Durante la apertura de la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario, que intentó juntar a las grandes empresas mineras con más de 2500 pymes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dijo: “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: un win-win, acá tienen que ganar todos”. Pero la foto forzada del evento, de la que participaron también el jefe de gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo contrasta fuertemente con la realidad financiera y operativa que atraviesa el sector productivo nacional.

A confesión de partes, relevo de pruebas. En su discurso, la hermanísima presidencial aseguró que “desde el primer día de nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero” participando de ferias internacionales, ronda de negocios y encuentros con inversores alrededor del mundo porque “estoy convencida que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”.

Aunque un sector de las pymes tuviera la oportunidad de incorporarse a grandes cadenas de valor en minería e infraestructura, la realidad en el territorio es que el principal enemigo de las empresas sigue siendo la constante caída del consumo y un ahogo fiscal sin tregua.

El último Informe de Coyuntura PyME Industrial correspondiente al tercer trimestre de 2026 expone un escenario de creciente tensión financiera, donde una de cada siete industrias pyme enfrenta embargos por deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La celeridad de las medidas judiciales está generando un fuerte malestar en el sector. Para el 70% de las empresas embargadas, la notificación llegó en un plazo inferior a los 30 días posteriores al vencimiento de sus obligaciones corrientes, tales como IVA, Ganancias y aportes, o bien tras la caída de planes de facilidades de pago. Esta embestida fiscal –que atenta contra uno de los recursos que tienen las pymes para financiarse en un momento de fragilidad extrema– ocurre en un contexto de ruptura en la cadena de pagos, donde la mitad de las industrias cobra hasta con diez días de retraso con respecto al año anterior.