Tampoco la denuncia que realizó la legisladora rionegrina Magdalena Odarda sobre las actividades ilegales de la petrolera británica Harbour Energy –que opera de manera clandestina en tres provincias y que anteriormente había explorado petróleo en Malvinas sin autorización del Estado argentino– tuvo respaldo alguno del gobierno nacional ni del área específica: la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Milei, en 2024, declaró ante la BBC que “el reclamo de soberanía sobre el archipiélago es una negociación a largo plazo”, dejando abierta la posibilidad de la autodeterminación de los kelpers, “a quienes no se les puede imponer por la fuerza un estilo de vida”, algo que reclaman los habitantes implantados en las islas y que no corresponde conceder.

Y la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenó evitar ingresar al estadio en donde se enfrentaron Argentina y Gran Bretaña con banderas, carteles o mensajes alusivos a las Malvinas.

Hay más, mucho más que muestra el grado de improvisación, desconocimiento y falta de coherencia y de respeto por nuestros compromisos internacionales, lo que resta votos en Naciones Unidas para la causa de nuestras islas irredentas. Dejamos de contemplar a aliados muy valiosos, como los países africanos y centroamericanos, cuando votamos junto con EE.UU. e Israel de forma negativa la calificación de “crimen de lesa humanidad” a la esclavitud racializada y la trata de africanos. Esto resta posibles votos positivos para nuestro reclamo soberano, pero también coloca a la Argentina en el rango de violadora de derechos humanos básicos de millones de personas.

Hasta acá, algunos ejemplos de un gobierno que desde su comienzo jamás tuvo en cuenta seriamente ni livianamente a las Malvinas.

¿Qué hay detrás de este amor súbito por nuestras islas? Lo dijimos al comienzo: la necesidad de hablar de otras cosas que no sean la economía y el desastre social que conlleva un programa excluyente para la mayoría de la población, pero también la excusa para hacer pasar una reforma a la ley de seguridad que permita la represión de la protesta que ya, como venimos viendo, está en la calle y cada vez con mayor potencia, así como acallar las voces de la oposición y la prensa denunciante, todo ello aprovechando un sentimiento verdadero de la población sobre nuestro reclamo de soberanía sobre las islas.

Lo explicó bien el exministro de Defensa y actual diputado Agustín Rossi al declarar que el proyecto de defensa de soberanía del Ejecutivo “es una trampa porque en una ley ómnibus se introducen varios temas: pretenden incorporar al Consejo de Seguridad Nacional en el marco del aumento de penas para las empresas que realicen actividades económicas con permiso en las islas Malvinas. La ley de seguridad interior se ve vulnerada, y la de defensa nacional también, por autorizar a intervenir a las Fuerzas Armadas en situaciones “no convencionales”. 

La ley de derribos es, desde el punto de vista de Rossi, una “pena de muerte sin juicio previo”, y agrega: “La incorporación de un registro de terrorismo no era necesaria porque ya la tenían, pero ahora lo hacen por ley y hacen una ampliación discrecional de la designación de terrorismo, aplicándolo no solo a organizaciones, sino a actos, y eso es lo peligroso”. Y finalmente: “Hay un artículo que atenta contra la libertad de prensa porque, sin muchas especificaciones, dice que podrán ser sancionados aquellos que lleven adelante una campaña de desprestigio contra la nación argentina o una campaña contra el gobierno”.

Todo esto debería ser contemplado por los integrantes del Parlamento, porque, de votarse este proyecto tras la fachada de la defensa de la soberanía nacional, nuestros legisladores estarán abriendo la puerta para que el presidente, que gobierna como si el Congreso y el Poder Judicial no existieran, tenga una cuota más de poder para seguir debilitando a la democracia y transformar a la Argentina en una autocracia.

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