Mientras el Congreso discute cómo blindar al Banco Central frente al Tesoro, corre en paralelo una discusión que probablemente le importe más al ciudadano de a pie, la del crédito a la medida de la actividad. La morosidad de las familias trepó a 12,7% de la cartera en junio, se multiplicó por más de cinco en año y medio, y dejó a cerca de 6 millones de personas fuera del sistema de crédito formal. Entre los préstamos otorgados por entidades no bancarias, la mora a familias ya ronda el 33%. El Gobierno, rechazó intervenir de forma directa: «no hay que confundir la empatía con las políticas públicas” argumentando riesgo moral y que se trata de «una cuestión entre privados». En el Congreso, mientras tanto, hay más de 30 proyectos de ley cajoneados sobre el tema. Entre los más recientes, la senadora nacional Sandra Mendoza (Convicción Federal) presentó en agosto un proyecto para dar herramientas de asistencia a familias sobreendeudadas, y en Diputados un grupo de Unión por la Patria impulsa un tope a las tasas de tarjetas de crédito, 25% sobre TAMAR para financiamientos de hasta dos Canastas Básicas Totales, junto con un régimen de refinanciación obligatoria.

Esto no es un tema aparte de la reforma del Central, es la otra cara de la misma moneda. La city puede mirar el riesgo país y el spread de los bonos; la mayoría de los argentinos mira la cuota de la tarjeta o si el banco le renueva o no un préstamo. Si la desinflación y la disciplina monetaria no se traducen, en algún momento, en una normalización del crédito privado, la ortodoxia corre el riesgo de perder sustento político mucho antes de terminar de construir la credibilidad financiera que necesita para sobrevivir.

A la falta de crédito para las familias y las Pymes se suma la otra cara de la caja apretada, la que enfrenta el propio Tesoro. La reforma llega en simultáneo con la negociación del Presupuesto 2027, que el propio Gobierno confirmó que se presentará el 15 de septiembre. Es decir: el Ejecutivo se está atando las manos frente al Central, renunciando explícitamente a la opción de adelantos transitorios como válvula de escape, exactamente en el momento en que necesita mostrar solvencia fiscal sin margen de error, con reservas que ya están comprometidas para sostener el tipo de cambio y con un mercado que no le regala tasa.

Quitarle al Central la capacidad de financiar al Tesoro tiene sentido en un país con siete décadas de indisciplina monetaria, pero también elimina la única herramienta de emergencia disponible ante un shock de recaudación, un escenario tipo pandemia, una crisis de crédito privado, una caída abrupta de la actividad. Y ese escenario ya no es hipotético: el músculo recaudatorio está débil ahora, porque la actividad que tracciona empleo no arranca y el crédito para esos sectores sigue cerrado. 

La recaudación acumula una caída real cercana al 4% en los primeros siete meses del año. El IVA, el impuesto que mejor refleja el pulso del consumo interno, apenas empató o perdió contra una inflación de 33,5% en julio según la medición que se tome, en cualquier caso, es de un mercado interno que no repunta, algo consistente con una actividad económica (EMAE) que en el acumulado interanual todavía muestra una suba de 1,7% hasta mayo, pero que perdió impulso: mayo fue la segunda caída mensual desestacionalizada consecutiva (-0,5% contra abril), y detrás del promedio hay una brecha sectorial marcada. Mientras minería, energía y agro traccionan al alza, la industria (-5,6% interanual) y el comercio (-4,3%) siguen cayendo: los sectores más intensivos en mano de obra y, no casualmente, los más golpeados por la restricción de crédito.

El Tesoro va a discutir el Presupuesto 2027 con una base imponible que todavía no muestra un motor genuino de crecimiento, y sin la posibilidad de pedirle una transferencia de emergencia al Central. Queda el mercado voluntario como la tercera vía de financiamiento, con el riesgo país subiendo pese al blindaje institucional. La transición hacia una recuperación y luego crecimiento más homogénea de la actividad económica no parece estar exenta de sobresaltos.

La reforma de la Carta Orgánica es, en el diseño, un paso correcto, reduce el espacio de discrecionalidad monetaria que históricamente terminó en emisión y en inflación. Pero, la ortodoxia monetaria, sin margen fiscal y sin crédito que llegue a las familias y a las pymes, tiene un costo político que todavía no está saldado. La pregunta que deja abierta esta reforma es si el Tesoro y el sistema financiero van a poder sostener, sin esa válvula, una transición que hoy castiga a quien menos margen tiene para esperar resultados.

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