Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno nacional redujo de forma progresiva los dos principales instrumentos públicos de acceso gratuito a medicamentos: el programa Remediar y la cobertura prestacional del PAMI. Pero uno de los golpes más determinantes llegó este mes con la restricción del listado nacional de fármacos esenciales de 128 a solo seis principios activos y con recortes presupuestarios que, según advierte un informe conjunto elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Persones Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), trasladaron el costo sanitario a las familias vulnerables y las administraciones provinciales.

Creado en 2002 para proveer botiquines con medicamentos esenciales de forma directa a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el programa Remediar llegó a abastecer a unos 8.100 establecimientos y a cubrir a 19 millones de personas. Sin embargo, el informe detalla que el 15 de octubre de 2026 el Ministerio de Salud publicó la resolución que derogó el listado anterior de 128 medicamentos y lo redujo a una nómina de apenas seis principios activos vinculados exclusivamente a patologías cardiovasculares: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

Con esta modificación quedaron fuera del sistema público de distribución medicamentos esenciales como la metformina para la diabetes tipo 2 (que afecta al 12,7% de los adultos), la levotirofina para el hipotiroidismo, el salbutamol para el asma y la EPOC, antibióticos de uso masivo e infantil como la amoxicilina, la cefalexina, el fluconazol, la loratadina, suplementos de hierro y ácido fólico para embarazadas y diversos anticonceptivos.

Se trató de un ajuste por etapas, porque la resolución de octubre fue el último paso de un proceso iniciado en 2024. Ese año, los botiquines que se distribuían tenían unos 75 productos; en el primer semestre de 2026 bajaron a unos 30 y, desde julio, a 22 o 23. En el mismo lapso, se produjo una reducción brutal en la cantidad de centros abastecidos: de 8.100 a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026. También los tratamientos provistos cayeron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, es decir, un 62% menos. De esta manera, el presupuesto del programa para 2026 ($36.054 millones) es un 72% inferior, en términos reales, al ejecutado en 2023.

Ante la interrupción de los envíos nacionales, fueron las provincias las que debieron asumir la compra de insumos con disparidad fiscal –como Santa Fe, que destinó $17.675 millones a adquirir 195 productos, o Misiones, que estimó necesitar $800 millones–, lo que profundiza la desigualdad geográfica en el acceso a la salud.

En paralelo, el PAMI –la obra social que asiste a más de 5,3 millones de personas mayores– redujo su vademécum de casi 3.000 a unos 2.000 medicamentos. También se achicó el número de fármacos gratuitos por afiliado, se excluyeron decenas de moléculas y se endurecieron los requisitos para acceder a la cobertura total del 100%. Ahora se limita a quienes perciben menos de 1,5 haberes mínimos ($653.623 a octubre de 2026), no poseen medicina prepaga y cumplen estrictas restricciones patrimoniales sobre inmuebles y vehículos.

¿Quiénes se perjudican con la motosierra sobre el acceso al derecho a la salud? En primer lugar, las personas sin obra social ni prepaga (más del 44% de la población) que se atienden en los centros de salud del primer nivel. También los niños y niñas, para quienes desaparecen antibióticos como la amoxicilina y las presentaciones pediátricas; las embarazadas, que pierden el acceso gratuito a suplementos de hierro y tratamientos asociados. Y las personas con enfermedades crónicas –diabetes, hipotiroidismo, asma y EPOC– ven interrumpida la continuidad de sus tratamientos. 

Pero no son los únicos. A la lista deben sumarse las mujeres que accedían de manera gratuita a anticonceptivos farmacológicos en los centros de salud; las personas con infecciones agudas, que deberán pagar los antibióticos o antimicóticos de su bolsillo. Y los hospitales de mayor complejidad, que recibirán más consultas por cuadros que antes se resolvían en el centro de salud. En líneas generales, todas las familias ven mes a mes cómo aumenta el gasto de bolsillo en medicamentos y tratamientos.

El estudio señala que entre noviembre de 2023 y octubre de 2026 los precios de venta al público de los remedios más consumidos por los jubilados aumentaron un 404%, mientras que los valores con cobertura de PAMI subieron un 638%. En el mismo período, la inflación general acumulada fue del 351% y la jubilación mínima con bono subió un 306%. Como resultado, el ahorro mensual de la gratuidad en medicamentos pasó a representar unos $138.500, equivalentes al 27% de un haber mínimo.

El informe alerta que la desprotección del estado nacional en el campo de la salud repercute “en el aumento de la mortalidad general y particularmente en la mortalidad en las personas mayores”. No se trata de una abstracción. Las víctimas letales son bien concretas. Entre 2023 y 2024, las muertes en personas mayores de 60 años aumentaron un 16% por neumonía e influenza, un 7% por diabetes y un 6% por patologías cardiovasculares. A su vez, la tasa de mortalidad por EPOC, que descendía anualmente, registró un incremento del 7,2% en 2024, alcanzando los 5.953 decesos. 

De acuerdo al CEPA, los casos de Remediar y PAMI comparten un patrón: el ajuste no se aplicó de una sola vez, sino en sucesivas etapas que fueron reduciendo la cantidad de medicamentos, los establecimientos o las personas beneficiarias alcanzadas, endureciendo requisitos y, finalmente, formalizando el recorte por norma. Esa gradualidad diluyó el impacto público de cada medida individual.

El documento también consigna que el ajuste general del sector se profundizó con la decisión administrativa 20/2026, que recortó más de $63.000 millones del presupuesto del Ministerio de Salud. Las partidas más afectadas incluyeron el programa de acceso a medicamentos (con una quita cercana a los 5.000 millones), evidenciando que el ajuste fiscal recayó fundamentalmente sobre los sectores de menores recursos. “El ahorro fiscal que se obtiene es acotado; el costo, en cambio, lo pagan las familias más vulnerables, las personas mayores y las provincias con menos recursos”, concluye el informe.

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