Parodi, ex gerente de Molinos Río de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos a tres trabajadores.

En Tucumán se fijó fecha para el 11 de marzo en el juicio por la causa La Fronterita por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. Serán juzgados Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa al momento de los hechos, y Eduardo Buroti, quien integraba el directorio del ingenio.

Ya finalizada la feria judicial van a continuar los juicios en la Ciudad de Buenos Aires por la causa ESMA, en Mar del Plata por la Subzona 15-3, en Mendoza por el Departamento de Informaciones D-2, en La Plata por las causas 1 y 60, Comisaría 8° y Comisaría 5°, en San Martín por la causa Mansión Seré 4 y en San Nicolás por Saint Amant 4.

Así viene por ahora la agenda para 2026. Hay que señalar que el 2025 finalizó con un aumento notable de absoluciones en el contexto del desmantelamiento de políticas de Estado por parte del gobierno de Milei y Villarruel.

Quedan pocos genocidas en cárcel común

Actualmente hay más de 1.500 personas investigadas o condenadas por delitos de lesa humanidad que están libres y otras 515 están detenidas, ya sea acusadas o condenadas. De ellas, más del 84% tiene el beneficio del arresto domiciliario y solamente en el 45% tiene un dispositivo electrónico como mecanismo de control de la prisión domiciliaria.

El 4% (19 personas) de los detenidos están en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o provinciales, mientras que el 12% (62 personas) en la Unidad Penitenciaria N° 34 situada en la guarnición militar de Campo de Mayo, cuyas condiciones, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, “impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país” por “el rol del Ejército en su administración”.

Con respecto a los delitos sexuales, recién en 2010 se dictó una condena en la que la violencia sexual fue reconocida como delito autónomo. La Procuraduría señala en su informe 2025 que 59 de las 357 sentencias dictadas desde 2006 contemplan delitos relacionados con la violencia sexual por hechos en los que fueron damnificadas 264 víctimas (224 mujeres y 40 varones). El 12% de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad (170) fue sancionada por la comisión de esta especie de delito, mientras que 35 resultaron absueltas.

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