En un fallo de enorme trascendencia social y jurídica, la Justicia Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación inmediata e integral de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida representa un duro revés para la estrategia del Gobierno, que había intentado congelar la norma mediante un decreto, bajo el argumento de la falta de partidas presupuestarias específicas.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, declara la invalidez del artículo 2° del Decreto 681/2025. Con ese artículo, la Casa Rosada había suspendido de facto la ley sancionada originalmente en julio, una norma que el Congreso había ratificado incluso tras un intento de veto presidencial. La sentencia no solo restituye derechos vulnerados, sino que expone el intento del Ejecutivo de desoír la voluntad parlamentaria en un área de extrema sensibilidad.

El tribunal fue contundente al señalar que el Poder Ejecutivo violó el artículo 83 de la Constitución Nacional. Según el juzgado, el Gobierno no puede suspender mediante un decreto una ley que el Congreso ya ha convertido en obligatoria tras rechazar un veto con mayoría calificada. La sentencia sostiene que: “Nada impide al Estado cumplir con la ley y financiarla como ya hizo en otros casos”.

También desestimó los argumentos oficiales sobre el “riesgo fiscal”, calificándolos de falaces. El fallo recuerda que la propia Ley 27.793 faculta al Jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias. Subraya la contradicción del discurso oficial, señalando que el Gobierno ha realizado numerosas modificaciones presupuestarias para otras finalidades durante 2024 y 2025, lo que demuestra que la falta de fondos es una decisión política y no una imposibilidad fáctica.

El exdiputado Daniel Arroyo, autor de la ley, celebró el fallo como una victoria frente a la desatención estatal. Para el legislador, la decisión judicial es el primer paso para normalizar un sistema que se encuentra al borde del colapso: “Es un buen día. Va a cambiar la realidad de las personas con discapacidad y sus familias. Va a lograr que accedan a las prestaciones quienes hoy no están accediendo ni a medicamentos ni a traslados ni a terapias. También va a sostener la situación de los hogares, de las escuelas especiales. Claramente va a reordenar todo el tema de pensiones, que hoy nadie sabe cómo y de qué manera se accede a una pensión. Y va a lograr salir del maltrato”.