La segunda lluvia desde el comienzo de los incendios trajo alivio a la comunidad de Epuyén y permitió que los brigadistas cortaran sus tareas un poco más temprano. Aunque los incendios no cesan con diez milímetros de agua de lluvia, generan mejores condiciones de trabajo. Los bomberos y brigadistas que trabajan en la zona intentaron -en esa ventana de trabajo habilitada por las lluvias- cerrar la cabeza del incendio. Y lo lograron. 

De acá en más, la tarea será de prevención: recorrer ese enorme espacio, caminar kilómetros con herramientas pesadas, chequear zonas de mayor temperatura, puntos calientes, encontrar árboles prendidos cerca del perímetro del incendio y voltearlos, mojarlos si tienen agua o hacer pozos y taparlos, trabajar en nuevas líneas de fuego, trazar caminos que corten la continuidad de la vegetación. 

No pueden bajar la guardia porque el riesgo es altísimo: hay sectores donde la actividad persiste y, aunque todo parece bajo control, cualquier cambio meteorológico podría levantar columnas de fuego en cuestión de horas. 

“Venimos cansados y la tarea de prevenir nuevos focos es bastante monótona, hay que recorrer durante muchos días seguidos y el cansancio se empieza a notar cada vez más, porque la adrenalina ya no juega como un factor, nos empezamos a ‘relajar’, y aunque quizás las condiciones de laburo son mejores hay que caminar, barrer, y seguir y seguir”, dice Hernán Ñanco en diálogo con 4Palabras. 

Se paran en un punto alto, observan una columna de humo, deciden ir, caminan: si es una isla de vegetación que quedó encendida, no presenta un peligro, pero si está cerca del borde y de vegetación que no fue alcanzada por el fuego, entonces hay que seguir trabajando.

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El protocolo establece que, ante una alerta, la responsabilidad primaria es de la provincia. Si el fuego desborda su capacidad, interviene el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) con brigadistas, medios aéreos y apoyo técnico. “En Chubut nos conocemos todos y sabemos trabajar la zona porque vivimos acá”, explica Ñanco, que resalta el conocimiento que da la territorialidad. 

La presión cambia según el escenario. En incendios consolidados y alejados, las jornadas de 12 horas permiten cierta planificación. El caos real surge en la interfase: donde el bosque toca las casas. En lugares como Puerto Patriada, el flujo de gente es constante y la desesperación complica las condiciones de trabajo. Allí, las jornadas se estiran hasta las 18 horas. “La presión es muy alta y la cantidad de horas que tenés que trabajar también, porque no podés cortar cuando se te siguen quemando casas”, asegura. Las jornadas se extienden hasta 18 horas o más. 

“El cansancio se va acumulando y en algún punto algo que se quiebra y que casi no lo sentís, y que sí lo vas a sentir cuando bajes de nuevo, cuando tenés un día libre vas a pasarte todo el día durmiendo, pero es algo que es lo que estamos acostumbrados a hacer, así que es como que vas entendiendo un poco cómo funciona tu cuerpo”, cuenta.

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Las demandas de los combatientes son históricas. Hasta el 2021 figuraban legalmente como administrativos. Ese año ingresaron en un convenio colectivo que los reconocía fehacientemente como trabajadores en incendios forestales. Pero ese convenio se queda “muy corto” en cuanto a la cantidad de roles asignados; y nunca se reparó la deuda histórica de otorgar jubilaciones dignas. Sobre ese punto Ñanco advierte que esa es la gran deuda del Estado: reconocer a los que pusieron en el cuerpo durante décadas al servicio del combate contra el fuego.

“Me parte el alma ver a compañeros viejos con las rodillas y las cervicales arruinadas, con tos crónica, todavía en la línea de fuego. No podés tener a alguien de más de 25 años de servicio caminando la línea”, dice y agrega otro dato clave: se jubilan con la mínima “después de haber dado toda una vida a esto que podés romantizar y decir que somos héroes, pero en realidad somos trabajadores totalmente precarizados”. 

Un combatiente inicial está cobrando entre 800 y 900 mil pesos, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Es una carrera que tampoco les permite desarrollarse. Una persona a cargo de una brigada de alrededor de 120 personas, de camiones, de patrimonio del Estado, y de dirigir o coordinar los desplazamientos de la gente, de rendir cajas chicas, está cobrando cerca de 1.800.000 pesos. “Eso es lo más alto a lo que podés aspirar, aún con casi tres décadas de antigüedad”, advierte. 

Ñanco denuncia que esos dos motivos inciden en que cada vez más brigadistas abandonen sus puestos. La alternativa, el pluriempleo. “Es casi como un voluntario, porque todo el mundo tiene otro trabajo y lo peor es que debe ser un oficio, porque si trabajás en relación de dependencia y de repente te tenés que ir diez días seguidos obviamente te van a echar”, cuenta. La mayoría corta el pasto, maneja remises, trabaja con madera, algunos son gasistas.

La doble cara de la precarización es la falta de tiempo para profesionalizarse. “En mi caso tengo la posibilidad de recibir becas y puedo desarrollarme un poco más, además de que soy joven y que puedo comer arroz todo el mes para irme a Chile, por ejemplo, a aprender, porque lo pago yo, porque puedo dormir en el auto, pero la mayoría de los chicos están cansados”, dice. Esa falta de capacitación afecta la calidad del servicio: no hay tiempo, ni dinero, ni inversión desde ninguno de los estados.

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