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Denuncian persecución contra la jueza que suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

Denuncian persecución contra jueza que suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Asociación Argentina de Juristas alertó por una campaña de hostigamiento contra la jueza Marta Pascual luego de que dispusiera la suspensión preventiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Advierten que se trata de un intento de "disciplinamiento" y recurrirán ante las Naciones Unidas.

Manuel Barrientos

Después de ordenar la suspensión por sesenta días de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Pascual sufre una “campaña de hostigamiento, presión política y persecución”. Así fue calificada por la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) en un comunicado en el que repudió los ataques a la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

De acuerdo a la AAJ, la jueza dictó una medida cautelar dentro de las facultades que le otorga su cargo y tuvo en cuenta “la ausencia de condiciones materiales

mínimas” para la implementación de la nueva ley. Pero, como consecuencia de su decisión, los legisladores de la Libertad Avanza y del bloque PRO impulsaron un juicio político en su contra; y, al mismo tiempo, sufrió una denuncia penal promovida por la asociación civil Usina de Justicia. También se puso en marcha una campaña de descalificación pública que se extendió a los trabajadores de su juzgado, según lo denunciaron la Asociación Judicial Bonaerense, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense y la Federación Judicial Argentina.

La Asociación de Juristas recordó que la Constitución Nacional consagra la división de poderes y garantiza la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, a la vez que establece un procedimiento específico –el juicio político o el jurado de enjuiciamiento, según el caso– como única vía admisible para revisar la conducta de un magistrado, con “expresa exclusión de toda forma de presión política, mediática o judicial paralela sobre el contenido de sus decisiones jurisdiccionales”.

“El sometimiento de una jueza a una campaña de hostigamiento, a la amenaza de juicio político y a una denuncia penal por el contenido de una resolución jurisdiccional constituye una vulneración manifiesta a la independencia judicial y un mecanismo de disciplinamiento incompatible con el estado democrático y social de derecho”, sostuvieron desde la Asociación Argentina de Juristas.

La organización remarcó que ningún legislador ni grupo civil puede pretender meter en la cárcel o echar a un juez solo porque no le gusta cómo resolvió una causa. Recordaron además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU prohíben de forma explícita usar las denuncias penales como un “mecanismo de represalia” contra las decisiones de los jueces.

“El sometimiento de una jueza a una campaña de hostigamiento, a la amenaza de juicio político y a una denuncia penal por el contenido de una resolución jurisdiccional constituye una vulneración manifiesta a la independencia judicial y un mecanismo de disciplinamiento incompatible con el Estado Democrático”, sostiene el comunicado.

El fallo de Pascual apuntó a resolver una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentado por representantes de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. A ese planteo habían adherido 14 defensores departamentales bonaerenses.

Ante esta situación desde la AAJ expresaron su repudio a los ataques, el hostigamiento y las amenazas contra la jueza Marta Elba Pascual y contra el personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

También exigieron el “cese inmediato de toda forma de presión” sobre la magistrada y su equipo de trabajo, y la adopción de las medidas de seguridad necesarias.

Al mismo tiempo, exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la Procuración General y a las autoridades competentes a garantizar activamente la independencia judicial frente a estas presiones.

Finalmente, la Asociación Argentina de Juristas anticipó que se dirigirá “ante los mecanismos de Naciones Unidas para la protección de la independencia judicial, a fin de poner estos hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes”.

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