Juicios a genocidas: en 2025 aumentaron las absoluciones por delitos de lesa humanidad

A casi 50 años del golpe de Estado, la Argentina alcanza las 357 sentencias por delitos de lesa humanidad. El informe anual de la Procuraduría advierte sobre el alto porcentaje de procesados libres, el beneficio masivo de arrestos domiciliarios y el impacto del vaciamiento estatal en las causas.

Giselle Tepper

El nuevo informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que en 2025 se dictaron 19 sentencias. Así se alcanzó un total de 1.208 condenados por delitos de lesa humanidad en 357 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios en 2006.

El informe 2025 indica que hasta ahora llegaron a ser investigadas 3.875 personas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 1.565 están libres, ya sea esperando el juicio, transitándolo, con falta de confirmación de la condena, con la condena o los dos tercios cumplidos.

Corresponde aclarar que con posterioridad al cierre del informe, el 1º de diciembre último se conocieron cuatro sentencias más. Al ser contabilizadas, reflejan que este año los condenados por delitos de lesa humanidad fueron 74, mientras que los absueltos fueron 62. Una de las 23 sentencias de 2025 fue la que condenó a dos de los tres acusados por la Masacre del Pabellón Séptimo. Las demás se refirieron a delitos cometidos en centros clandestinos o en circuitos represivos del terrorismo de Estado.

Prisión domiciliaria: beneficio para más del 84% de los detenidos

Además de las personas que están libres, hay 515 detenidas acusadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales más del 84% (434) tiene el beneficio del arresto domiciliario. Solamente en el 45% de los casos se utiliza un dispositivo electrónico como mecanismo de control de la prisión domiciliaria. A su vez, el 83% de los condenados (348) cumple la detención bajo arresto domiciliario, porcentaje que asciende al 90% en el caso de los procesados (86).

El 4% (19 personas) de los detenidos están en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o provinciales, mientras que el 12% (62 personas) en la Unidad Penitenciaria N° 34 situada en la guarnición militar de Campo de Mayo, cuyas condiciones, según la Procuraduría, “impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país” por “el rol del Ejército en su administración”.

El informe también indica que el 81% de las personas detenidas tiene al menos una condena (419), mientras que el 19% restante están procesadas (96). Además, revela que se registran 33 prófugos: a 11 de ellos se les ha negado la extradición; uno está transitando ese proceso; tres están localizados, pero aún no extraditados; y con respecto a los otros 18 no se conoce su paradero.

Con respecto a los delitos sexuales, recién en 2010 se dictó una condena en la que la violencia sexual fue reconocida como delito autónomo. La Procuraduría señala en su informe que 59 de las 357 sentencias dictadas desde 2006 contemplan delitos relacionados con la violencia sexual por hechos en los que fueron damnificadas 264 víctimas (224 mujeres y 40 varones). El 12% de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad (170) fue sancionada por la comisión de esta especie de delito, mientras que 35 resultaron absueltas.

Este año los condenados por delitos de lesa humanidad fueron 74, mientras que los absueltos fueron 62. Una de las 23 sentencias de 2025 fue la que condenó a dos de los tres acusados por la Masacre del Pabellón Séptimo. Las demás se refirieron a delitos cometidos en centros clandestinos o en circuitos represivos del terrorismo de Estado.

Los tiempos del Poder Judicial

A diciembre de 2025, el promedio general de tiempo de tramitación de las causas que ya están firmes –-desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta la confirmación definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– es de 6 años y 2 meses, plazo que aumentó respecto del 2024, cuando se registró de promedio 5 años y 9 meses, según indica la Procuraduría. Agrega que el 52% (183 causas) de las 357 sentencias dictadas desde 2006 tiene alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que recibieron sentencia ante la Cámara Federal de Casación y la Corte.

Además, la Procuraduría estableció que el tiempo que transcurre entre la elevación a juicio y el veredicto es de 2 años y 8 meses en promedio; y que entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte es de 4 años y 2 meses.

Los juicios de 2026

Para el año que comienza hay tres debates previstos para después de la feria judicial. En la Ciudad de Buenos Aires (tribunales de Comodoro Py) se espera que el 11 de febrero inicie el juicio por la causa Operativo de la calle Corro con seis acusados; y el 13 de febrero el de la causa Orletti-Bacacay-Pomar con cuatro acusados. En La Plata, el 23 de febrero comenzaría el juicio por la causa CNU 2 con tres acusados. Además, continuarán los juicios en curso en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, La Plata, San Martín y San Nicolás.

A casi 50 años del golpe genocida, el desmantelamiento de políticas de Estado de memoria, verdad y justicia aplicado por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel afecta a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. Con despidos masivos y el consecuente vaciamiento de áreas destinadas a funcionar como auxiliares de justicia, el impacto es evidente en el retiro del Estado de su lugar de querellante en las causas.

La reducción de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría, la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, el cierre de las áreas del Ministerio de Defensa que realizaban investigaciones, son algunos de los ejemplos. Todo esto tiene como contexto no sólo un negacionismo insistente, sino que se puede encontrar la apología misma de los crímenes, desconociendo consensos de nuestra democracia.

En 2026 llegaremos a los 20 años de la reapertura de los juicios, habilitada por el entonces presidente Néstor Kirchner al hacer política de Estado el juzgamiento a los responsables de los crímenes de la dictadura con un proceso de memoria, verdad y justicia histórico y reconocido a nivel mundial. Todavía persiste la impunidad para los partícipes civiles del terrorismo de Estado, falta identificar a muchos de los responsables, como también encontrar los cuerpos de las víctimas que fueron desaparecidas y a alrededor de 300 nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo que nacieron en cautiverio y siguen sin conocer su identidad. Las políticas de Estado son absolutamente necesarias para continuar y fortalecer este camino.

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